La Defensoría del Pueblo de Santa Fe, al frente de Jorge Henn, pidió mediante un oficio que el Ministerio de Educación de la provincia brinde información sobre los controles que lleva adelante para evitar aumentos desmedidos en las cuotas de escuelas privadas, ya que algunas familias denunciaron aumentos que llegarían al 200%.
El organismo que conduce Henn envió un oficio al director provincial de Educación Privada, Rodolfo Fabucci, mediante el cual le solicitó informes sobre las medidas implementadas para fiscalizar y controlar los incrementos aplicados a las cuotas. Además, pidió saber si los aumentos “responden al criterio de legalidad y legitimidad y si se respetan y observan los derechos económicos de las familias santafesinas, tanto como el contexto inflacionario vigente”.
En diálogo con Conclusión, Henn indicó: “Lo que tratamos de recalcar es que hay una responsabilidad indelegable del Ministerio de Educación de fiscalizar a los establecimientos educativos privados de la provincia de Santa Fe. Esto tiene que ver con la regulación de las cuotas, porque los establecimientos privados tienen que informar sobre los aranceles que cobran”.
Al respecto, indicó que la “Ley 6427 establece determinados niveles de sanciones cuando se incumplen algunas de estas normas”, y mencionó a una disposición del año 2003 que determina “topes máximos permitidos en términos de cuotas y de aranceles”.
“Esos topes tienen que actualizarse y publicarse de manera regular en las páginas oficiales. Al día de hoy, los topes son al mes de mayo, cuando ha habido discusiones paritarias posteriores. Otro tema es todo lo que es extra arancelario, como lo relacionados con servicios de comedor o librería, que es una razón por la cual los colegios alegan la facultad de aumentar. En realidad, cualquier componente debe garantizar que no se afecte el derecho a la educación del alumno que no quiera adherir al acuerdo”, detalló Henn.
Y agregó: “En el oficio hacemos hincapié en que más allá de los reclamos o situaciones particulares sobre los aumentos de las cuotas, son los inspectores del Ministerio de Educación los que deben detectar los excesos. Por eso le pedimos que garantice un control permanente de los establecimientos de enseñanza privada en lo que refiere a lo arancelario”.
En este sentido, el titular de la Defensoría del Pueblo indicó que en las escuelas privadas “ha habido aumentos por encima del espiral inflacionario que hoy está afectando al país” y que los principales reclamos se dieron en instituciones de la ciudad de Santa Fe.
“El problema no está relacionado con los padres, que son los que la Defensoría tiene que contener y representar, ni con los colegios. Cuando no hay un ejercicio de la responsabilidad de fiscalizar los aranceles se produce esta consecuencia, que además es mala para las escuelas, que podrán decir que los aranceles se autorizaron y ahora tienen que retroceder. Si uno hoy googlea, va a parecer que el Ministerio de Educación intercedió ante reclamos, pero entendemos que tiene una herramienta de robustez jurídica que lo obliga a asumir otro rol totalmente distinto al de mediar”, cerró Henn.
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