Por Florencia Vizzi
Una fuerte alarma se encendió en estas últimas semanas en los círculos de los profesionales de la salud que trabajan con personas discapacitadas, a partir de la media sanción obtenida en la Cámara de Senadores de Santa Fe de un proyecto de ley conocido como «Pulseras Azules», que dispone implementar el uso de las mismas , que además llevarán una inscripción en letras blancas, como instrumento de identificación de todas las personas que tengan Trastornos del Espectro Autista. El rechazo a esta medida no sólo se gesta en los Colegios de Psicólogos de la provincia, tanto del norte como del sur, y en los equipos interdisciplinarios de las escuelas especiales, sino también en el corazón mismo de un organismo del Ministerio de Salud santafesino como es la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad.
En diálogo con Conclusión, Nahuel Castillo, vicepresidente del Colegio de Psicólogos manifestó que, desde la institución, hay un rechazo generalizado en toda la provincia y por eso acaban de hacer público un comunicado de repudio.
«Nos enteramos de esta media sanción e inmediatamente empezamos a recibir comunicaciones, no solo de integrantes del colectivo de profesionales de la piscología en general y de la institución en particualar, sino de todo el campo de la salud mental y de los derechos humanos. Hay una preocupación generalizada porque se trata de una medida que, lejos de garantizar los derechos y el acceso a los cuidados y a la salud de estas de las personas, lo que hace es estigmatizar y reforzar los mecanismos discriminatorios. Ese es el punto más medular del rechazo«, explicó Nahuel Castillo.
El profesional apuntó también que además, este proyecto no respeta la normativa vigente de rango constitucional. «Por un lado, está la convención de los derechos de las personas con discapacidad, que es una convención de la Organización de las Naciones Unidas, que tiene rango constitucional desde el año 1994, y en la misma se plantea la cuestión de garantizar los derechos de la no discriminación de las personas y a su vez, el derecho a proteger la privacidad de la información personal y relativa a la salud de las personas con discapacidad. Y esta pulsera iría a contrapelo de estas normas», remarcó Castillo.
El psicólogo, que también es integrante del movimiento de defensa de la Ley Nacional de Salud Mental, señaló además que «hay un contrapunto que es muy delicado y que tiene que ver con cómo se entiende un diagnóstico en salud mental». «Porque finalmente a una persona que tiene cierto padecimiento subjetivo se la termina tratando como si esa afección fuera parte de su identidad o constituyera su identidad per se. Se habla de que «es autista», cuando en términos científicos se trata de una persona que, además, tiene un padecimiento tal o cual,», explicó.
En ese sentido remarcó que «este tipo de pulseras o mecanismos de identificación, lo que hace es reforzar esa idea, de que hay personas que son de determinada manera. Y lo más preocupante es que, en determinados momentos del desarrollo subjetivo, puede ser muy peligroso y genera, de hecho, consecuencias gravísimas. Porque en estos momentos los niños son los más afectados por diagnósticos prematuros donde se les pone una etiqueta en virtud de tal o cual problemática, o de algunos síntomas. Entonces, a un diagnóstico que es provisorio, sobre todo en los niños, que implica una situación muy particular que esta pasando ese niño, se le adosa un diagnóstico y, por ahí, ese chico que tiene 4 o 5 años y que está en proceso de cosntitución subjetiva, ya tendría una pulsera que es un mecanismo de señalización, con todo lo que implica eso en términos de discriminación y estigmatización».
En relación a ello, el profesional recordó que, con todos los beneficios que implicó la implementación del Certificado Nacional de Discapacidad, en el año 2004, con el impulso del Fondo Nacional de Discapacidad, que significó la inclusión para muchísimas personas que estaban abandonadas por el Estado y que les garantizó el acceso a derechos, también ese certificado implicó una sanción respecto de la existencia del ser de esa persona. «Entonces esto, que ya era problemático en su momento, pero que, de alguna manera, era algo íntimo y quedaba en el marco de las instituciones, imaginate ahora con esto de tener una puslera para que cualquiera identifique a estos niños y adolescentes».
Además, Castillo también remarcó que este proyecto también hace una vulneración de derechos, enmarcados en la Ley Nacional de sSalud Mental, que es el derecho de las personas a no ser identificado ni discriminado por un padecimientos de salud mental»
En tanto, desde la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad, también emitieron un comunicado de rechazo al proyecto y lo mismo hicieron profesionales de los equipos interdisciplinarios de escuelas especiales.
