Por Alejandro Maidana
En Argentina el 1% de los propietarios concentran más del 40% de las tierras productivas, un índice muy similar al de la provincia de Santa Fe, en donde 2.044 propietarios acaparan casi el 60% de las tierras. Esto quiere decir que, en una provincia en la que viven 3 millones y medio de personas, el 0,06% es dueño del 60% de las tierras. Cifras que explicitan la cruda realidad de una ruralidad que, en el desarraigo y los desplazamientos, vio transformada su vida gracias a un modelo garante concentrador de privilegios y amplificador del dolor.
El último Censo Nacional Agropecuario, arrojó que la soja ocupa una superficie de 12.734.371,7 hectáreas en 124.827 parcelas. La soja representa el 88% del total de la superficie implantada con oleaginosas. La provincia que ocupó mayor superficie fue Buenos Aires, con un total de 3.899.212,9 hectáreas, seguida por Córdoba con 3.476.388 hectáreas, y la provincia de Santa Fe, con 2.329.011,8 hectáreas. El segundo cultivo oleaginoso en importancia, en términos de hectáreas, es el girasol.
Como dato no menor, dentro del grupo de cereales, la superficie tratada con herbicidas fue de 9.773.728,1 hectáreas para el total del país, y en el caso de los fertilizantes, la superficie total tratada fue de 8.520.043,6 hectáreas. En menor medida, se registró un total de 3.320.545,1 hectáreas tratadas con insecticidas, y la superficie tratada con fungicidas presentó un total de 3.116.173,5 hectáreas para este grupo de cultivos. Los agrotóxicos como arietes de una producción contaminada que, a costillas del grito desesperado de los pueblos fumigados, sigue su curso desenfrenado.
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La Ley de Agricultura Familiar 27718 busca impulsar la producción agropecuaria para lograr la soberanía y seguridad alimentaria de la nación. Valorizar la agricultura familiar, reconocer las prácticas de vida y de producción de las comunidades originarias, y favorecer que las familias y jóvenes vivan en el campo.
La ley en su Art.1 declaró de “interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva”.
En el Art. 2 crea el “Régimen de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar” destinado al agricultor y a la agricultura familiar y empresas familiares agropecuarias que desarrollen actividad agropecuaria en el medio rural con la finalidad prioritaria de incrementar la productividad, seguridad y soberanía alimentaria y de valorizar y proteger al sujeto esencial de un sistema productivo ligado a la radicación de la familia en el ámbito rural, sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica.
Entre las principales problemáticas identificadas en la Argentina respecto de la Agricultura Familiar, se encuentran el acceso a la tierra, al agua, a los mercados, a la tecnología y el desarraigo de los jóvenes.
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La Ley 27.118 en su Art. 4 contempla estas problemática ya que busca “Afianzar la población que habita los territorios rurales en pos de la ocupación armónica del territorio, generando condiciones favorables para la radicación y permanencia de la familia y de los jóvenes en el campo, en materia de hábitat, ingresos y calidad de vida, equitativa e integrada con las áreas urbanas” y tiene como objetivo garantizar los derechos de acceso y a la gestión de la tierra, el agua y los recursos naturales en general, las semillas, el ganado y la biodiversidad que estén en manos de aquellos que producen los alimentos.
Otros aspectos destacados de la Ley son los objetivos de “eliminar las brechas y estereotipos de género, asegurando la igualdad de acceso entre varones y mujeres a los derechos y beneficios consagrados por la presente ley, adecuando las acciones concretas e implementando políticas específicas de reconocimiento a favor de las mujeres de la agricultura familiar” e “Implementar acciones específicas para los pueblos originarios y sus comunidades”.
Las voces de la agricultura familiar se alzan reafirmando el camino
Mónica Polidoro es la presidenta de AMRAF (Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federal), alguien que jamás claudicó en sus reivindicaciones ni bajó los brazos en una lucha que tiene a las mujeres, como faro para guiar el camino hacia un nuevo paradigma en materia de producción. En dialogo con Conclusión brindó detalles pormenorizados de lo que fue aquel primer documento consensuado entre distintas organizaciones, hasta desembocar en una ley que después de tanta lucha, pudo ser reglamentada. “Esto es fruto del esfuerzo de una lucha colectiva, con mucho ahínco por parte de las mujeres, más precisamente en estos tiempos, y como lo explicita la historia, primero surge el movimiento social y luego la ley que busca complacer los requerimientos del mismo. Con la ley 27718 sucedió algo similar, ya que la venimos militando hace mucho tiempo. Es necesario hacer un poco de historia en esto, ya que algunas organizaciones, como por ejemplo la nuestra, vivimos todo el proceso que se inició en 2006 en la provincia de Mendoza. En aquel momento con otras organizaciones hermanas estábamos agrupadas en la Federación Agraria, así fue como surgió un documento donde se establecía claramente que significaba la agricultura familiar, quién era el sujeto agrario, cabe destacar que con los primeros punteos de aquella ley se pudo visibilizar y poner en discusión a la agricultura familiar”.
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Allí surgieron una serie imprescindibles de preguntas que nos permitieron y permiten seguir transitando este camino resiliente y estoico entendiendo que somos la clave, que formamos parte de la solución a los problemas que atraviesa al pueblo argentino
El documento confeccionado fue muy importante, y en cada reunión de AMRAF se ponía en discusión, una especie de biblia para aquellas y aquellos que nacieron, crecieron, trabajaron y trabajan el campo desde la agricultura familiar. “Recuerdo una charla con Emilio Pérsico donde me consultó si le íbamos a poner un techo al productor, claramente haciendo referencia a la necesidad existente de que quién produce debe seguir creciendo. Allí surgieron una serie imprescindibles de preguntas que nos permitieron y permiten seguir transitando este camino resiliente y estoico entendiendo que somos la clave, que formamos parte de la solución a los problemas que atraviesa al pueblo argentino. Todas y todos los que participamos de aquel primer documento, y si bien ha sufrido algún tipo de modificaciones, nos enamoramos del mismo, ya que los debates, intercambios, experiencias y puntos de vista, nos ayudan a caminar hacia ese cambio de paradigma que pregonamos. En aquel momento habíamos hecho tres categorías, allí referenciábamos a la subsistencia, al mediano y hasta aquel que abrazara tres salarios mínimo, vital y móvil. Cabe destacar que después de la confección de este primer documento, nos atravesó el 2008, situación política que generó divisiones lógicas. Luego de sortear este movimiento telúrico, se habló de la necesidad de transformarlo en ley, se formó el Concejo de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, allí se comenzó a hablar sobre esta ley para que en el 2014 ya cargue con toda esta letra. Por supuesto que necesitábamos la reglamentación, en el 2015 nos juntamos con el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich, para insistir en la implementación, lucha que continuo y se hizo mucho más cuesta arriba bajo el gobierno de Macri, hasta que esta gestión nacional tomó la decisión política de reglamentarla”.
Quisiera destacar que para quienes venimos militando hace muchísimos años, la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar no hace otra cosa que ratificar que, con insistencia, organización y la manifestación en las calles, se puede torcer una realidad que parece inmodificable
Si bien los rumores de la reglamentación se hacían cada vez más fuerte, la incertidumbre máxima tenía su anclaje en el presupuesto, algo que indudablemente estaría en condiciones de transformar la ley en letra muerta. “Después de tanta incertidumbre, finalmente aparecieron estos 100 millones de dólares que llegan desde un crédito otorgado por el Banco Mundial, en lo particular no tengo idea lo que puede representar este número, no me imagino 100 millones de dólares, pero de lo que estoy segura es que ayudará mucho a darle inicio a este camino. Destaco el coraje de Alberto Fernández que se animó a reglamentar esta ley sin la aprobación del presupuesto, entendiendo la urgencia que atraviesa el sector. Por último, quisiera destacar que para quienes venimos militando hace muchísimos años, la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar no hace otra cosa que ratificar que, con insistencia, organización y la manifestación en las calles, se puede torcer una realidad que parece inmodificable. Este fue un día histórico, y lejos de quedarnos con los brazos cruzados, seguiremos con la lucha”.
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Jeremías Chauque es agricultor campesino de Desvío a la Raíz, un terruño santafesino que nació al calor de la semilla de la memoria y una ancestralidad que brota desde el suelo. Insistiendo hace largos años sobre la imperiosa necesidad de cambiar el rumbo productivo, Chauque brindó su opinión sobre la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar “¿Cuantos compañeros, compañeras , cuanto monte, cuanta medicina convertida en maleza, cuanto legado, herencia, cuanto suelo herido de muerte, cuanta infancia fumigada y derecho pisoteado costó para que dé una vez por todas, un estado narcodependiente de agrodolares que financia los parches para el desastre que el mismo modelo genera, confirme con hechos la única posibilidad de pensar y pensarnos en un futuro agrario, y en el refugio de la soberanía que pese a todo, aún habita en las manos y corazón de la agricultura campesina indígena?
El saqueo, los agrovenenos y la pobreza, les pertenece a los agronegocios de empresarios con campos
Preguntas que surgen una y otra vez desde las entrañas mismas de aquellos que resisten con el cuero, lo que dicta la agenda de un modelo productivo enemigo de la vida y del alimento que pueda aplacar tanto dolor ¿Por qué? ¿Es casual que el expediente administrativo que autorizo la entrada del modelo transgénico en 1996 y su respectiva batería de agrotóxicos, depredación social, cultural ambiental y productiva se haya aprobado por Felipe Sola en solo 81 días, y este reclamo histórico lleve largos años de escritorio en escritorio? Jeremías Chauque sostiene que hay algo que quedo claro en el anuncio del presidente, y esto tiene su anclaje en la referencia de que el campo son los y las que respetan, producen y defienden la Tierra. “El saqueo, los agrovenenos y la pobreza, les pertenece a los agronegocios de empresarios con campos. La tarea de justificar la contradicción de cómo pueden convivir políticas que por ejemplo financian el trigo transgénico HB4, y por el otro, políticas que reconocen el protagonismo que debe tener una familia campesina en el campo como guardiana de la soberanía, le pertenece al estado. Más allá del anuncio en términos productivistas y la respectiva reglamentación de la ley, los y las trabajadoras de la tierra, del monte, río, valles, estepa, sabemos que logramos dar un paso importante más en la cotidiana tarea de labrar futuro, derechos, dignidad y modelos productivos populares donde producción, ambiente, cultura y sociedad, sean la fortaleza y verdaderos sinónimos de soberanía”.
Esta ley pone en relieve el trabajo, más allá de la tenencia de la tierra que es importantísimo, consideramos fundamental que la tarea cotidiana de las y los agricultores, pueda ser reconocido por esta ley
Marcos Marini integra el Frente de Familias Productoras y del Trabajo Agrario de Berisso, consultado por Conclusión sobre la reglamentación de la ley de reparación histórica, sostuvo: “Sin dudas representa un enorme avance, si bien en algunas provincias ya se encontraba funcionando a través de distintos programas, es primordial que se pueda visibilizar la actividad que vienen llevando a cabo las y los productores. En este momento nos encontramos a la espera de que el RENAF (Registro Nacional de la Agricultura Familiar), que en su momento tenía una herramienta fundamental como era el monotributo social agropecuario, pueda poner a disposición nuevamente esto que resulta tan necesario. Esta ley pone en relieve el trabajo, más allá de la tenencia de la tierra que es importantísimo, consideramos fundamental que la tarea cotidiana de las y los agricultores, pueda ser reconocido por esta ley”.
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Es preciso recordar que la ley en uno de los artículos, prohíbe los juicios de desalojo por el término de 3 años, esto se ha actualizado y desconocemos si aún persiste, ya que los desalojos se siguen sucediendo
Lo mencionado por Marini tiene su correlato en la importancia de que quienes trabajan la tierra y producen alimentos, puedan contar con aportes jubilatorios y obra social. “Por otro lado genera esperanzas que ese banco de tierras pueda ponerse en funcionamiento, entendiendo que esto debe estar acompañado por distintos programas, de un plan de colonización que signifique una real vuelta al campo. Se que hay áreas del ministerio que están trabajando en esto, pero lamentablemente hoy se impone el desfinanciamiento, esperemos que a través de esta ley el destino sea otro. Es preciso recordar que la ley en uno de los artículos, prohíbe los juicios de desalojo por el término de 3 años, esto se ha actualizado y desconocemos si aún persiste, ya que los desalojos se siguen sucediendo. Necesitamos que el estado brinde las herramientas necesarias para poner esas escrituras en orden para así poder garantizar el trabajo de las familias agricultoras”.
Sobre la importancia de la existencia de esta ley, podemos decir que inexorablemente la agricultura familiar necesita del estado, del otro lado ya sabemos de la existencia de corporaciones, de empresas y grupos económicos, mientras que la agricultura familiar de no mediar el estado a través de leyes y programas, seguirá desapareciendo
La reglamentación de la ley 27718 es un paso fundamental en la discusión sobre que modelo productivo necesita un país con un deshumanizante índice de pobreza, y que no puede garantizar un plato de comida en todas las mesas. “Esta ley desde mi interpretación en cuanto a los desalojos, es menester que los mismos no recaigan las decisiones en la interpretación de un juez amigo. Es imprescindible que, con la reglamentación de la ley, no pueden existir libres interpretaciones. Sobre la importancia de la existencia de esta ley, podemos decir que inexorablemente la agricultura familiar necesita del estado, del otro lado ya sabemos de la existencia de corporaciones, de empresas y grupos económicos, mientras que la agricultura familiar de no mediar el estado a través de leyes y programas, seguirá desapareciendo. Para finalizar quisiera agregar que estamos hablando de agricultura familiar, campesina e indígena, por ende, hablamos de ancestralidad, algo que en nuestro país no se ha discutido. Si bien han existido avances en la discusión de los derechos de los pueblos originarios, no ha existido aun la discusión sobre la ancestralidad de los pueblos, no se reconoce el derecho sobre los territorios en donde trabajan”.
