Mediante la obligación de respetar una zona de exclusión de 1000 metros para aplicaciones terrestresy 6000 metros en aéreas, en puntos de referencia que comprenden huertas, centros apícolas y pozos de agua, entre otros, restringieron el uso del herbicida 2,4D en la provincia de Santa Fe.
Desde el año 2001 regía en el territorio provincial santafesino una prohibición para aplicar –tanto de manera aérea como terrestre– el herbicida 2,4D en su formulación «éster isobutílico» durante el período comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de marzo en los departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado y San Javier».
La situación cambió ya que ahora a través de la resolución 135/15, las autoridades del Ministerio de la Producción de Santa Fe prohibieron la aplicación en todo el territorio provincial de 2,4D en su formulación éster isobutílico.
En tanto, la norma señala que se prohíbe la aplicación aérea de 2,4D en su formulación sal dimetil amina (menos volátil) «dentro del radio de 6000 metros de las plantas urbanas, asentamientos poblacionales, escuelas rurales, huertas, centros apícolas, ríos, arroyos, lagunas, cursos y espejos de agua, como
así de pozos de extracción de agua para consumo humano, sin excepción».
La medida sostiene en sus fundamentos que «está comprobado científicamente que la exposición crónica al 2,4D en cualquiera de sus formulaciones ha provocado alteraciones en la reproducción y desarrollo de animales de laboratorio».
También se recuerda que el uso de formulaciones éster isobutílico de 2,4 D está prohibido o restringido, con ciertas excepciones, en las provincias de Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos y en los departamentos Capital, Totoral y Río Primero de Córdoba.
Mientras que las aplicaciones aéreas están totalmente prohibidas para cualquier formulación en Chaco, Entre Ríos y en los departamentos Capital, Colón, Totoral y Río Primero de la provincia de Córdoba.
La resolución 135/15 manifiesta que en el territorio provincial santafesino «existen 36 localidades que cuentan con ordenanzas municipales/comunales que restringen o prohíben el uso del herbicida 2,4D formulado como éster isobutílico».
«El Plan Estratégico Provincial incluye entre sus Proyectos el de Control del Uso de Productos Fitosanitarios a través de acciones concertadas entre actores estatales y la sociedad civil para una sustentabilidad de los sistemas productivos que no genere impactos indeseados en la calidad ambiental y en la salud de las
poblaciones», añaden los considerandos.
Si bien hubo una respuesta, a distintos cuestionamientos de parte de ONG, que bregan por el cuidado hambiental y humano se habían manifestado en contra de la utilizacion de este producto, no menos cierto es que la provincia tuvo un fallo adverso por permitir el uso de otro herbicida como lo es el glifosato.
La sala II de la Cámara Civil y Comercial de Santa Fe confirmó un fallo de primera instancia que había ordenado la prohibición de fumigar con agroquímicos un grupo de campos ubicados en la ciudad de San Jorge. La causa se había iniciado por una acción de amparo presentada el 16 de marzo de 2009, donde se solicitó que se prohíba volver a utilizar agroquímicos en dos campos del “Barrio Urquiza”.
En diálogo con Conclusión, el secretario de Agricultura de la provincia de Santa Fe , Luis Contigiani, consideró que el glifosato «es un producto banda verde en la provincia, regulado por la ley de productos fitosanitarios. Y capacitando bien a operarios, se evitan los peligros del mal uso, y es claramente integrable al sistema productivo».
Para Contigiani, «es clave que municipio y comunas, se propongan concertar con los productores y la población siempre con precauciones para que el uso no perjudique la salud, porque no es un herbicida letal. Insistimos que tiene que ser abordado con el mayor de los cuidados posibles con receta de ingenieros agronómos. Y propender por una buena capacitación para atenuar los efectos de la mala administración del químico cuestionado», consideró el funcionario.
La medida sobre la restricción del herbicida 2,4 D se tomó luego de que en abril de 2014, las ONGs Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) y Conciencia Solidaria presentaran un reclamo administrativo.
