Por Alejandro Maidana
El impacto a la salud que genera la agricultura industrial extractivista es insoslayable. Lo que se barre bajo la alfombra a lo largo de su avasallante recorrido, ha quedado expuesto de sobremanera en cada informe científico, que busca seguir aportando claridad a un debate que debería estar perimido.
Si algo caracteriza al agronegocio, es la perversidad e impunidad con la que se manifiesta el mismo. El camino que transitan los pueblos fumigados, desarraigados y acorralados por el desierto verde del monocultivo, tiene íntima relación con la desmemoria a la que han sido empujados.
Es por ello, que la naturalización de las prácticas nocivas que impulsa el <campo>, el que produce commodities pero no alimento, representa una poderosa atadura para quienes deben compartir sus días con aquellos que están dispuestos a todo, con tal de seguir abrazando un negocio por demás de redituable. Vale aclarar que es tan solo un alambrado, lo que los separa de una desprejuiciada pesadilla.
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Tandil es una de las ciudades más fumigadas del país, su medula agrícola empuja a una dependencia imposible de evitar. En ese marco, y por las sostenidas denuncias sobre fumigaciones realizadas por un grupo de vecinos organizados, se llevó a cabo un estudio concretado por un grupo de investigación liderado por la profesora de Ciencias Exactas Graciela Canziani, una de las desarrolladoras del informe presentado a través de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN). El mismo arrojó la existencia de 16 tipos de sustancias peligrosas para la salud humana en 15 escuelas rurales del partido
Pruebas contundentes y el avance de la justicia federal
La citación es concreta para los cuatro productores agropecuarios del Partido de Tandil que estarían involucrados en la contravención, se les atribuye la autoría del delito de contaminación del ambiente en general y de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados como peligrosos (Anexo I categoría Y4 y Anexo II, 9 H12, ambos de la Ley 24.051) aplicados a una distancia prohibida, menor a 150 metros de los establecimientos educativos (escuelas rurales) o de la vía pública.
Quién patrocina a BIOS Argentina (Nodo Tandil), organización que impulsó la denuncia federal, es el abogado Fabián Maggi, especialista en Derecho Ambiental. “El llamado a indagatoria por parte del juzgado federal de Azul, obedece a una investigación penal en la que se trata de establecer los motivos del porque las escuelas rurales de la localidad de Tandil presentan elevados índices de agroquímicos en los pozos de agua y en los patios de las escuelas”, le dijo a Conclusión.
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Han infringido la ordenanza pública del lugar que prohíbe las fumigaciones con agroquímicos a menos de 150 metros de estos sitios
Durante varios meses de investigación penal en la que intervino la división de delitos ambientales, extrajo muestras de los sitios denunciados, enviando los mismos a los laboratorios del INTA Balcarce. “Aquí nuevamente, y dentro del marco de la investigación penal y por fuera del trabajo de extensión universitaria, se volvió a acreditar la presencia de agroquímicos en distintos sectores involucrados en la siembra directa con agroinsumos químicos. Por ese motivo el fiscal solicitó la indagatoria, y el juez federal de Azul hizo lugar citando para el mes de abril a un grupo de personas sospechadas de asperjar mediante la actividad agrícola que realizan, sustancias peligrosas en el ambiente en inmediaciones de las escuelas y de la vía pública. Han infringido la ordenanza pública del lugar que prohíbe las fumigaciones con agroquímicos a menos de 150 metros de estos sitios”.
Esta decisión judicial refuerza a otras acciones como por ejemplo el amparo ambiental donde el magistrado en primera instancia condenó a la empresa Atanor
Este llamado a indagatoria que era largamente esperado pro las organizaciones civiles que vienen denunciando desde hace tiempo estas actividades ilegales, fue recibido lógicamente con beneplácito, ya que era algo sumamente necesario que desde lo penal se le pusiera el ojo a este tipo de actividades tan dañinas para la salud y el ambiente. “Esta decisión judicial refuerza a otras acciones como por ejemplo el amparo ambiental donde el magistrado en primera instancia condenó a la empresa Atanor, la tercera productora mundial de resinas, obligando a la misma a llevar adelante una serie de recomposiciones, remediaciones y prohibiciones a raíz de haber acreditado la actividad ilegal que esa empresa desplegaba a orillas del río Paraná”.
La figura de la investigadora Graciela Canziani y el rol de BIOS Argentina
La causa penal tiene prácticamente tres años, y está originado en un informe de plaguicidas, de agroquímicos biocidas en las escuelas de Tandil. Allí tanto la figura de Graciela Canziani, que es quién lideró la investigación, y la de la Asociación Civil por un Ambiente Sano (BIOS Argentina), fueron fundamentales a la hora de impulsar con argumentos sólidos la denuncia penal federal. “Cómo coordinador del Nodo Tandil de BIOS Argentina, llevamos adelante un trabajo arduo de socialización sobre el efecto y riegos de los plaguicidas en este departamento. Este es un trabajo que lleva unos siete años, siendo Graciela Canziani la impulsora como investigadora de la UNICEN, mas precisamente de la Facultad de Ciencias Exactas. Allí la Licenciatura en Tecnología Ambiental, conformó un grupo de trabajo entre docentes, investigadores y alumnos para llevar adelante un estudio de campo sobre el impacto de los plaguicidas en suelo y agua de 15 escuelas rurales”, comentó Claudio Lowy, coordinador de BIOS Argentina en el Nodo Tandil.
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La denuncia es federal por tratarse de la contaminación de las cabeceras de los cursos de agua, ya que los plaguicidas encontrados en los pozos de agua, forman parte de las altas cuencas de agua que llegan incluso al mar argentino
En este estudio se detectaron plaguicidas en las 15 escuelas abordadas, debido a esto, y a través de BIOS Argentina del Nodo Tandil, se inició una causa penal a través del fiscal penal federal del departamento, donde se centró la contravención en el no respeto por la ley 24.051 de residuos peligrosos. “La denuncia es federal por tratarse de la contaminación de las cabeceras de los cursos de agua, ya que los plaguicidas encontrados en los pozos de agua, forman parte de las altas cuencas de agua que llegan incluso al mar argentino. Así fue como el juez primero acepta la denuncia de BIOS Argentina, para después hacer lugar a que la causa sea federal, este fue el primer paso hace aproximadamente tres años atrás”.
Cabe destacar que desde la dirección de fiscalización vegetal contestan que no había ninguna receta registrada, situación que imposibilita al productor resguardarse en lo que este sistema productivo y sus actores denominan BPA (Buenas Prácticas Agrícolas)
Luego de este paso hubo un intenso trabajo, allí el juez le solicita a la división de delitos ambientales de la policía federal, que le pida a la dirección de fiscalización vegetal las recetas de fitosanitarios que tiene registrada de los campos que se encuentran alrededor de las escuelas rurales. “Cabe destacar que desde la dirección de fiscalización vegetal contestan que no había ninguna receta registrada, situación que imposibilita al productor resguardarse en lo que este sistema productivo y sus actores denominan BPA (Buenas Prácticas Agrícolas). Luego, después de un año y medio de iniciada la causa, regresaron de delitos ambientales para realizar tomas de muestras en donde nosotros estuvimos acompañando, allí fueron cuatro escuelas a las que se les tomaron muestras de suelo y vegetación. Vale resaltar que se trató de las instituciones linderas a los campos donde se detectaron los plaguicidas”, sostuvo Lowy.
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Estas muestras fueron enviadas a Virginia Aparicio del INTA Castelar, que pudo determinar la concentración de plaguicidas en esas muestras, en función de esto el juez determinó que se haga un llamado a indagatorio de los productores en cuestión. Este tipo de fallos alienta a continuar por el mismo camino, si bien en el último tiempo hemos asistido a una serie de fallos regresivos en materia de impacto ambiental dictado por la inefable Corte Suprema de Justicia de la Nación, se bajan los brazos en la lucha y resistencia por el pleno derecho constitucional al goce de un ambiente sano.
