Tras el cierre de la sala de periodistas de Casa Rosada, la Iglesia pidió una “pronta solución”
Representantes del Episcopado argentino se reunieron con trabajadores de prensa, quienes remarcaron el derecho a la información por parte de la sociedad. Además, Fopea denunció el hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El cierre temporal -según el Gobierno- de la sala de periodistas en Casa Rosada generó una repudio desde distintos sectores, tanto gremiales como políticos. Ahora, es la Iglesia la que se involucra en la situación. Ya que en los últimos días, el presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social y arzobispo de San Juan monseñor Jorge Lozano se reunió un grupo de periodistas acreditados a las conferencias en la casa de Gobierno.
El encuentro tuvo lugar en la sede de Conferencia Episcopal Argentina, donde, los trabajadores de prensa se expresaron acerca de la importancia de sostener ese espacio que funciona de modo prácticamente ininterrumpido desde el año 1940.
De acuerdo a un comunicado de la entidad religiosa, los periodistas “reafirmaron la necesidad de respetar el derecho a trabajar -fuente de sustento para sus familias-, a la libre expresión y a la información a la sociedad”.
A su vez, hicieron especial énfasis en el “cuidado de los principios constitucionales y los valores afectados en estas circunstancias”. Y se coincidió “erradicar discursos de odio, en consonancia con los mensajes del Papa León XIV sobre su llamado a ‘desarmar las palabras y dejar de lado expresiones hirientes’”.
“Hacemos votos por una pronta solución a través de canales de diálogo y entendimiento”, cerraron desde el Episcopado.
El Gobierno nacional, días atrás, cerró la sala de prensa de la Casa Rosada y restringió el acceso a periodistas acreditados, una medida sin precedentes en democracia. Esta acción se debió a la denuncia penal contra periodistas de TN por filmar sin autorización, citando razones de seguridad nacional.
Denuncia ante la CIDH
La decisión del Gobierno nacional de suspender las acreditaciones de prensa propició un fuerte rechazo por parte de Fopea (Foro de Periodismo Argentino), que denunció el accionar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La agrupación de periodistas recuerda que “toda restricción a la libertad de expresión debe estar prevista por ley, perseguir un fin legítimo y ser necesaria y proporcional en una sociedad democrática”. La medida “podría afectar la cobertura del Poder Ejecutivo y el derecho de acceso a la información de la ciudadanía”.
En ese sentido, instan al Estado a “revisar la medida y ajustarla conforme a los estándares internacionales en la materia”.
