Por Alejandro Maidana
El reclamo de los pueblos fumigados no cesa, no existe tiempo para el relajo, bajar la guardia significaría avalar de manera tácita las venenosas prácticas del agronegocio, y éste de avanzar inescrupulosamente sobre todo aquello que lo interpele, tiene hecha una maestría.
Distintas comunas y municipios permanecen en el foco del debate, su médula agrícola las predispone a omitir, y en muchos otros casos, a combatir todo intento que persiga frenar las aspersiones que condicionan los días de aquellos habitantes que se han juramentado no claudicar.
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Nos encontramos en un verdadero punto de inflexión, debemos definir qué futuro queremos y pretendemos para las generaciones venideras. La naturaleza está gritando su dolor, la tierra estremeciéndose ante tanta deshumanización, los procesos que experimentaba el planeta por sí mismo tiempo atrás, hoy son modificados por la impúdica mano del hombre.
En nuestro país el modelo agroexportador goza de privilegios consolidados, garantizados y defendidos por todos los gobiernos de turno. Por eso es menester avanzar sin detenerse hacia un necesario cambio de paradigma en materia productiva, allí la agroecología gana fuerzas y visibilidad. Pero claro, mientras los padres y socios de los transgénicos discuten un cero más o un cero menos, los envenenados, los descartables, los prescindibles, siguen organizándose ondeando la bandera de la dignidad y la vida.
Desde la Asamblea de vecinos y vecinas de Andino por la Salud y la Vida, hicieron entrega de un proyecto de ordenanza sobre la regulación de agrotóxicos a los representantes comunales del lugar. Están dispuestos a no ceder un metro en la lucha por lograr 800 metros de exclusión para alejar las aspersiones, si bien es de público conocimiento que la deriva es incontrolable, ganar 700 metros (la actual contempla solo 100) significaría un paso más en esta carrera desigual contra el poder económico.
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Ivana Roberti integra la Asamblea de vecinos, en diálogo con Conclusión indicó: “Venimos trabajando desde el 2017 para poder lograr la regularización de los agrotóxicos en la zona. Hoy nuestra meta está centrada en impulsar este proyecto de ordenanza que contempla 800 metros de distancia entre el campo fumigado y los lugares habitados. Lamentablemente hoy se viola la distancia permitida, incluso se fumiga a menos de 100 metros y en muchas ocasiones sobre las escuelas y el ejido urbano”.
“Llevamos presentadas varias notas al respecto sin lograr tener una respuesta favorable. Por eso mismo insistimos en que este proyecto de ordenanza debe tratarse en lo inmediato, no vamos a aceptar otro que sea inferior a 800 metros con o sin barrera forestal. También dejamos bien en claro que no queremos silos, ni depósitos de agroquímicos dentro del ejido urbano”, indicó la vecina.
Una realidad paradójica empuja a que la situación del Pueblo Andino en torno a las fumigaciones no tenga una definición concreta. “Si bien el jefe comunal avala la idea de correr los metros de las fumigaciones, existe una situación con el basural a cielo abierto que condiciona la resolución final, ya que el terreno en donde se encuentra el mismo es propiedad del productor agropecuario que fumiga en toda la zona. Es decir, hasta que la comuna no pueda darle un camino distinto al tema de la basura, el condicionamiento para la toma de decisiones seguirá siendo protagonista. No desconocemos la fragilidad económica de la comuna de Andino, pero consideramos que ya es tiempo de buscar colectoras que puedan brindarles una solución a ambas problemáticas, a la de la basura, a y la de las fumigaciones”, concluyó Ivana Roberti
