El ex presidente de Perú Alan García cumplió una semana sin salir de la residencia del embajador de Uruguay en Lima, donde se refugió para eludir las consecuencias de una investigación penal en la que está imputado por lavado de activos y otros delitos.
García -que gobernó Perú en 1985-90 y 2006-11 se refugió allí en la tarde del sábado 17, horas después de que un juez le prohibiera salir del país por los próximos 18 meses, mientras se investiga si cometió lavado de activos y colusión, y desde allí pidió asilo político en Uruguay con el argumento de que es víctima de “persecución política”.
Ex ejecutivos de Odebrecht convertidos en colaboradores de la justicia en Brasil y Perú afirmaron que pagaron sobornos a García a cambio de que éste le concediera obras públicas durante su segundo mandato.
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Precisaron que parte de ese dinero fue pagado a través de la Caja 2 o Caja B, una cuenta que Odebrecht utilizaba para justificar contablemente los gastos en sobornos, con el pretexto de una conferencia dictada en Brasil meses después de que concluyera su período de gobierno.
En ese contexto, legisladores del Partido Aprista Peruano (PAP) de García y del Frente Amplio (FA) izquierdista realizaron hasta ayer gestiones en Montevideo a favor y en contra, respectivamente, de que Uruguay conceda asilo político al ex mandatario, informó el diario limeño El Comercio.
El gobierno peruano envió al uruguayo el martes pasado una nota diplomática en la que asegura que en Perú “no existe persecución política de ningún tipo” y que a García se lo investiga “con respeto estricto al debido proceso y a todas las garantías de la administración de justicia”.
El gobierno uruguayo advirtió que resolverá el pedido de asilo en un “plazo prudencial” y “con naturalidad y sin dramatismos”.
