Bolivia: el presidente eliminó los límites al estado de sitio y las Fuerzas Armadas tendrán vía libre en las calles
Con este paso jurídico, el Congreso boliviano autorizó a Rodrigo Paz a desplegar a las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, en un intento desesperado por contener el inicio de la cuarta semana de protestas impulsadas por sindicatos mineros, campesinos y organizaciones vecinales.
En medio de una crisis social y política el presidente boliviano, Rodrigo Paz, derogó una ley que limitaba el uso del estado de emergencia y abrió la vía para aplicar una medida excepcional con el objetivo de contener las protestas y los bloqueos que desde hace casi un mes paralizan rutas, provocan desabastecimiento y aumentan la presión sobre su gobierno.
La decisión fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial, después de que la Asamblea Legislativa aprobara por más de dos tercios de los votos la anulación de la Ley 1341, una norma sancionada en 2020 que regulaba y restringía la aplicación de los estados de excepción. La iniciativa ya había sido avalada por el Senado el 24 de mayo y luego quedó definitivamente sancionada en Diputados tras una sesión virtual de más de cinco horas, marcada por un fuerte debate político.
“Queda sancionada la presente ley”, anunció el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, al cierre de la votación. Con este paso jurídico, el Congreso autorizó al presidente Paz a desplegar a las Fuerzas Armadas en las calles, en un intento desesperado por contener el inicio de la cuarta semana de protestas impulsadas por sindicatos mineros, campesinos y organizaciones vecinales.
Por su parte, los sectores movilizados exigen la renuncia inmediata del mandatario y denuncian el fracaso de una política económica liberal que, lejos de las promesas de prosperidad, hundió al pueblo en la miseria y generó problemas básicos como la distribución de combustible de mala calidad que dañó miles de vehículos.
La normativa derogada, conocida coloquialmente como la “ley Eva Copa”, había sido aprobada durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez con el objetivo de reglamentar los artículos constitucionales vinculados al estado de excepción y, fundamentalmente, establecer límites estrictos al uso de los militares en conflictos internos. Para los sectores democráticos, su eliminación representa un retroceso de décadas. Sin embargo, para el bloque oficialista boliviano, la ley solo servía para «quitarle prerrogativas constitucionales» al Presidente.
Este giro represivo de Rodrigo Paz guarda una simetría inquietante con la gestión de Javier Milei: ambos gobiernos, amparados en una retórica de libertad, buscan desmantelar los controles institucionales que protegen a los ciudadanos del abuso de fuerza estatal.
Mientras en Bolivia se busca culpar al expresidente Evo Morales como el principal articulador de la crisis para justificar su aprehensión, en Argentina se ensayan protocolos antipiquetes y se estigmatiza a las organizaciones sociales para aplicar un ajuste económico brutal sin resistencia en las calles.