El ex presidente peruano Pedro Castillo convocó este miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a intervenir para frenar los «atropellos» contra sus derechos y los de aquellos ciudadanos que lo apoyan en las calles, tras su destitución y posterior detención hace una semana en Lima.
«¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coactar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva», expresó el ex mandatario en una carta manuscrita que fue difundida a través de su cuenta de Twitter.
«Pido a la CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia», agregó Castillo, quien apuntó directamente a los jueces y fiscales del país como responsables «de lo que pase en el país» y agradeció a los compatriotas que le brindan su cariño y apoyo.
El mensaje de Castillo se conoció un día después de que la Justicia rechazara su apelación a la detención provisional y en el día que estaba previsto que se celebrara una audiencia – finalmente aplazada para el jueves- para decidir si deberá pasar 18 meses en prisión preventiva, tal como solicitó el martes la Fiscalía.
El juez Juan Carlos Checkley aclaró este miércoles que el exmandatario deberá seguir detenido en el cuartel policial de la División Nacional de Operaciones Especiales, ubicado al este de Lima, hasta la audiencia de mañana, jueves, que se llevará a cabo desde las 8.30 (10.30 de la Argentina).
Castillo se encuentra detenido después de que el pasado 7 diciembre anunciara la disolución del Congreso y la instauración de un Gobierno de excepción.
Su decreto, que no recabó ningún apoyo, terminó por llevar al Parlamento a apoyar una moción de censura en su contra y a su posterior detención.
El ex presidente ya había enfrentado otros dos intentos de destitución desde el Congreso y seis investigaciones judiciales por parte de la Fiscalía por presunta corrupción.
La tensión creciente llevó a Castillo a denunciar un supuesto golpe de Estado en marcha y a pedir la intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la que depende la CIDH, invocando la Carta Democrática Interamericana.
La OEA envió una misión al país el 21 y 22 de noviembre y dos semanas más tarde envió su informe, en el que recomendó que el Gobierno y la oposición mantuvieran una “tregua política” mientras organizaban un “diálogo” para superar la crisis institucional.
