La Comisión Interamericana de Derechos Humanos subrayó que “durante el conflicto en las Islas Malvinas oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas argentinas habrían sometido a los soldados de las mismas tropas a torturas de tipo físico y psicológico”.
Desde la Organización de los Estados Americanos señalaron: "Debemos redoblar nuestros esfuerzos para proteger la dignidad de las personas de edad en todo el mundo".
Durante el estallido, 80 personas murieron y más de 1.200 resultaron heridas. En ese momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fustigó el accionar "desproporcionado" y "letal" del gobierno del entonces presidente Iván Duque.
A través de una carta manuscrita, el presidente destituido de Perú lo pidió después de que la Justicia rechazara su apelación a la detención provisional.
Tras las audiencias ante la Cidh, el abogado Alejandro Rúa, extitular de la Unidad Especial de Seguimiento de la Investigación del atentado, presentó un escrito a Casal en el que lo señala como responsable de nombrar y sostener al fiscal Basso, a quien los familiares criticaron duramente por su falta de acción.
El excomisario Diego Álvarez presentó una ampliación en la cual advierte a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre prejuzgamiento, corrupción estatal, manipulación de testimonios y beneficios a testigos de la causa, e informa sobre procedimientos y condiciones de encarcelamiento irregulares.
Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la exposición pública del procedimiento de salud no atiende el interés superior de la adolescente.
El ex comisario Diego Álvarez a cargo de la comisaría 7° cuando fue detenido Franco Casco, hizo la presentación ante el organismo planteando la violación del derecho a la presunción de inocencia y la excesiva privación de la libertad.
El ex vicepresidente presentó la denuncia al considerar que enfrentó un proceso "amañado y arbitrario en el que no habido garantía convencional que no se haya violado".
La ex presidenta rechazó la medida al señalar que quedará detenida “para esperar el juicio poer un ‘golpe’ que nunca ocurrió. Dos ex ministros también fueron sancionados.
El organismo internacional le dio al Gobierno nacional un plazo de tres meses para emitir una respuesta. La familia de Santiago advirtió que "la impunidad solo garantiza la repetición de los hechos" y puso de ejemplo los casos de Luis Armando Espinoza y Facundo Astudillo Castro.
En la presentación escrita ante el organismo internacional explica que fue "encarcelado con la excusa de supuestos delitos cometidos" en el ejercicio de sus funciones. También resaltó que "a casi tres años de la embestida, aún no hubo ningún juicio".