La decisión fue tomada este lunes al término de la tercera audiencia, celebrada en la sala del tribunal del Vaticano ante la presencia de los cinco acusados y un pequeño grupo de periodistas.
El 24 de noviembre la Justicia del Vaticano abrió un juicio contra cinco personas, entre las cuales se encuentran dos periodistas italianos y un cura español, acusados de difundir documentos confidenciales sobre la malversación de fondos y el despilfarro en la Santa Sede.
El juez, pese a las objeciones de la fiscalía, autorizó convocar al secretario de Estado, el italiano Pietro Parolin, brazo derecho del Papa, así como al cardenal español Santos Abril y Castelló y al arzobispo Konrad Krajewski, todas personalidades cercanas al papa argentino.
Esta decisión de la Justicia rompe con la tradición de que las cosas se solucionaban “puertas para adentro” en el Vaticano, y también muestra un gesto de independencia del tribunal.
Parolin va a ser interrogado sobre la batalla interna dentro de la Curia Romana contra la voluntad de limpieza del Papa Francisco del corrupto sistema de gestión de las finanzas de la Santa Sede.
Los prelados fueron convocados a pedido del abogado de Francesca Chaouqui, 34 años, la exconsultora italiana y experta en relaciones públicas, una de las cinco personas acusadas de conspirar para filtrar documentos reservados a la prensa, lo que afecta «los intereses» de la Santa Sede, un delito que se castiga con penas de 4 a 8 años de cárcel.
«No he actuado contra el Santo Padre y no lo haré jamás», declaró Chaouqui a un grupo de periodistas, los cuales suelen describirla como a una mujer manipuladora y ambiciosa.
Krajewski es el hombre de confianza de Francisco para sus obras de caridad, mientras que el cardenal español es amigo de vieja data del pontífice, quien el año pasado lo nombró presidente de la comisión que supervisa el Instituto para las Obras de Religión (IOR), más conocido como el banco del Vaticano.
Todos los acusados, entre ellos los dos periodistas italianos, Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, autores de sendos libros sobre la corrupción en la Curia Romana, basados en correos, grabaciones, documentos, se enfrentan a penas de cárcel de hasta ocho años bajo la draconiana legislación contra las fugas promulgada por el Vaticano en 2013.
El juez rechazó el intento de los abogados de Chaouqui de impugnar la corte aduciendo que el delito ocurrió en territorio italiano.
El tribunal aceptó examinar como prueba los correos electrónicos, mensajes y conversaciones de WhatsApp entre los acusados, algunos de ellos han sido publicados por la prensa italiana, una tarea que será larga y compleja.
