Cuatro indígenas mapuches apresados hace año y medio acusados de incendiar una iglesia cumplieron este miércoles 113 días de huelga de hambre, exigiendo la aceleración del juicio en su contra y que sean juzgados bajo la legislación ordinaria y no terrorista.
La salud de los cuatro acusados -que consumen esporádicamente líquidos- «continúa siendo estable, dentro de los riesgos de salud que implica el ayuno prolongado que llevan a cabo», de acuerdo a un reporte oficial de este miércoles, cuando los acusados comparecieron en sillas de rueda ante el tribunal de la ciudad de Temuco, a unos 800 km al sur de Santiago.
Pero la decisión de uno de ellos de iniciar una «huelga seca» lo pone en riesgo inminente.
«Existe un riesgo real, en cualquier persona con una huelga tan prolongada y que además inicie una huelga seca, que en pocas horas, unas 48, podría haber un compromiso importante de salud», alertó a medios locales Patricio Meza, parte de una delegación del Colegio Médico de Chile que vigila a los ayunantes.
En los 113 días de huelga, los cuatro mapuches han perdido en promedio unos 23 kilos.
En medio de la agudización de las tensiones en la región de La Araucanía, donde se asientan la mayoría de las comunidades mapuche, los cuatro indígenas -Alfredo Tralcal y los hermanos Pablo, Benito y Ariel Trangol- iniciaron su huelga de hambre, reclamando el arranque del juicio en su contra después de casi un año y medio de purgar prisión preventiva.
Los cuatro son acusados por el ataque incendiario a una iglesia evangélica en la localidad de Padre de Las Casas y están siendo investigados bajo la severa Ley Antiterrorista, que triplica las penas respecto a la legislación ordinaria.
«Ellos quieren ir a juicio, pero que no sea tramitado en virtud de la ley antiterrorista», dijo este miércoles uno de los abogados defensores, Pamela Nahuelcheo.
En los últimos cuatro años, cientos de camiones y decenas de templos religiosos ardieron en el sur de Chile en medio del conflicto entre el Estado y los indígenas mapuches, que reclaman tierras que consideran suyas por derecho ancestral y están en su mayoría en manos de empresas forestales.
En el marco de las investigaciones por estos ataques incendiarios, ocho líderes indígenas fueron detenidos este fin de semana, mientras que el viceministro del Interior y seguridad de Chile, Mahmud Aleuy, anunció que viajará el viernes a Argentina para intercambiar información con autoridades de ese país sobre el supuesto envío de armas que se habría realizado desde Argentina a grupos radicales mapuche chilenos.
Severa ley -.
==============.
Los huelguistas exigen al gobierno retirar del juicio la Ley Antiterrorista, cuya aplicación en el marco del conflicto mapuche ha sido duramente criticada por organizaciones como la ONU o Amnistía Internacional.
«En Chile debiera evitarse la aplicación de esta ley mientras no se reforme y se ponga al nivel de los estándares internacionales», dijo a Teletrece Radio la directora de AI, Ana Piqué.
En 2013, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo de Naciones Unidas, Ben Emmerson, dijo al final de una visita a Chile que esta ley «ha sido usada de un modo que discrimina contra los mapuche».
La Ley Antiterrorista, que data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), aumenta exponencialmente las penas respecto a la legislación ordinaria por iguales delitos. El imputado es sujeto además de significativas desventajas procesales, como la ampliación de la prisión preventiva y el uso de testigos sin rostros.
Los mapuche, gente de la tierra en su lengua nativa, fueron los primeros habitantes de Chile y parte de Argentina. Dieron una fiera lucha a los conquistadores españoles hasta que a fines del siglo XIX fueron sometidos por el Ejército chileno en la llamada pacificación de la Araucanía.
Reducidos a unas 700.000 personas, de los 17 millones de habitantes de Chile, en su mayoría habitan en pequeñas comunidades en las regiones de la Araucanía y Los Ríos. Si bien en los últimos dos años la pobreza en pueblos originarios cayó a un 18,3% desde un 23,4%, sigue siendo más alta que el resto de la población (11%), según datos oficiales.
