El Senado de Chile aprobó anoche la denominada «ley antisaqueo», impulsada por la ola de desórdenes registrados durante las protestas anti gubernamentales que sacuden al país desde octubre y que la oposición critica por considerarla «un pretexto para crear un marco legal a fin de sancionar y evitar cualquier forma de manifestación social».

Piñera, cuyo respaldo ciudadano se desplomó al 10% desde el inicio de las protestas, celebró la aprobación de la norma y subrayó la importancia de recuperar la seguridad y la paz social.

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«Valoro el acuerdo que permitió aprobación de esta necesaria Ley antisaqueos, encapuchados y barricadas hoy en el Senado. Recuperar la seguridad de las familias y la paz social requiere una fuerte voluntad de nuestros parlamentarios y un compromiso con la paz que debe convocarnos a todos», expresó en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Pero el senador Felipe Harboe, del Partido Por la Democracia (PPD) sostuvo que «el camino a la paz social se logra con una agenda social, no con más policías o más sanciones. La protesta hay que protegerla».

El proyecto de ley, que tendrá que ser ratificado en el Congreso, no sufrió modificaciones desde que fue presentado en el Senado y con él se busca incluir un nuevo artículo en el Código Penal con el que sancionar de manera especial los delitos de saqueo con penas que llegarían hasta cinco años de cárcel, entre otras cuestiones.

En ese sentido, el texto también tipificó como delito la construcción de barricadas, la obstrucción al tránsito y el lanzamiento de objetos contundentes, acciones que no alcanzarían, en el peor de los casos, los dos años de prisión, según refirió el diario La Tercera, citado por la agencia de noticias Europa Press.

Sin embargo, una de las polémicas del proyecto es la que considera como un acto delictivo una suerte de piquete conocido como ‘el que pasa baila’, en el cual las personas obstruidas pueden tener libre circulación una vez que hayan bailado con los manifestantes.

Las penas para este nuevo «delito» alcanzarían el año de prisión.

Por su parte, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, destacó la «amplia mayoría» con la que el Senado aprobó la norma, que ahora deberá ser ratificada en la Cámara Baja, y recalcó que «el resguardo del orden público es una garantía democrática».

Para la oposición, el problema con la norma antisaqueos radica en que «atenta contra el legítimo derecho a la protesta, lo que es inútil, ya que las figuras que se dicen querer implantar ya existen en el Código Penal, por lo que se pretendería aumentar una aparente sensación de seguridad a la población».