Más de doscientos camiones y decenas de templos religiosos quemados en los últimos cuatro años.

El sur de Chile arde en medio del conflicto no resuelto con los indígenas mapuche, que reclaman más derechos entre acusaciones de montar acciones terroristas.

Veintinueve camiones forestales fueron incendiados la madrugada del lunes en la región de Los Ríos, en el sur de Chile, en una acción calificada de «atentado» por las autoridades de Santiago.

Otras 18 máquinas ardieron 10 días antes en la región de la Araucanía, en ataques reivindicados por «Weichan Auka Mapu» o «lucha del territorio rebelde», una nueva agrupación radical mapuche.

Mientras las agrupaciones empresariales hablan de «terrorismo» desatado -209 camiones han sido quemados en la zona desde 2013-, los mapuches reivindican la restitución de tierras que consideran suyas por derechos ancestrales y que hoy están en manos de empresas forestales.

«Siempre está latente la problemática y por lo tanto cada cierto tiempo la gente se va a manifestar contra estas empresas», dice a la AFP el lonko o jefe mapuche Juan Pichun.

Las empresas forestales «llegaron arrasando con todo y dentro de la cosmovisión mapuche eso alteró temas como el uso de los hierbas medicinales o lugares sagrados. Hoy día está el tema de la falta de agua y el cambio climático que están generando las forestales con el monocultivo de pino», agregó Pichun.

Los empresarios, por su parte, piden la intervención del gobierno para mediar en este conflicto centenario so pena de convocar un paro nacional.

«Emplazamos nuevamente al Gobierno a utilizar todas las herramientas que tenga a mano para terminar con el flagelo del terrorismo en el sur de Chile», alertó el presidente de la Multigremial de la Araucanía, Luciano Rivas.

Gente de la tierra -.

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Los mapuches, gente de la tierra en su lengua nativa, fueron los primeros habitantes de Chile y parte de Argentina. Dieron una fiera lucha a los conquistadores españoles hasta que a fines del siglo XIX fueron sometidos por el Ejército chileno en la llamada pacificación de la Araucania.

Reducidos a unas 700.000 personas, de los 17 millones de habitantes de Chile, en su mayoría habitan en pequeñas comunidades en las regiones de la Araucania y Los Ríos, a unos 600 km al sur de Santiago.

Si bien en los últimos dos años la pobreza en pueblos originarios cayó a un 18,3% desde un 23,4%, sigue siendo más alta que el resto de la población (11%), según datos oficiales.

En cuanto a las tierras, menos del 15% del suelo de la región de la Araucania está en manos de comunidades mapuche y otro 20% pertenece a empresas forestales. Unas 100.000 personas, en su mayoría mapuche, carecen de agua para uso básico en diferentes zonas rurales debido al impacto de los monocultivos de las plantaciones forestales y al cambio climático, según denunció la Red de Defensa de los territorios.

Hace dos meses, al presentar un Plan Integral para la región de la Araucania, la presidenta Michelle Bachelet reconoció que el país le «ha fallado» al pueblo mapuche y le pidió perdón «por los errores y horrores» cometidos, en un intento de comenzar a saldar una vieja deuda con la mayor etnia chilena.

El plan incluye la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas y de un Consejo de Pueblos Indígenas, además de oficializar el uso del mapudungún, la lengua mapuche, en la región de la Araucania, junto con establecer el Día Nacional de los Pueblos Originarios, el 24 de junio.

En cuanto a la restitución de tierras, un comité interministerial actualizará el catastro y aguas indígenas. En los últimos 25 años se han comprado, subsidiado o regularizado casi 230.000 hectáreas de tierras al pueblo mapuche, dueños de buena parte del territorio chileno hasta la llegada de los españoles.

Una solución que no es suficiente para los mapuches.

«Mientras no exista una responsabilidad de los daños que han causado las forestales va a haber una indignación no solo de los mapuches, sino que de la población en general», dice el lonko Pichún.

También aspiran a ser reconocidos finalmente como pueblo en la Constitución política del país, una vieja deuda no saldada en casi tres décadas de democracia.