El Tribunal Constitucional español rechazó tratar el recurso por la «ley de nietos»
El Tribunal Constitucional consideró prematuro el planteo del Defensor del Pueblo, ya que continúa abierto el procedimiento ante el Tribunal Supremo. La medida cautelar afecta a unos 163.000 casos y pone en duda la participación de los beneficiarios en las elecciones generales del 29 de noviembre.
El Tribunal Constitucional de España rechazó este miércoles admitir a trámite el recurso presentado por el Defensor del Pueblo contra la suspensión provisional del derecho al voto de ciudadanos nacionalizados mediante la llamada “ley de nietos”. La decisión se tomó porque todavía está abierto el plazo para que los afectados presenten alegaciones ante el Tribunal Supremo, por lo que la vía judicial ordinaria no está agotada.
La resolución del Constitucional fue aprobada por una mayoría de 10 votos contra dos. El Gobierno español expresó su respeto por la decisión y destacó que no resuelve el fondo de la cuestión, ya que el proceso judicial continúa abierto.
El Defensor del Pueblo había solicitado medidas urgentes para garantizar que los afectados pudieran votar en las elecciones generales del 29 de noviembre. Sin embargo, el Tribunal Supremo suspendió provisionalmente las incorporaciones al Censo Electoral de Residentes Ausentes hasta que los consulados acrediten que los beneficiarios cumplen los requisitos establecidos.
⚖️ EL TC RECHAZA EL RECURSO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO SOBRE LA ‘LEY DE NIETOS’ La votación terminó con 10 magistrados a favor de la inadmisión y dos en contra. El recurso fue rechazado por considerarse «prematuro», según la información facilitada. https://t.co/sgF5hqq46q
— El Toro TV (@eltorotv) October 21, 2026
La medida alcanza a unos 163.000 casos y se vincula con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022, conocida como “ley de nietos”, que permite acceder a la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles exiliados por motivos políticos, ideológicos, religiosos o de orientación sexual.
La controversia surgió por una instrucción del Gobierno que presume la condición de exiliados de quienes abandonaron España entre 1936 y 1955, lo que facilita el acceso a la nacionalidad sin exigir pruebas documentales individuales del exilio. Esa disposición fue recurrida por el movimiento político Iustitia Europa y el partido Vox.
Por ahora, el Constitucional no se pronunció sobre la legalidad de la suspensión ni sobre el derecho definitivo de los afectados a votar. La situación dependerá de cómo avance el procedimiento ante el Supremo y de las decisiones que se adopten antes de los comicios.