Los tres jueces del Tribunal Regional Federal de la 4ªRegión (TRF-4) de Brasil condenaron en segunda instancia al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a 17 años de prisión por corrupción en el uso de una finca en Atibaia, en el sudeste del país.
Joao Pedro Gebran Neto, el juez relator del caso, pidió elevar la condena de primera instancia a «17 años, un mes y 10 días» de cárcel por delitos de corrupción pasiva, corrupción activa y lavado de dinero. La propuesta fue aceptada por Leandro Paulsen y Eduardo Thompson Flores, los otros dos magistrados.
Lula había sido condenado en febrero de este año, a 11 años y 10 meses de cárcel.
En la práctica, la decisión de esta corte no implica el regreso de Lula a prisión, dado que el Supremo decidió recientemente que es inconstitucional que alguien esté preso mientras pueda recurrir a instancias superiores.
De todos modos, la sentencia podría arruinar las aspiraciones públicas del expresidente, dado que dificulta aún más que pueda ser candidato a la presidencia en las elecciones de 2022.
La ley brasileña impide que alguien con una condena en segunda instancia pueda presentarse como candidato a los comicios. El expresidente ya tiene dos condenas, la del departamento de Guarujá (la que causó que entre en la cárcel) y la de la finca de Atibaia.
Para lograr que Lula pueda presentarse, el Supremo tendría que anular las dos condenas, algo poco probable.
En este nuevo proceso, a Lula se lo acusa de haberse beneficiado de obras de reforma que empresas contratistas de Petrobras habrían realizado en una finca en Atibaia, en las afueras de Sao Paulo.
Según la investigación, se entiende que Lula era el beneficiario final, dado que frecuentaba la casa los fines de semana junto a su familia. Cabe destacar que la vivienda pertenecía a un amigo cercano, no a la familia.
Al explicar su voto, el juez Gebran Neto aseguró que «poco importa» si Lula era o no el propietario de esa casa, porque quedó demostrado que «Lula usaba el inmueble».
«Tenemos mucha documentación de pruebas, con laudos periciales, con documentos, con bienes, referencias de testigos, de que él usaba el inmueble, ya sea porque llevó allí parte de su archivo o porque pedía y solicitaba mejoras en la finca», declaró.
El votar, los jueces Gebran Neto y Paulsen ignoraron una decisión del Tribunal Supremo Federal del pasado mes de octubre que podría haber beneficiado a Lula.
La máxima corte del país reconoció que los imputados que no firmaron un acuerdo de delación premiada con la Justicia debían tener la última palabra en la fase de alegaciones finales, para asegurar su derecho a amplia defensa.
Esto no ocurrió en el caso de la finca de Atibaia, y era uno de los argumentos de la defensa de Lula para pedir que se anulara la sentencia en primera instancia.
Sin embargo, los jueces consideraron que la nulidad de la sentencia sólo podría decretarse si quedara comprobado que hubo algún tipo de prejuicio a las partes, lo que en su opinión, no ocurrió.
