Los españoles votan mañana en las elecciones generales más abiertas de la democracia, a las que el líder conservador y aspirante a la reelección, Mariano Rajoy, llega como favorito pero con los socialistas y los nuevos partidos Ciudadanos y Podemos al asecho, anticipando un escenario inédito sin mayorías claras que obligará a negociar pactos.
Cuatro años después de haber dado la mayoría absoluta al Partido Popular (PP) de Rajoy en unos comicios marcados por una fuerte presión de los mercados que situó a España al borde del rescate, unos 36,5 millones electores podrán decidir si avalan la gestión del líder conservador, que implementó un duro ajuste, u optan por un cambio.
Y por primera vez en más de tres décadas, las opciones no se limitan a elegir entre el PP y su tradicional rival, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que se alternaron en el poder desde el fin de la transición democrática.
En los últimos dos años, al calor del descontento social por los recortes y los escándalos de corrupción que salpican principalmente al PP, emergieron dos nuevas fuerzas, Podemos (izquierda) y Ciudadanos (liberal), que están en condiciones de dinamitar el bipartidismo español y de imprimir un cambio generacional y de estilo a la política española.
Los sondeos otorgan la victoria al PP del veterano Rajoy, de 60 años, aunque con menos del 30% de los votos y entre 120 diputados en un parlamento de 350, lejos de la cómoda mayoría absoluta (186) que disfrutaba desde finales de 2011.
Detrás se sitúa el economista Pedro Sánchez, de 43 años, quien se presenta como la renovación del socialismo español, mientras Albert Rivera, el joven abogado de 36 años candidato de Ciudadanos, y Pablo Iglesias, el politólogo de 37 años que lidera Podemos, se encuentran prácticamente empatados en el tercer lugar.
Ante un escenario tan incierto, sin mayorías amplias, con cuatro partidos peleando cabeza a cabeza por el voto y un elevado número de indecisos que llega al 41% -según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, público)- la movilización electoral resultará crucial, sobre todo para los emergentes.
Lo que parece inevitable es que el día después de los comicios del 20D, en caso de resultar vencedor, Rajoy tendrá que buscar apoyos para conservar el poder y sacar adelante sus políticas.
Pero incluso si no consiguen la mayoría simple del Congreso, los conservadores corren el riesgo de ser desbancados por una coalición, puesto que el segundo partido estaría legitimado para buscar acuerdos con otras fuerzas, algo que nunca ocurrió a nivel estatal en España pero que es habitual en los municipios y gobiernos regionales.
Tras las elecciones de mayo, Ciudadanos y Podemos demostraron que pueden ser actores claves, pese a que entonces jugaron un papel secundario, salvo en Madrid y Barcelona donde dos iniciativas populares apoyadas por Iglesias obtuvieron victorias emblemáticas.
Un acuerdo con Ciudadanos le permitió al PP seguir gobernando en la regional de Madrid, mientras esta misma fuerza dio su apoyo a los socialistas en Andalucía.
Rivera asegura ahora que si no vence en los comicios no entrará en ninguna coalición ni apoyará a la investidura del candidato del PP ni del PSOE, si bien al mismo tiempo dice ser el único candidato «de centro» capaz de llegar a acuerdos.
«Apoyar al PP o PSOE sería defraudar a la gente. No hemos llegado hasta aquí para que todo siga igual», subrayó en campaña Rivera, quien enarbola la bandera de la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción.
También dejó claro que no irá en contra de quien haya ganado, por lo que se abstendría si vence Rajoy.
Frente a la dificultad de contar con Ciudadanos, la prensa española afirmó que Rajoy había reflotado su «plan B», que consistiría en una gran coalición con el PSOE -sin Sánchez-, algo que el presidente luego negó rotundamente.
Ciudadanos arrancó la campaña electoral peleando el segundo puesto al PSOE, viéndose triunfador, pero en dos semanas terminó cediendo a favor de Podemos, que se situaba en cuarto lugar y, por el contrario, se planteó una misión de «remontada», que parece estar teniendo éxito.
El propio Rajoy dio cuenta de esto afirmando en la recta final que si Rivera no quiere respaldarlo a él «tendrá que apoyar a Iglesias», sugiriendo que Podemos sería la fuerza más votada detrás del PP.
El ascenso del partido de izquierdas le sirvió al Jefe del Ejecutivo para agitar el miedo ante un eventual acuerdo entre el PSOE y Podemos -un «gobierno rojo»- que generará «inestabilidad» y «podrá en peligro los logros alcanzados», dijo.
El líder conservador se presentó como la «garantía» de que España seguirá en la senda del crecimiento – la estimaciones oficiales prevén un incremento el 3,3% del PIB en 2015- y de que el desempleo continuará bajando -se encuentra aún en un elevado 21,18%. Apeló a la experiencia y se mostró firme respecto a que la amenaza secesionista de Cataluña.
Apenas se escucharon propuestas en campaña, y aunque hubo debates -Rajoy se presentó a uno sólo con Sánchez- los candidatos se dedicaron mayormente a pasearse por programas de TV lanzando consignas.
Ayer, el último día de campaña antes de la jornada de reflexión de hoy, Sánchez insistió en que el único «voto útil» para echar a Rajoy es el PSOE, ya que si PP y Ciudadanos suman «habrá más derecha» y si «resta Podemos a la izquierda, también habrá más derecha».
El PSOE espera ganar impulsado por su histórico bastión de Andalucía, donde siguen siendo fuerte, ya que Cataluña, que en el pasado fue clave para llegar a La Moncloa, pasó a manos de Podemos.
La nueva fuerza de izquierda se impulsa con la ayuda de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y una propuesta de referéndum, al que condiciona cualquier acuerdo de investidura.
«David puede terminar derrotando a Goliat», advirtió Iglesias desde Sevilla, al plantarse en territorio socialista para pedir, sin complejos, que el voto «de la gente decente» pase a la fuerza morada.
El 20D está abierto, pero el panorama multipartidista que se avecina alumbra un gobierno de minoría que podría tener dificultades para mantenerse en el poder, aunque a la vez daría lugar a una «praxis política» más negociadora y a una democracia más plural, según expertos.
