Duro golpe en Estados Unidos a millones de personas que tienen deudas en alquiler inmobiliario como consecuencia de la pandemia. La Corte Suprema de Justicia del país norteamericano levantó la moratoria al desalojo de inquilinos que expira en el mes de octubre, lo que conlleva el fin de las protecciones a los inquilinos.
El más alto tribunal estadounidense se pronunció anoche a favor de los propietarios, quienes dijeron ser víctimas de medidas injustificadas y argumentaron que cualquier nueva prórroga de la moratoria debería ser decidida por el Congreso y no por las autoridades sanitarias, como ocurrió anteriormente.
En 2020 se puso en marcha una primera moratoria a los desahucios de inquilinos, cuando Estados Unidos se vio muy afectado por la pandemia y el desempleo se disparaba a un ritmo vertiginoso.
Cuando la moratoria expiró a fines de julio pasado, el Gobierno del presidente Joe Biden instó a los legisladores estadounidenses a aprobar una legislación de emergencia para prorrogarla, algo que no ocurrió.
Bajo la presión del ala más progresista de su partido, las autoridades sanitarias del Gobierno de Biden decretaron finalmente una nueva moratoria por su cuenta. Citaron los riesgos para la salud pública como motivo de su decisión.
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«Para que una moratoria de desalojos impuesta por el gobierno federal continúe, el Congreso debe autorizarla específicamente», dictaminó la Corte Suprema, de mayoría conservadora.
La Casa Blanca expresó inmediatamente su «decepción».
«Debido a esta decisión, las familias se enfrentarán a dolorosas expulsiones y las comunidades de todo el país se enfrentarán a un mayor riesgo de exposición al Covid-19»
Jen Psaki, vocera del presidente estadounidense
«El presidente Biden vuelve a hacer un llamado a todas las entidades que puedan -desde las ciudades y los estados hasta los tribunales locales, pasando por los propietarios y las agencias gubernamentales- para que actúen urgentemente a fin de evitar los desahucios», agregó, según informó la agencia de noticias AFP.
El Ejecutivo estadounidense calculaba que la moratoria iba a ser impugnada en tribunales, pero tenía la esperanza de dar a los inquilinos un tiempo adicional para que pudieran acceder a los fondos asignados para ayudarles a pagar sus alquileres, que se han retrasado en parte debido a la burocracia.
