La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó pedidos de captura contra Netanyahu y Galland
La ONU dio luz verde al informe de la Corte Penal Internacional y respaldo . Argentina votó en contra.
En un escenario de creciente presión internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas ratificó el informe anual de la Corte Penal Internacional (CPI) por una amplia mayoría. El voto decisivo de 94 a favor, 34 abstenciones y 10 en contra subraya el compromiso de una gran parte de la comunidad internacional con la jurisdicción del tribunal.
Durante el debate, la Presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, dio un respaldo explícito a los pedidos de captura emitidos por la CPI contra Benjamín Netanyahu y Yoav Galland como presuntos responsables de crímenes de guerra cometidos en Gaza.
Esta postura generó una fuerte división, evidenciada por la lista de naciones que votaron en contra del informe. Entre los 10 países que rechazaron la resolución se encuentran Israel y Estados Unidos, junto con Argentina, Rusia, Corea del Norte, Bielorrusia, Burkina Faso, Nicaragua, Níger y Paraguay.
Además de respaldar las órdenes de detención, Baerbock condenó de manera directa las sanciones impuestas por Estados Unidos contra jueces y fiscales de la CPI.
Avances de la CPI y la obligación de cooperar
La resolución adoptada reconoce que la CPI «ha realizado avances considerables en la investigación y la tramitación judicial de diversos casos y situaciones».
Es fundamental destacar que la CPI es un órgano diseñado para perseguir a individuos por los crímenes más graves, y no a los Estados. La jurisdicción de la Corte abarca específicamente cuatro crímenes estipulados en el Estatuto de Roma: el crimen de agresión, el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.
Para que la CPI pueda desempeñar su mandato, sigue siendo esencial que los Estados, la ONU y otras organizaciones internacionales y regionales cooperen con ella de manera efectiva y amplia.
En este sentido, la resolución condena cualquier amenaza, ataque o injerencia contra la CPI, su personal, o aquellos que cooperen con ella, y subraya que sus funcionarios deben poder desempeñar su mandato sin intimidación. Se exhorta a los Estados con obligación de cooperar a prestar asistencia en el futuro, especialmente en lo referente a la detención y entrega de acusados, la presentación de pruebas, y la protección de víctimas y testigos.
Derechos de las Víctimas y la Complementariedad
La resolución destaca la relevancia que el Estatuto de Roma concede a los derechos y necesidades de las víctimas. Esto incluye específicamente su derecho a participar en los procedimientos judiciales y a exigir reparaciones.
Asimismo, se recuerda que la CPI es complementaria a las jurisdicciones penales nacionales, lo que implica que los Estados deben adoptar medidas apropiadas en el marco de sus ordenamientos jurídicos para investigar y enjuiciar los crímenes que el derecho internacional les obliga a perseguir. Se alienta a los Estados a promulgar leyes nacionales para cumplir con sus obligaciones.
Finalmente, el documento concluye encomendando la activación de la competencia de la CPI sobre el crimen de agresión a partir del 17 de julio de 2018. Actualmente, 125 Estados integran plenamente la CPI, mientras que otros 29 han firmado el Estatuto de Roma y están pendientes de ratificación.