Un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comienza este lunes las pesquisas para esclarecer si se cometieron violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad que actuaron contra las protestas sociales que sacudieron Ecuador durante este mes.
Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano confirmaron a la agencia de noticias EFE la llegada del contingente de especialistas, aunque no dieron precisiones sobre quienes lo integran ni cuánto estarán en el país, argumentando que se trata de un trabajo independiente que dispone de agenda propia.
La visita de esta misión coincidirá con otra de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que trabaja en Ecuador desde hace una semana y que también apunta a esclarecer qué ocurrió entre el 3 al 13 de octubre, cuando Ecuador vivió una de las olas de violencia más graves de su historia reciente.
Durante esos días, diferentes sectores sociales, entre ellos el movimiento indígena que encabezó las protestas, se movilizaron en la capital ecuatoriana y en distintos puntos del país en rechazo al plan económico oficial.
Las movilizaciones fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad y concluyeron con al menos seis personas muertas y 1.340 heridos, y con denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de los uniformados.
El gobierno ecuatoriano, que convocó a las dos comisiones para que verifiquen lo ocurrido, asegura que actuó con moderación y usando exclusivamente herramientas previstas en los convenios internacionales para este tipo de escenarios, como gas lacrimógeno.
Asimismo, el gobierno de Lenín Moreno afirma que las víctimas mortales no fueron causadas por la acción de los efectivos de seguridad involucradas -Policía o Ejército-, como tampoco el empleo de fuerza letal.
Por eso, le solicitó a la CIDH que lleve adelante una investigación para conocer el origen de algunos casos de heridos de bala, que el Ejecutivo atribuye a otros factores o circunstancias.
La violenta ola de protestas estalló a raíz de la subida del precio de los combustibles y la eliminación de subsidios al transporte, en el marco de un plan de austeridad pactado por el gobierno de Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El acuerdo para acceder a una línea de crédito de 10.200 millones de dólares, impuso como contrapartida el recorte del gasto público.
