La Unión Europea endureció las sanciones a Venezuela con prohibiciones de viaje y congelamiento de activos a siete funcionarios cercanos al presidente Nicolás Maduro, entre ellos a Diosdado Cabello, vicepresidente del chavista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a quienes acusa de participar en violaciones de los derechos humanos. El gobierno de Venezuela, por su parte, rechazó estas sanciones y las calificó de «indignas» e «ilegales».
Además de Cabello, segundo en importancia del poder político del oficialismo, las restricciones afectan al ministro del Interior, Néstor Reverol; al jefe de inteligencia, Gustavo González López y al ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides.
También integran la lista de sancionados la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena; el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, y a Tarek William Saab, quien sustituyó como fiscal general a Luisa Ortega tras su huida del país.
Todos ellos, a quienes Bruselas considera corresponsables en violaciones de los derechos humanos y principios democráticos, tendrán prohibido viajar a territorio de la UE y verán congelados sus activos en el bloque, según decidieron hoy formalmente los ministros de Exteriores de los países miembro.
La respuesta del gobierno venezolano llegó a través de un comunicado del ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, en el que «rechaza enérgicamente las medidas restrictivas impuestas» por la UE «de manera ilegal y unilateral».
«El Gobierno Bolivariano de Venezuela rechaza categóricamente las decisiones erráticas, intervencionistas, coercitivas e ilegales que la Unión Europea ha anunciado contra Venezuela», escribió el jefe de la diplomacia venezolana.
Según el chavismo, que gobierna Venezuela desde 1999, estas sanciones «violan los preceptos fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y pretenden ejercer una grosera injerencia en asuntos internos».
Hoy la UE «vuelve a ofrecer pruebas irrefutables de su notable subordinación ante el Gobierno supremacista y racista de Donald Trump», prosigue el comunicado de Caracas, en alusión a las sanciones impuestas antes por la Administración estadounidense contra varios funcionarios venezolanos.
El Gobierno de Maduro acusa a la UE de «infringir sus propios principios fundacionales» y de transgredir «la más elemental normativa del Derecho Internacional y amenazando la estabilidad» de la nación suramericana. La decisión había sido adelantada el 18 de enero por representantes de los estados y fue oficializada con su inmediata entrada en vigor.
Las sanciones son una respuesta de la UE a la actuación del Gobierno contra la oposición, que considera va contra la legalidad. Acusan además a Maduro de querer transformar su país en una dictadura.
La controvertida elección de una Asamblea Constituyente en julio pasado estuvo acompañada de denuncias de fraude y violentas protestas. En las manifestaciones que se produjeron además a principios de año murieron más de 100 personas.
Ya en noviembre, la UE había acordado un embargo de armas contra Venezuela. Últimamente, la situación política volvió a empeorar, comentaron hoy los ministros de Exteriores.
