Miles de agricultores protestaron hoy cortando rutas con sus tractores en diferentes puntos de España para reclamar una ley que garantice precios justos, ante la grave crisis que atraviesa el sector, que se agudizó por la entrada en vigor de acuerdos de libre comercio, como el aprobado entre la Unión Europea y el Mercosur, y por las barreras arancelarias impuestas por Estados Unidos.

Por medio de concentraciones, marchas de tractores y cortes de rutas, los agricultores españoles continúan con un plan de movilizaciones que comenzó en enero y que está convirtiéndose en una de las protestas del sector más grande de las últimas décadas.

Las manifestaciones, que fueron convocadas por las principales organizaciones agrarias del país, Asaja, COAG y UP, se extendieron desde el norte al sur del país, pasando por Lérida, en Cataluña, Oviedo, en Asturias, y Lucena, en Córdoba, además de Cádiz y Sevilla, copadas por los productores de olivas.

Unos 5.000 tractores atravesaron las calles del centro de Valencia, con lemas como «Basta de engañar a los agricultores», en reclamo de medidas frente la «crisis de rentabilidad» que están sufriendo.

«El desequilibrio de la cadena agroalimentaria está llevando al límite a miles de familias que se dedican a la producción de alimentos en toda España», afirmaron las organizaciones agrarias en un comunicado.

El sector agrícola y ganadero español pide medidas «urgentes» ante el panorama «negro» al que se enfrentan, y que los está llevando a la ruina.

En el caso de los olivareros de la provincia de Córdoba están sufriendo por los aranceles impuestos por Estados Unidos al aceite de oliva, así como los precios injustos de la cadena alimentaria, que los obliga a vender a pérdida a los grandes supermercados.

Por el contrario, otros productores agrícolas denuncian «competencia desleal» de los productos extranjeros, que cuentan con menos restricciones y exigencias que los españoles, como consecuencia de la entrada en vigor de acuerdos libre comercio como el CETA, firmado entre la UE y Canadá.

En Lérida, unos 3.000 productores de oliva y de frutas reclamaron ayudas para mantener la viabilidad de las producciones familiares, con costos cada vez más altos y rentas más bajas.

«En el Parlamento catalán no hay aceite de Cataluña», denunció Pere Roqué, presidente de Asaja Lérida, al reclamar protección para el sector, que pide más ayuda a la Unión Europea.

Ante en una eventual entrada en vigor del acuerdo entre el Mercosur y la UE, que aún debe ser ratificado por los parlamentos de los países afectados, los agricultores españoles piden un estudio de su impacto económico y más medidas.

En medios de las protestas, la ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, y el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, se reunieron con sindicatos agrarios de las sureñas regiones de Extremadura y Andalucía, ante quienes se comprometieron a realizar una campaña para inspeccionar las condiciones laborales del sector, tras una reciente denuncia de un relator de la ONU que alertó de una extrema pobreza y explotación.

Además, anunciaron una rebaja de los 35 días actuales a 20 días las «peonadas» (jornadas completas de trabajo) para acceder al subsidio de desempleo agrario, conocido como PER, debido a las condiciones climatológicas de los últimos meses que redujeron el volumen de trabajo en el sector.