La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos reclamó este martes una «investigación transparente» sobre las circunstancias de la muerte del concejal opositor venezolano Fernando Albán, que, según el fiscal de Venezuela, se suicidó durante su detención.

«Fernando Albán se encontraba detenido por el Estado. El Estado tenía la obligación de garantizar su seguridad, su integridad personal (…). Nosotros pedimos una investigación transparente para clarificar las circunstancias de su muerte», ya que existen «informes contradictorios sobre lo ocurrido», declaró una portavoz del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, en rueda de prensa en Ginebra.

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Por su lado la Unión Europea (UE) también exigió este martes una «investigación independiente» sobre las circunstancias de la muerte de Albán».

«Esperamos una investigación exhaustiva e independiente para aclarar las circunstancias de la trágica muerte del concejal Albán», indicó en un comunicado la oficina de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.

La UE, que se suma así al llamado de la ONU, impuso en el último año sanciones a Venezuela -un embargo de armas y medidas restrictivas contra 18 altos funcionarios- por, a su juicio, menoscabar la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.

Según el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, Albán, detenido en relación al presunto ataque con drones explosivos contra el presidente Nicolás Maduro, se suicidó el lunes en la sede del servicio de inteligencia.

El partido de Albán, Primero Justicia, denunció que se trató de un «asesinato».

Albán, concejal del municipio Libertador de Caracas, fue detenido el pasado viernes acusado de participar en la explosión de dos drones cerca de la tarima en la que Maduro pronunciaba un discurso el 4 de agosto, durante un desfile militar en la capital.

Saab explicó telefónicamente a la televisora gubernamental VTV que Albán «solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso diez».

El ministro de Interior y de Justicia, Néstor Reverol, afirmó que Fernando Albán se suicidó «en el momento en que iba a ser trasladado al tribunal».

Magnicidio frustrado

Nicolás Maduro calificó los hechos del 4 de agosto de «magnicidio en grado de frustración» y responsabilizó como autor intelectual al diputado Julio Borges, fundador de Primero Justicia y exiliado en Colombia.

La «crueldad de la dictadura terminó con la vida de Fernando Albán», reaccionó Borges en Twitter, al recordar que el concejal había viajado a Nueva York la semana pasada para visitar a sus hijos y lo acompañó a Naciones Unidas.

«No va a quedar impune su muerte», añadió el diputado, a quien Maduro acusa de formar parte de una trama para derrocarlo con la ayuda de Estados Unidos y Colombia.

El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, Bob Corker, de visita en Caracas, calificó de perturbadora la muerte de Albán. «El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que todos entiendan cómo pudo haber sucedido», escribió en Twitter.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó la muerte. «Responsabilidad directa de un régimen torturador y homicida», escribió en Twitter.

El ex candidato presidencial Henrique Capriles, miembro del partido de Albán, señaló que lo ocurrido «es total responsabilidad del régimen». «NUNCA podría haber actuado contra su vida», subrayó en Twitter.