Organizaciones israelíes acusan por primera vez al Estado de Israel de cometer genocidio en Gaza
Así lo calificaron los informes independientes realizados por B’Tselem y por Médicos por los Derechos Humanos–Israel y se suman a denuncias internacionales que ya evalúa la Corte Internacional de Justicia.
Por primera vez desde el inicio de la guerra en Gaza, dos reconocidas organizaciones israelíes de derechos humanos -B’Tselem y Physicians for Human Rights–Israel (PHRI)- calificaron públicamente como genocidio la ofensiva militar del Estado de Israel contra la población palestina en la Franja. La denuncia, hecha a través de informes independientes, marca un hito en la narrativa local sobre el conflicto y amplifica las acusaciones ya emitidas por organismos internacionales.
En su documento titulado Our Genocide, B’Tselem -la organización israelí más prominente en materia de derechos humanos- sostiene que las políticas aplicadas por Israel desde los ataques del 7 de octubre de 2023 contra civiles israelíes han escalado hacia una “campaña sistemática de aniquilación” de la sociedad palestina. Por su parte, PHRI, con base en evidencia médico-sanitaria recogida en el terreno, denuncia la destrucción deliberada del sistema de salud y de las condiciones mínimas de supervivencia en Gaza.
“El genocidio no es solo el asesinato directo. También lo es imponer condiciones que impidan la vida de un grupo humano”, sostienen desde PHRI. En ese sentido, señalan como actos genocidas el bloqueo alimentario, los ataques a hospitales, la destrucción de viviendas e infraestructura civil y el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas.
Además, señala que desde octubre de 2023, Israel atacó 33 de 36 hospitales y clínicas de Gaza y los privó de combustible y agua. De acuerdo con el informe, decenas de personas mueren a diario de desnutrición. Al menos 85 niños han muerto de hambre y 92 % de los bebés de entre seis meses y dos años no tienen suficiente para comer.
Estas nuevas voces internas se suman a las ya expresadas por entidades como Amnesty International y Human Rights Watch (HRW), que desde fines de 2024 vienen alertando sobre la posibilidad de crímenes de genocidio. HRW denunció el corte deliberado de agua y electricidad, así como el impedimento a la entrada de ayuda humanitaria como prácticas que “pueden constituir genocidio según el derecho internacional”.
La gravedad de las acusaciones llevó a que Sudáfrica presentara una denuncia formal ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, que en enero de 2024 dictaminó que “existe un riesgo plausible de genocidio” y exigió a Israel adoptar medidas urgentes para evitar su consumación. En paralelo, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y contra la humanidad, incluyendo el uso del hambre como arma de guerra.
Mientras tanto, organismos humanitarios alertan sobre una catástrofe sin precedentes: según datos de Naciones Unidas, millones de personas están en riesgo de hambruna en Gaza, especialmente niños y mujeres. La entrega de ayuda humanitaria es limitada y, en muchos casos, bloqueada o condicionada. Expertos hablan de una “hambre militarizada” y de una campaña que podría dejar secuelas generacionales.
Desde el gobierno israelí, las acusaciones han sido categóricamente rechazadas. Argumentan que la ofensiva se dirige contra Hamas, a quien consideran responsable del conflicto, y niegan intenciones genocidas. Sin embargo, voces disidentes dentro de la sociedad israelí -incluidos ex militares y activistas- comienzan a expresar preocupación por el rumbo de la política bélica y sus consecuencias humanitarias.
La publicación de estos informes por parte de organizaciones israelíes marca un antes y un después en la percepción global del conflicto. Su origen interno les otorga una legitimidad particular en el debate internacional sobre derechos humanos y podría tener un peso determinante en los procesos judiciales en curso.