Veintiún jueces brasileños, entre ellos camaristas, fueron condenados por vender sentencias a precios que van desde 180 a 100.000 dólares, según datos del Consejo Nacional de Justicia, divulgados este lunes, que se suman al escándalo por ilegalidades en la operación anticorrupción Lava Jato.

Desde 2005, el Consejo Nacional de Justicia condenó a siete jueces y a seis camaristas por venta de sentencia y medidas cautelares, varias de ellas a pedido de dirigentes políticos, de acuerdo con datos oficiales publicados este lunes por el sitio The Intercept Brasil.

Es el mismo sitio que hace cuatro meses revelara los diálogos de los chats de Telegram de los fiscales de la operación Lava Jato y el ex juez Sérgio Moro, en los cuales aparecen jugadas políticas y los pormenores de la condena al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Luego de que la corrupción de los políticos y las empresas fueran puestas en el primer plano nacional e internacional con la operación Lava Jato, los datos del Consejo Nacional de Justicia, una suerte de consejo de la magistratura en Brasil, no dejan dudas: también jueces se corrompieron para vender sentencias.

Sérgio Moro

El caso más grave fue el de un magistrado del Tribunal de Justicia de Bahía, la máxima corte de ese estado del noreste del país, llamado Rubem Dario Cunha.

Según las investigaciones, Cunha cobró 400.000 reales (casi 100.000 dólares) en 2007 por fallar a favor del entonces intendente de Sao Francisco de Conde, Antonio Pascoal Batista, del Partido Laborista Brasileño (PDT), denunciado por la fiscalía de desvío de unos 300.000 dólares.

Según la causa, Cunha le pidió también al alcalde un cargo para su nuera en la Municipalidad.

Los estados con la mayor cantidad de casos son Tocantins, en el norte amazónico, y Bahía y Ceará, en el noreste, con cuatro cada uno.

En la otra punta aparece la venta «mayorista» de fallos por parte del juez de primera instancia José Dantas Lira, de la pequeña Ceará-Mirim, en el estado de Rio Grande do Norte.

Cada medida cautelar era vendida a 750 reales, unos 180 dólares. El juez Dantes le concedió 22 fallos favorables a apenas tres personas en apenas seis meses.

En dos años, este juez recaudó tres millones de reales, unos 750.000 dólares, y la sanción fue la máxima pena que tiene para los jueces el Consejo Nacional de Justicia: la jubilación obligatoria.

Estos casos se conocieron cuando en el Congreso avanza la conformación de la Comisión Parlamentaria de Investigación de la Lava Jato, que cuenta con el respaldo de la oposición y parte del oficialismo.

Según el diario Folha de Sao Paulo, Moro, actual ministro de Justicia, le expresó preocupación por el asunto al titular de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, segundo en la línea de sucesión presidencial.

Es que la operación Lava Jato se encuentra bajo revisión por parte del Supremo Tribuna Federal (STF, corte suprema) a raíz de sus fallas procesales y de investigación.

Este miércoles debe definirse si todas las condenas de Lava Jato deben anularse a raíz de que Moro alteró el procedimiento del juicio, ocultando a las defensas el alegato final de los criminales confesos que adhirieron a la delación premiada.

También The Intercept reveló la trama fuera de la legalidad supuestamente trazada por el jefe de los fiscales de Curitiba, Deltan Dallagnol, para investigar los desvíos de Petrobras y el accionar de corte partidario contra el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.

El ex presidente se encuentra preso desde el 7 de abril de 2018 por corrupción y busca la anulación de su proceso.

Lula tiene el derecho de acceder a un régimen domiciliario con tobillera electrónica, pero el ex mandatario busca la anulación. «Espero salir y que entren Moro y Dallagnol a la cárcel», dijo en un video divulgado el sábado durante una entrevista con los economistas Eduardo Moreira y Luiz Gonzaga Belluzo.

La situación de Lula 

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva rechazó el derecho a acceder a arresto domiciliario, como había solicitado la fiscalía, y afirmó que prefiere esperar en prisión la anulación de su condena por parte de la corte suprema de justicia.

Lo informó el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, luego de reunirse con el ex mandatario en la celda que ocupa en la sede de la Policía Federal en la ciudad sureña Curitiba.

«No cambio dignidad por libertad», escribió Lula en una carta manuscrita y enviada por Zanin a periodistas para responder a la posibilidad de acceder a arresto domiciliario a que lo autoriza la legislación de ejecución penal y que fue pedido por la fiscalía.

Lula fue condenado en tercera instancia a ocho años y 10 meses de prisión, y puede beneficiarse con el cumplimiento en su domicilio, para lo cual debería usar una tobillera electrónica, que se niega a colocarse.

Lula da Silva

En cambio, el ex mandatario espera que el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) resuelva algunos de los recursos de hábeas corpus que presentó su defensa con el objeto de que se anule la sentencia.

En esos recursos, se acusa de parcialidad tanto al ex juez Sérgio Moro -hoy ministro de Justicia- y al fiscal Deltan Dallagnol, sobre la base de las relevaciones hechas por el sitio The Intercept Brasil sobre conversaciones entre el entonces magistrado y procuradores con el supuesto objeto de condenar a Lula para quitarlo de la competencia electoral de 2018.

Lula está preso desde el 7 de abril de 2018, condenado por corrupción y lavado de dinero, debido a que Moro entendió que el ex mandatario recibió de la constructora OAS un departamento en el balneario Guarujá, cuya propiedad ocultó.

Los miembros del STF deben reunirse este miércoles para discutir los detalles de anulaciones de condenas a raíz de errores de procedimiento atribuidos a Moro.

«Quiero que sepan que no acepto negociatas por mi dignidad y mi libertad», dice Lula en otro párrafo de su carta.

El sorprendente pedido para conceder la prisión domiciliaria a Lula fue hecho el viernes pasado por Dallagnol, el jefe del equipo de investigadores de la operación Lava Jato.