Dirigentes sindicales de catorce organizaciones estatales argentinas, encabezados por el jefe de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, solicitaron hoy al gobierno de Chile «el cese de la represión contra los trabajadores» de ese país y «la generación de condiciones para recobrar la paz social y reformar la Constitución».

Rodríguez presidió una delegación sindical que entregó en la embajada chilena en Buenos Aires un petitorio en el que solicitó «la generación de condiciones para recobrar la paz social y reformar la Constitución que rige desde la dictadura pinochetista».

El secretario general de la UPCN fue acompañado por dirigentes aduaneros (Supara), legislativos (APL), de obras sanitarias (Sgbatos), no docentes de la UBA (Apuba), de universidades nacionales (Fatun), municipales (CTM), judiciales (UEJN), jerárquicos de agua y energía (Apjae), empleados de la AFIP (Aefip), jerárquicos del Congreso (APES), organismos de control (APOC), médicos (Fesprosa) y jerárquicos de energía (APSEE).

Los gremios, que integran la Internacional de Servicios Públicos (ISP), que en Chile representa a más de 20 millones de trabajadores, reclamaron en el documento elaborado por la UPCN la necesidad de retomar «el Estado de derecho, recobrar la paz social y crear las condiciones para la reforma de la Constitución que rige desde Augusto Pinochet y no contempla el acceso al agua, la salud, la educación y la justicia social», puntualizaron.

«Esa Carta Magna no contempla esos y otros derechos básicos y permitió privatizar y mercantilizar esos servicios durante más de 40 años», según informó el gremio estatal.

Las organizaciones estatales también exigieron en el petitorio que el gobierno de Sebastián Piñera incorpore al diálogo político al colectivo Unidad Social, integrado por más de 200 entidades gremiales, sociales y estudiantiles, y no solo a los partidos opositores.

También solicitaron «el cese de la brutal represión y la violación de los derechos humanos» contra los chilenos, al referirse a los episodios de convulsión social registrados en ese país desde el 18 de octubre, y la inmediata convocatoria a «un diálogo social amplio para permitir soluciones consensuadas y duraderas a la actual crisis existente».