Conocido por su sigla en español TCE (ECT en inglés), el Tratado de la Carta de la Energía de 1994 es un acuerdo de comercio energético e inversión plurilateral que en realidad se gestó en 1991 tras la caída del muro de Berlín, cuando 48 países firmaron la Carta Europea de la Energía en Holanda. El acuerdo cuyo objetivo inicial fue proteger la inversión transfronteriza en el sector energético ante los interrogantes que suscitaba invertir en los países del bloque soviético, en la última década ha sido motivo de un sin fin de litigios y demandas a gobiernos.
Al TCE suscriben unas 53 naciones entre las que figuran países del bloque CEI, los países de la Unión Europea, además de países de la OCDE como Japón y Australia y países de Asia Central.
En la actualidad es un tratado que genera muchísima controversia, ya que provee el marco jurídico para que los inversores extranjeros exijan una compensación financiera por parte de los gobiernos si estos últimos implementasen cambios en la política energética que afectaren negativamente sus inversiones.
Bajo ese paraguas jurídico las grandes corporaciones pueden valerse de ese derecho especial a través del “Arbitraje de Inversiones” para recibir una compensación económica cada vez que un Gobierno apruebe una ley para proteger el medio ambiente, o para evitar una catástrofe nuclear”, algo que, en palabras de la ecologista Izaskun Aroca Sánchez, ha dado lugar a “todo un nicho nuevo para los abogados” (Energía, Tres Décadas de Demandas, Combustibles fósiles y Secretismo https://www.elsaltodiario.com/energia/tratado-carta-tres-decadas-demandas-combustibles-fosiles-secretismo).
En 2009 Rusia abandonó el Acuerdo, en 2016 Italia hizo lo mismo, y en lo que ha transcurrido del mes de octubre Polonia, España, Holanda y Alemania comunicaron su decisión en ese sentido también.
Esta semana el Gobierno de los Países Bajos emitió un comunicado en el que expresa el abandono del tratado energético debido a que entra en conflicto con los compromisos del Tratado Climático de París, así lo reflejó su Ministro de Política Energética y Climática, Rob Jetten.
En el caso de España el ecologista e investigador social Tom Kucharz en 2018 abordó el tema con su artículo “El Tratado sobre la Carta de la Energía: abramos la caja de Pandora” (https://elperiodicodelaenergia.com/el-tratado-sobre-la-carta-de-la-energia-abramos-la-caja-de-pandora/) donde observa lo siguiente: “el opaco tratado en vigor desde 1994 nunca fue sometido a un debate público. El entonces rey, Juan Carlos, y el presidente de gobierno, Felipe González, lo firmaron sin elaborar un estudio de impacto ni informar de las consecuencias. El pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 16 de marzo de 1995, lo ratificó sin debate y sin interesarse por sus posibles impactos. Hoy habría que pedirles cuentas por aquella decisión. ¿Hubo negocios con empresas energéticas u otros conflictos de intereses que “ayudaron” a firmar este tratado?”
Kucharz en aquel entonces ya advertía en su “Abramos la Caja de Pandora” cómo el Tratado había dado lugar a “una cascada de 40 demandas” de inversores extranjeros contra España ante tribunales privados de arbitraje, al argumentar que las modificaciones en los retroactivos en el marco normativo del sector eléctrico, y concretamente en el régimen de ayudas a las energías renovables constituían una violación del Tratado sobre la Carta de la Energía.
Los opositores al Acuerdo lo han tildado de obsoleto, problemático y hasta lo han calificado de “lastre para la soberanía de los países y para la justicia climática”.
La Comisión Europea desde 2019 se ha mostrado en favor de una modernización del Acuerdo, a tal efecto a través de los años numerosas rondas se han celebrado con los inversionistas a fin de negociar los cambios, pero el proceso de actualización del Tratado ha probado ser una labor sumamente compleja debido a la cantidad de países signatarios, la dificultad en obtener unanimidad, y la cantidad de intereses que convergen.
Hace unos meses a finales de junio se dió a conocer que se había alcanzado un “Acuerdo de Principio” para la actualización. Sin embargo, cuando un grupo de expertos analizó la propuesta en detalle evidenció que aquellos temas clave, permanecieron sin cambio significativo, quedando aspectos importantes como una adaptación a la transición ecológica, y la reforma en cuanto a la solución de controversias entre inversionistas y Estados sin resolver.
