Trump firma orden ejecutiva para unificar la regulación estatal de la Inteligencia Artificial
El presidente estadounidense busca establecer un marco federal único que facilite la innovación tecnológica y evite regulaciones locales conflictivas. La medida genera apoyo en la industria y preocupación entre críticos de la desregulación.
Donald Trump firmó este jueves 12 de diciembre una orden ejecutiva destinada a crear un marco regulatorio federal único para la inteligencia artificial (IA), con el objetivo de reemplazar las normas estatales consideradas “engorrosas” para las empresas tecnológicas. Según la administración, la falta de un estándar nacional uniforme representa un obstáculo para la innovación y coloca a EE.UU. en desventaja frente a competidores internacionales como China.
En este sentido, el decreto apunta a evitar que las leyes estatales incluyan “sesgos ideológicos” y solicita la colaboración del Congreso para implementar un sistema regulatorio coherente y uniforme, que reduzca la incertidumbre legal y permita a las empresas operar bajo un marco claro.
Asimismo, establece la posibilidad de imponer sanciones económicas a los estados que no se ajusten a la normativa federal, incluyendo la pérdida de acceso a fondos para proyectos de banda ancha, clave para expandir la conectividad en todo el país.
Además, Trump ordenó la creación de un grupo de trabajo liderado por la fiscal general Pam Bondi, encargado de supervisar el cumplimiento de la orden y de impugnar leyes estatales que interfieran con el decreto. Según el presidente, esta medida es esencial para garantizar que las empresas de IA puedan innovar libremente sin burocracia excesiva.
Por otra parte, la medida recibió respaldo de importantes figuras de la industria tecnológica, como Sam Altman, CEO de OpenAI, Jensen Huang de Nvidia y Sundar Pichai de Google, quienes destacaron que la regulación estatal fragmentada podría frenar la competitividad y el desarrollo del sector en EE.UU.
Sin embargo, críticos y grupos de defensa del consumidor alertan sobre los riesgos de desregulación, advirtiendo que la falta de supervisión podría permitir prácticas empresariales irresponsables en un sector que impacta directamente en decisiones de salud, empleo y crédito de las personas.