Ante los reiterados robos de cables, picaportes y caños –entre otros objetos de cobre o bronce, que luego son vendidos dentro de un mercado ilegal– el Concejo Municipal busca avanzar en diferentes medidas que regulen esta actividad para mermar los hechos delictivos.
Actualmente, la comisión de Gobierno del Palacio Vasallo se encuentra discutiendo dos proyectos que buscan regular el trabajo de chatarrerías en la ciudad. En el encuentro que los ediles mantuvieron este jueves, decidieron postergar la discusión hasta después del receso, para compatibilizar la normativa local con la provincial.
Una de las iniciativas fue presentada por el concejal de Arriba Rosario, Ciro Seisas. La propuesta establece condiciones para la comercialización de productos usados en chatarrerías y casas de antigüedades.
La otra iniciativa fue impulsada por el edil de Volver a Rosario, Miguel Ángel Tessandori, y acompañada por su compañera de bloque, Valeria Schvartz; por el radical Marcelo Megna; y por el concejal de Juntos por el Cambio, Carlos “Charly” Cardozo. En sintonía con la propuesta anterior, este proyecto establece obligaciones para compradores de metales no ferrosos.
En este sentido, la presidenta de la comisión, Caren Tepp (de Ciudad Futura) detalló que había requerido que los cinco concejales trabajaran en un texto común, pero marcó que “es un tema de preocupación y está en la agenda pública”, por lo que sugirió elaborar como proyecto de la comisión un pedido de informes sobre una ordenanza votada en el 2016 que “establecía para determinados rubros un régimen especial”.
Cabe destacar que ambos proyectos apuntan a determinar “criterios de trazabilidad” para la compraventa de cobre y bronce. Así, sería más fácil conocer el origen de estos materiales e identificaron cuando los mismos son delictivos.
Proyecto de Seisas: la necesidad de generar trazabilidad en la cadena de comercialización
El proyecto presentado por Seisas propone ser “una herramienta que permita prevenir las actividades delictivas que se verifican normalmente en horas nocturnas, ligadas a hechos de robo o hurto de distintos bienes con cierto valor de reventa tales como por ejemplo bocas de tormenta, porteros eléctricos, herrajes de bronce, cableados de cobre, ruedas o autopartes de vehículos, medidores de agua potable, y un largo etcétera siempre cambiante en función del valor de mercado de tales productos para su posterior reventa a terceros”.
Por lo tanto, el fin de la ordenanza es “prevenir la comercialización de bienes y productos usados que sean obtenidos ilícitamente mediante actividades delictivas comunes tales como el robo o el hurto, generando criterios de trazabilidad en las cadenas de comercialización de los mismos”.
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De aprobarse, la normativa alcanzaría a chatarrerías y establecimientos industriales que comercien o industrialicen metales no ferrosos; y comercios que compren o vendan objetos no registrables, antigüedades o piezas para motos o autos.
“Los sujetos alcanzados por la normativa deberán llevar un registro digital y un libro foliado y rubricado por la Autoridad de Aplicación, en los que quedarán plasmadas todas las operaciones de compra de bienes usados que realicen y que constituyan el inventario de objetos propios de su actividad comercial, facilitando la determinación de la procedencia y el seguimiento de los mismos”, agregó el proyecto, al tiempo que aclaró que esta información será “confidencial”.
En caso de aprobarse, la aplicación de la norma estará a cargo de la Secretaría de Control y Convivencia de la Municipalidad de Rosario; mientras que se prevén sanciones para quienes no cumplan con la ordenanza.
Proyecto de Tessandori: obligaciones para empresas o personas que comercien metales no ferrosos
La ordenanza impulsada por Tessandori y apoyada por Schvartz, Megna y Cardozo, busca dar una solución a “los hechos reiterados de delitos de robo y vandalismo de objetos de metales como el cobre y bronce”.
Esta iniciativa recae sobre personas o empresas rosarinas que se dediquen a la compraventa de metales no ferrosos y compren estos productos a recolectores y recicladores. En este sentido, deberán identificar a los vendedores de dichos materiales –y guardar una copia de la documentación–, siempre que se realicen las siguientes transacciones:
• Operaciones mayores a $30.000, cualquiera sea su naturaleza.
• Operaciones relacionadas con cables de servicios públicos tales como telefonía o iluminación. En estos casos deberá demostrarse adicionalmente el origen lícito de los mismos. Esta obligación será salvada en caso de que los vendedores sean empresas constructoras o de demolición.
• Operaciones que involucren materiales como placas de bronce, cruces o elementos religiosos, flexibles de cobre de los medidores domiciliarios de agua, placas de porteros eléctricos.
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Los materiales adquiridos deberán permanecer en guarda por un mínimo de tres días, a disposición de las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales que las requieran para su control.
“El incumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente ordenanza provocaran la clausura del establecimiento, sin perjuicio de las denuncias penales si correspondieren”, concluye el proyecto.
