Este jueves el Concejo Municipal aprobó una resolución que pide al gobierno provincial que se remuevan los símbolos e imágenes religiosas de escuelas y hospitales públicos y/o pertenecientes a la provincia de Santa Fe con jurisdicción en Rosario.

La iniciativa fue impulsada por la edila Celeste Lepratti (Frente Social y Popular) en miras de “garantizar el efectivo cumplimiento de los principios de libertad religiosa y conciencia”.

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“Lo público es laico”, sintetizó Lepratti al momento de argumentar el proyecto, que calificó como “un pequeño aporte para fortalecer una democracia que nos contenga a todos y un Estado que no haga prevalecer derechos de una creencia por sobre otra”.

La resolución fue aprobada por mayoría reglamentaria (13 votos contra 10), con la negativa de los bloques de Cambiemos, Compromiso por Rosario (Osvaldo Miatello), y el Partido Demócrata Progresista (Lisandro Zeno y Aldo Poy) tras intercambios entre varios concejales referidos a la interpretación del texto votado.

El pedido al Ejecutivo provincial llega en momentos en que se debate en distintos ámbitos la separación de la Iglesia de Estado, un antiguo reclamo de sectores principalmente de izquierda que volvió a cobrar impulso a partir de la discusión sobre el aborto legal, rechazado en agosto en el Senado de la Nación, luego de obtener media sanción en Diputados.

“La simbología religiosa no sólo no es representativa de la totalidad de la población, sino que a su vez no se condice con la laicidad del municipio y la provincia” reza un fragmento de los considerandos del expediente despachado en el Palacio Vasallo.

Posturas

El proyecto tuvo un tratamiento largo en la sesión, con argumentaciones a favor y en contra que dilataron una votación que terminó siendo más ajustada de lo que se preveía, motivando incluso un poroteo banca por banca de la activa Caren Tepp, de Ciudad Futura.

El tema de la religión es siempre espinal, toca nervios sensiblísimos de índole no sólo política sino cultural y filosófica, por lo que el principal contrapunto puede resumirse entre quienes adujeron que aprobar la resolución de Lepratti daba “un mensaje equivocado” y los impulsores, que acusaban a los otros de “equivocar la interpretación del mensaje”.

El concejal Osvaldo Miatello, por ejemplo, se mostró contrario a votar el proyecto en tanto consideró que “envía un mensaje que puede estar bien que emita un sector político pero no una institución como el Concejo” ya que “ahonda divisiones y no contribuye en nada”.

“La religiosidad popular no implica necesariamente ir a una misa, no es una discusión religiosa sino política, que involucra la cultura y la tradición, elementos de defensa ante poderes mundiales en épocas de globalización capialista, donde potencias destruyen la tradición”, se explayó el edil justicialista.

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A él se sumó el concejal de Cambiemos Carlos Cardozo, que también recordó que la Constitución de Santa Fe declara en su artículo 3ero que el gobierno de la provincia profesa el catolicismo, algo que “deberá seguramente discutirse en el marco de una reforma constitucional pero debe definirlo la Legislatura.

Cardozo criticó además el proyecto por hacer gala de “un laicismo exacerbado que hoy no es necesario”.

El concejal del PDP, Lisandro Zeno, por su parte, aseguró que la iniciativa era “contradictoria” por no permitir que una persona, “más allá del credo que practique pueda hacerlo públicamente, siendo algo que pasa mucho dentro de un hospital”.

“Separamos, no respetamos todas las religiones, en vez de remover, todos podrían poder profesarse públicamente, se trata de ser más tolerantes”, agregó.

La respuesta provino de edilas que fueron firmantes del proyecto de Lepratti y otras que lo apoyaron, como María Eugenia Schmuck, quien criticó a quienes se opusieron por “confundir”.

“Financiar con impuestos de todos cultos de algunos es atentar contra la libertad religiosa. La escuela y  el hospital público no son católicos, y la manera más simple de no ofender es no promover, desde lo simbólico, ninguna religión. Además no estamos resolviendo nada, es un pedido al Ejecutivo provincial, un posicionamiento político”, expresó Schmuck.

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La concejala Marina Magnani (Unidad Ciudadana), por su parte, arguyó que “hay algo superior al dogma y son las leyes nacionales”, mientras que su par de Ciudad Futura, Caren Tepp, criticó a quienes expusieron contra el proyecto por “tergiversar” el debate.

“Nadie va a imponer su ateísmo. Se trata de que en espacios comunes se garantize la libertad. Además el texto pide expresamente preservar lugares destinados a culto dentro de instituciones de salud y relativas a distintas creencias”, cerró Tepp.