La Concejalía Popular de Rosario impulsó este miércoles un paquete de medidas que busca conseguir soluciones a los problemas que enfrenta cotidianamente la población para acceder a un alquiler. Entre el conjunto de iniciativas se destaca el pedido de aprobación de un proyecto que apunta a crear un Registro Provincial de la Vivienda Ociosa para que exista un listado que permita determinar el número de inmuebles desocupados.
«Se calcula que hay entre 60 mil y 80 mil inmuebles ociosos, que están desocupados hace dos, cinco o más años. Es especulación inmobiliaria», advirtió el titular de la Concejalía Popular, Nire Roldán, en declaraciones a Conclusión.
Ante este escenario, las organizaciones que defienden los derechos de los inquilinos insisten en la necesidad de aprobar el Registro Provincial de la Vivienda Ociosa para «poner un freno a la especulación reinante en nuestras ciudades y saber quiénes son los titulares».
El siguiente paso, tal explicó Roldán, sería aplicar mayor presión fiscal sobre esas viviendas deshabitadas para favorecer la oferta del inmueble en alquiler.
Además, tanto la Concejalía Popular como el Frente Nacional de Inquilinos proponen la creación de un Organismo Provincial que contenga Oficinas de Atención al Inquilino en cada ciudad cabecera departamental para brindar asesoramiento y evitar abusos.
Asimismo, buscan que se cree un Fondo fiduciario que solucione el problema de las garantías y una Defensoría Provincial de Inquilinos para que existan oficinas de gestión en resolución de conflictos y mediación entre partes.
PROGRAMA DE VIVIENDA PÚBLICA EN ALQUILER
Desde la Concejalía Popular exponen desde hace tiempo las grandes dificultades que enfrenta todo aquel que quiere acceder a una vivienda a raíz de la disparidad de fuerzas que se presenta entre la persona que busca alquilar y el que dispone de un inmueble -o más- para fijar el precio.
Ante esto, proponen como solución la constitución de un Fondo Especial para la Construcción de Viviendas en Alquiler, para que el Estado construya -junto a organizaciones gremiales y sociales- e intervenga de manera directa en el mercado.
De esta manera podría mejorar el acceso de los sectores de ingresos medios; trabajadores públicos y privados; jubilados y estudiantes, al alquiler.
Estas propuestas no dejan de lado la articulación con el sector privado. Roldán puso como ejemplo «una salida concreta» que erigieron «en Ayolas y Ayacucho», donde se va «a trabajar con vecinos y organizaciones del barrio para brindar una cantidad de plazas determinadas destinadas a resolver el problema de la vivienda».
El referente de Concejalía Popular se refiere puntualmente a un «hostel social, con biblioteca popular» que aportará una alternativa accesible para el problema de la vivienda.
«Si lo puede hacer una organización social, que no tiene recursos y pelea desde la base, lo puede hacer el Estado apropiándonos de la plusvalía urbana de tantos inmuebles que tienen alturas violando normas», destacó Roldán.
«La ciudadanía tiene que participar y decir: un 20 o 30% de esa plusvalía, como en París; Alemania y otros lugares del mundo, tiene que destinarse a la vivienda pública de alquiler», enfatizó.
PAQUETE ESTRATÉGICO
Desde la Concejalía Popular impulsarán en total un conjunto de 10 iniciativas que estarán en poder de los legisladores para avanzar en respuestas concretas.
Según el listado que acercó la organización, los proyectos serán los siguientes:
- –Servicio Público del Alquiler
- -Observatorio Regional de la Vivienda en Alquiler
- -Vivienda Pública en Alquiler
- -Vivienda Social en Alquiler
- -Promoción de la vivienda destinada al alquiler
- -Recuperación de inmuebles ociosos para el alquiler social
- -Programa de recuperación de centros comerciales
- -Construcción de vivienda protegida en alquiler, asociativa y colaborativa.
- -Registro Municipal de Vivienda y Contratos de Alquiler
- -Fondo Municipal de Plusvalía Urbana.
