Javkin teme una fuerte suba en surtidores: “El Impuesto a los Combustibles tiene acumulado, sin aplicar, casi un 10% más”
“Es bastante absurdo es que mientras ponen un tope al subsidio de la Sube, no bajen el Impuesto a los Combustibles”, expresó el intendente de Rosario, en tono crítico con Nación.
- Ciudad
- Jul 2, 2026
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, cuestionó al gobierno de Javier Milei por volver a aumentar el Impuesto a los Combustibles y alertó que estos tributos tienen un 10% de incremento acumulado que aún no se aplicó. “Por suerte no se animan a efectuar esta suba, pero en algún momento lo pueden hacer”, apuntó el titular del Palacio de los Leones.
En diálogo con los medios, entre ellos Conclusión, Javkin dijo: “Hoy aumentó el Impuesto a los Combustibles y este miércoles le pusieron un tope al subsidio de la Sube, a lo que se conoce como Tarifa Social. Yo no me opongo a que tenga un límite. Si eso es para que la tarifa sea más barata, bienvenido sea. Lo que es bastante absurdo es que mientras llevan adelante esta medida no bajen el Impuesto a los Combustibles, porque están jodiendo al vecino aumentando tributos y poniéndole un tope a los subsidios”.
Y añadió: “En Rosario hemos sido muy prudentes con la tarifa, de hecho hoy estamos en el medio del lote de las ciudades, pero hasta eso es raro. El decreto de Nación premia a las localidades que aumentaron el boleto, es una cosa tan absurda que explicarla lleva tiempo, porque es difícil de entender lo que han hecho. No nos oponemos a que pongamos un tope, eso beneficia al usuario, pero si hacen eso, bajen el impuesto”.
El intendente rosarino, además, expresó su temor de que haya un fuerte incremento en surtidores producto del ajuste arancelario: “El Impuesto a los Combustibles lleva dieciséis aumentos y tiene acumulado, sin aplicar, casi un 10% más, que por suerte no se animan a concretar, pero en algún momento lo pueden hacer. Es la Argentina al revés, todo se recauda desde un lugar y todo se queda en la caja nacional, ni siquiera en los colectivos de la provincia de Buenos Aires. Acá todo se lo queda Nación incumpliendo la Ley de Combustibles”.
¿Qué cambios habrá en el subsidio a la Sube?
La gestión de Milei cambió la forma en que el Estado Nacional financia el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social en todo el país y dejará de actualizar constantemente la cobertura en la Sube ante los aumentos de boleto.
A partir de la entrada en vigencia de la Resolución 40/2026, el reconocimiento del beneficio dejará de aplicarse de forma automática sobre cualquier tarifa que decidan las jurisdicciones locales. En su lugar, se establecen “tarifas de referencia” que funcionarán como el tope máximo sobre el cual se calculará el descuento financiado por el Tesoro Nacional.
La normativa dispone que para las provincias y municipios, las tarifas de referencia serán aquellas que estaban vigentes al 30 de junio de 2026 (para rosario, es e $1.720). En el caso de los servicios de transporte automotor y ferroviario de jurisdicción nacional, se tomarán como base los cuadros tarifarios aprobados en mayo de 2026.
De esta manera, las tarifas de referencia establecidas precedentemente serán aplicables a partir de este miércoles 1 de julio y mantendrán su vigencia hasta tanto la Secretaría de Transporte proceda a su actualización.
El fundamento principal de esta decisión radica en la “marcada dispersión tarifaria” y la dinámica de aumentos frecuentes y heterogéneos que aplican los gobiernos provinciales y municipales. Desde el Estado Nacional explicaron que, al no ser la autoridad de aplicación en esos distritos, sus erogaciones aumentaban ante cada suba local.
La decisión no modifica el universo de beneficiarios ni reduce el 55% de descuento para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. Sin embargo, estas personas podrían pagar un poco más caro el boleto ya que este porcentaje no necesariamente se aplicará sobre la tarifa vigente.
Asimismo, la medida no altera las facultades de las provincias o municipios para fijar sus propios cuadros tarifarios. Si una jurisdicción decide establecer tarifas más altas o mantener esquemas de gratuidad superiores, podrá hacerlo, pero deberá regular su propia forma de implementación y asumir el financiamiento adicional correspondiente.

