La Concejalía Popular rechazó esta mañana la reforma del Código de Procedimientos y exigió que se sancione una Ley de Suspensión de Remates para frenar los desalojos en un contexto de crisis económica creciente. Además, acompañaron la presentación de un pedido de informe en la Cámara de Diputados de Santa Fe ante las irregularidades denunciadas en los tribunales de la provincia.
El titular de la Concejalía Popular, Nire Roldán, dialogó con Conclusión y contó que «ante el avance en la Cámara de Diputados de la provincia de un intento de modificación que, en la práctica, sería la adecuación del Código de Procedimientos de la provincia de Santa Fe a las reformas que ha hecho el Gobierno Nacional. Un modelo neoliberal de justicia que nos parece totalmente impracticable porque, además, es inconstitucional».
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Roldán explicó que la inconstitucionalidad se identifica en la «violación de derechos y garantías de los ciudadanos, generando una indefensión para los titulares de inmuebles de forma precaria, aquellas personas que si esto avanza sufrirían un desalojo exprés. En menos de 45 días van a poder poner a la persona en la calle».
«Lo que estamos planteando es un pedido de informe ante las denuncias de muchas personas que viven estas irregularidades sistemáticas donde, en caso de remate dónde está la usura detrás, hay situaciones muy extrañas. Es por eso que el diputado (Carlos) Del Frade va a presentar un pedido de informe directamente al Ministerio de Justicia de la provincia de Santa Fe, a la cámara Suprema de la provincia y, por supuesto, a la comisión de asuntos constitucionales de la Cámara de Diputados para que averigüe e investigue los casos y tome una resolución al respecto», señaló el titular de Concejalía Popular.
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Otro de los puntos del reclamo también está dirigido a ambas cámaras de legisladores provinciales y tiene que ver con la sanción de una Ley de suspensión integral de remates para evitar que jubilados y trabajadores pierdan sus inmuebles.
«Hoy son cada vez más rápidos los casos en se avanza con estos juicios y ejecuciones y se rematan los inmuebles rápidamente. Hay que evitar eso en situaciones tan complicadas como la que vivimos los argentinos en este momento. Tiene que haber una mediación para encontrar salida conjunta y escuchar qué plantea la defensa en juicio y no avanzar en este tipo de situaciones que son muy violentas y terminan despojando a los sectores más desposeídos de la sociedad», explicó Roldán.
«Por eso pedimos una ley de protección integral y suspensión por un año de los remates en la provincia de Santa Fe», concluyó el titular de la Concejalía Popular en conversación con Conclusión.
