En esta oportunidad Gisela Gentile y Alejandro Maidana dialogaron con Ariel D'Orazio, integrante de la Concejalía Popular e incansable luchador por los derechos de quienes alquilan.
Organismos como la Concejalía Popular e Inquilinos Agrupados, a través de Nire Roldán, Ariel D'Orazio y Sebastián Artola, indicaron que la Ley de Alquileres logró poner un tope a los aumentos desmedidos de la renta. Por este motivo, rechazan las modificaciones a la legislación que impulsa Juntos por el Cambio -que apunta a que los contratos duren dos años y las actualizaciones sean trimestrales o semestrales-, las cuales entienden que están al servicio del mercado inmobiliario.
Así lo sostuvo el referente de la entidad que representa a los inquilinos de Rosario, Nire Roldán, quien además dijo que el hecho de "que existan tantas casas deshabitadas, es un acto dañino para la ciudad".
En esta oportunidad Alejandro Maidana dialogó con Ariel D´Orazio y Nire Roldán integrantes de la Concejalía Popular de Rosario sobre la imperiosa necesidad de construir y pensar una ciudad habitable que no responda a la agenda de los especuladores.
El mismo se realizará el 20 de agosto en la Plaza de Mayo en Buenos Aires, donde se tratarán los diferentes problemas que atañen a los inquilinos y a todas las personas que no pueden acceder a una vivienda en la Argentina.
Entre los puntos que defienden están los tres años de duración del contrato y el rechazo a los aumentos semestrales.
Son más de 500 familias que viven allí desde hace décadas. Luego de la instalación del barrio, los terrenos se vendieron y ahora buscan despojarlos de sus viviendas. Además, reclaman servicios.
"El centro y el macrocentro han sido los lugares más castigados", señalaron a Conclusión desde la Concejalía Popular.
Desde el sector de inquilinos indicaron que esto se debe a "la especulación de algunos propietarios y corredores inmobiliarios".
A partir de julio todos los contratos que se celebren tendrán plazos mínimos de contratación por tres años, actualizaciones anuales en base a un índice que promedia inflación y salario, obligatoriedad de inscribirse en el registro de contrato y un sistema de garantía más amplió.
La Concejalía Popular publicó hoy avances de un relevamiento nacional que se está realizando tras el decreto presidencial que frena el aumento en el precio y suspende los desalojos por falta de pago, constatando notables faltas al mismo, principalmente por parte de inmobiliarias truchas y franquicias internacionales.
Desde la Concejalía Popular brindaron una serie de recomendaciones a tener en cuenta para saber cómo proceder en relación a los contratos de alquiler y pago de servicios frente a la situación económica y social desatada por el Covid-19.