Con el inicio de la actividad en el Concejo 2020, fue retomado un proyecto para crear la figura de Fiscalizador Ciudadano Voluntario, destinada al control de la seguridad vial y las normas contravencionales urbanas, previendo que se puedan realizar denuncias presenciales o a través del celular.

Esta iniciativa fue iniciada tiempo atrás por el entonces concejal Jorge Boasso, de la UCR, y reingresada ahora por el edil Carlos Cardozo, de Juntos por el Cambio.

El mismo aseguró que “esta solución se implementa con buen éxito en otras ciudades del país, como por ejemplo el programa BA Denuncia Vial, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, y que a la iniciativa original de Boasso le agregaron la posibilidad de gestionar las denuncias que realice la gente a través de una app desarrollada por la Municipalidad, junto con las presenciales que se puedan dar en los centros de distrito.

“Desafortunadamente con la anterior administración municipal no hubo posibilidad alguna de avanzar con legislaciones de profundización del control en la ciudad, como por ejemplo esta de creación de los Fiscalizadores Ciudadanos Voluntarios, la restricción a la proliferación de cuidacoches sin ningún tipo de poder de policía, el cumplimiento de la ordenanza de horarios y ruidos molestos y muchas más, por lo que esperamos que con la nueva gestión podamos avanzar en serio con un tema crucial: es por ello que volvemos a ingresar la iniciativa del doctor Jorge Boasso para someterla a tratamiento del Concejo” dijo Cardozo.

Según el proyecto, “podrá ser Fiscalizador Ciudadano Voluntario cualquier habitante mayor de edad con un año de residencia inmediata en la ciudad de Rosario; que voluntariamente constate y denuncie la existencia de violaciones a las normativas municipales según se encuentren definidas en el Código Municipal de Faltas y que el FCV podrá detectar y denunciar irregularidades siempre que dicha constatación y denuncia no viole los derechos de terceros, en especial los derechos a la intimidad, a la integridad física y psíquica, y al honor de las personas, respetando su accionar las buenas costumbres y las normas de convivencia urbanas”.

Asimismo, se indica que “toda constatación de posible irregularidad por parte de un FCV deberá ser denunciada por escrito o vía un app que el municipio desarrolle para la puesta en práctica de la presente, según las formalidades establecidas por la reglamentación de esta ordenanza. La denuncia por escrito o por la app FCV, junto con sus medios de prueba y/o testimonios, deberá recepcionarse en los Centros Municipales de Distrito, y estará dirigida al funcionario responsable de la repartición municipal con incumbencia en la fiscalización de la materia a la que correspondiere, sin perjuicio que el FCV solicite se remita inmediata copia al Juez de Faltas municipal. Una vez recibida la denuncia, el funcionario municipal dispondrá de 5 días contados desde la presentación de la misma, para emitir opinión fundada sobre su encuadramiento y verosimilitud, pudiendo solicitar al FCV completar la misma o bien desestimarla y ordenar su archivo y en caso que el funcionario municipal considere primafacie verosímil la denuncia, la remitirá al Juzgado Municipal de Faltas para su tratamiento y juzgamiento”.

Una vez realizada esta denuncia, “el Juez de Faltas interviniente deberá tomar las pruebas presentadas como principio de prueba de los hechos denunciados siempre que los medios y procedimientos utilizados se ajusten a lo establecido en la presente, a su reglamentación y al orden legal vigente. Deberá resguardarse el principio de confidencialidad respecto de los datos de los denunciantes, siendo los funcionarios intervinientes directos responsables de proteger esta información ante terceros, incluso ante los mismos autores de las supuestas infracciones. Los fondos que el municipio cobre por las multas originadas por denuncias de los FCV, se aplicarán como fondos de asignación específica a campañas de educación vial”.

El concejal Cardozo manifestó que el principal objetivo del proyecto y del cumplimiento de las normas urbanas es “proteger la seguridad de las personas y sus bienes, así como también propender a mantener un nivel de civilizada convivencia, respetando la libertad y los derechos de cada uno”, y que “es entonces donde la participación ciudadana resulta natural, ya que son los mismos ciudadanos los principales interesados en velar por el respeto de sus derechos”.

El Municipio, quien tiene el poder de control y de policía sobre el cumplimiento de estas normas, no sólo cuenta con recursos escasos para ejercer su función, sino que, más aún, hace pública la necesidad de la participación ciudadana alentando el involucramiento de los vecinos, como por ejemplo ha sucedido en temas de higiene urbana o la recepción de denuncias en la línea 147. Todo ciudadano que pretenda colaborar en el control de las infracciones a las normativas viales y contravencionales debe ser tenido en cuenta como aporte a una construcción colectiva al bien común y debe tener un ámbito seguro donde encauzarlo” finalizó el concejal de Juntos por el Cambio.