En un comunicado emitido por el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Carne y sus Derivados del Gran Buenos Aires y Zona Sur de la Provincia de Buenos Aires, denunciaron el cierre por diez días de frigoríficos exportadores, la medida que ocasionará 7.500 suspensiones y 3.500 despidos.

Con tono crítico, los trabajadores expresan que en el término de diez años se ha destruido la cadena cárnica.

En el mismo sentido, refieren que la presidenta Cristina Kirchner termina su mandato, «no aplicando medidas, siendo su fin pulverizar la industria frigorífica, en su inacción», y agregan que esto «sepulta a sus aliados/socios que ayudaron a determinar la política que destruyó la cadena cárnica».

El secretario general de los trabajadores de la carne del gran Buenos Aires y Sur bonaerense, Adolfo Etchehun, dialogó con Conclusión y aseveró que existe una crisis de «la industria frigorífica exportadora por una baja del 20% del valor de los productos, en el orden internacional, además,  también hay una pérdida del 40% del precio de subproductos (sangre, huesos, cueros, achuras, etc)». Y agregó: «En el caso del cuero en enero del año pasado el kilogramo pagaban $15,50, hoy pagan $9,45» todos estos subproductos, los frigoríficos los venden «para cubrir gastos operativos, pero esta realidad del mercado internacional no favorece a la industria local».

Otro de los aspectos que resaltó el dirigente, es que hace seis años se exportaban 780.000 toneladas de carne y desde hace tres sólo se pueden vender al mercado externo 180.000 toneladas anuales, es decir, de la producción total se podía exportar el 20% y hora solo se puede vender el 4,6% y un dólar retrasado hace que la industria no pueda cubrir gastos operativos y si a eso, se le suma el 15% de retenciones, todo se hace imposible» describió.

«Todo esto perjudica a los trabajadores porque las empresas reestructuran la plantilla laboral y quedan  3.500 compañeros en la calle y 1.000 que les falta un año para jubilarse en situación de retiro voluntario. Además, 7500 cesanteados con adelanto de vacaciones que es un acuerdo que realizo, Fantini de Rosario, sobre el que ningún trabajador está de acuerdo», detalló Etchehun.

Además, completo sus definiciones denunciando que del Gobierno Nacional hubo «socios circunstanciales como Mario Ravettino presidente de la Cámara Empresaria ABC, Ricardo Bruzzese del Programa Carne Para Todos o lamentablemente José Alberto Fantini, Secretario General de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne», quienes «apoyaron incondicionalmente, primero al Secretario de Comercio Guillermo Moreno y hoy a su sucesor Augusto Costa, que con sus acciones ayudaron al cierre de 136 frigorífico y al despido de 21.000 trabajadores».

«Ninguno de ellos se pueden hacer los distraídos, fueron cómplices de esta destrucción, por eso hoy no son creíbles», aseveró el gremialista.

Seguidamente , expresó que «no se entiende para que se afirma que se ganó nuevamente el mercado estadounidense si no se permite elevar el cupo exportable», porque es necesario que «se exporten 280.000 toneladas para que no haya despidos, y que eliminen el 15% de retenciones o que les permitan con ese porcentual, pagar los aportes y contribuciones, fiscales y tributarios para de esta manera oxigenar la industria frigorífica».

También, argumentó que en cuanto al consumo interno «hay que tener en cuenta que 3.500 matarifes ya se han estockeado antes del conflicto del Senasa, y con eso presionan para incrementar el 20% una vez que se normalice la realidad de los trabajadores que hoy reclaman justamente por sus salarios».

En función a estas razones esgrimidas, el sindicalista le pidió a la comunidad «que no compre carnes durante los 6 días próximos hasta que termine el conflicto porque los matarifes son buitres usureros que se benefician con esta situación».

Además, puntualizó que la actividad avícola no está al margen de la crisis, y que «otro aliado/socio Roberto Domenech, presidente de la Cámara Empresaria Avícola CEPA, durante años recibieron subsidios cruzados del estado». «Hoy sufren el cierre de mercados, la sobreproducción, con el cierre de la planta Pividori y el concurso preventivo de Cresta Roja. Dejando ya 1.000 despidos y 3.500 despidos programados». comentó.

Por otro lado, criticó la mala aplicación «de los subsidios cruzados, ya que así lograron un 80% de evasión fiscal en las cargas sociales, con aparente viso de legalidad».

En función de estas precisiones, los trabajadores se declararon en estado de «alerta y movilización, convocando un Plenario Nacional de Delegados para formalizar el estado de lucha, sumándose a las medidas que llevan adelante los trabajadores del Senasa y a las acciones que proponen los pequeños y medianos productores agropecuarios, en beneficio del pueblo argentino».

Por último, propusieron llevar adelante «una marcha con los empleados del Senasa a la Secretaría de Comercio y al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, con el objetivo de lograr las medidas necesarias para frenar esta grave crisis».