Por Alejandro Maidana
Productores/as de alimentos organizados dentro de la Unión de Trabajadores de la Tierra de Santa Fe (UTT) se movilizaron el día martes 4 de agosto hacia la Agencia de Extensión Rural Monte Vera del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en la Ruta Provincial N° 2. La medida de fuerza se realizó frente al incumplimiento de los acuerdos y la ausencia de políticas públicas para el sector.
Una de las banderas que alzaba este digno reclamo, tenía su anclaje en los incesantes loteos en <El Chaquito>, algo que claramente molestó de sobremanera a quienes ponen sus manos en la tierra y elevan su corazón hacia la tan ansiada soberanía alimentaria. Mientras que el negocio inmobiliario no se detiene, los compromisos asumidos por el estado con anterioridad en lo que refiere a recuperación de tierras campesinas para su posterior producción agroecológica y de cercanía.
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Ante la abulia estatal y la raquítica respuesta de aquellos que deben garantizar el acceso a alimentos saludables, Federico Di Pasquale, referente de la UTT Santa Fe indicó que “se decidió ocupar las instalaciones abandonadas por el Estado en las que los campesinos venimos produciendo agroecológico y haciendo bioinsumos ante la incertidumbre, la falta de políticas públicas para el sector, la nada misma”.
El vocero de una organización que viene trabajando a destajo para poder brindar esos tan anhelados alimentos de cercanía, sostuvo que «en lugar de tomar los aportes y soluciones del sector que produce alimentos frente a la pandemia, los gobiernos parecen cerrar los ojos ante las consecuencias del modelo agroexportador que avanza en su implementación neocolonial, sacrificándolo todo en nuestros territorios«, indicó.
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La falta de diálogo y respuestas concretas generó que agricultoras y agricultores de UTT dejen sus huertas y tengan que realizar un corte en la ruta provincial número 2, logrando de esta manera ser recibidos por el Ministerio de la Producción que dejó sin efecto el desalojo previsto de manera sorpresiva, incumpliendo acuerdos preestablecidos (asumidos) y conseguir el objetivo fundamental de sostener la producción agroecológica en los módulos de Monte Vera, predio que comparten con el consorcio La Verdecita.
Es preciso destacar que lejos está de ser una puja político partidaria, ya que en Monte Vera la intendencia es propiedad de Cambiemos, y el PJ es quién comanda el Ministerio de Producción, aquí lo que prevalece es la autonomía de una organización que viene trabajando de manera sostenida y que debe ser atendida en su legítimo reclamo.
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Sobre la necesidad de avanzar en políticas públicas ya acordadas, y no perder el horizonte de la tan ansiada soberanía alimentaria, Di Pasquale dijo: “Tenemos un compañero como Nahuel Levaggi encabezando el Mercado Central, esto significa que es claro que acompañamos a un gobierno nacional y popular, pero que no lo exime de críticas cuando a nivel ministerial se intente avanzar de manera inconsulta sobre nuestras conquistas. Es por ello que la movilización, el diálogo y la solidaridad han permitido que en Santa Fe podamos seguir trabajando y garantizando alimentos sanos para nuestro pueblo”, concluyó.
El modelo productivo actual no resiste archivo alguno, la crisis en la que se encuentra inmerso lo ha colocado una vez más en el ojo de la tormenta. Mientras que las distintas organizaciones campesinas y de pequeños chacareros sostienen una estoica resistencia, el poder concentrado sigue adelante con su furibundo lobby para reinventarse una y otra vez en beneficio propio.
La pandemia del hambre solo puede ser combatida avanzando hacia una emancipadora soberanía alimentaria. Es menester poder articular la producción, la distribución y el consumo, priorizando la cercanía, vinculando productores y consumidores en circuitos cortos. Los sistemas agroalimentarios locales y circuitos cortos de la alimentación agroecológica, cuentan con muchísimas experiencias dentro del país, es responsabilidad absoluta del estado acompañar y consolidar aquellas prácticas que pueden garantizar sustentabilidad.
En una provincia donde el 60% de las tierras se encuentra en manos de solo el 0,06% de la población, resulta imperiosa la necesidad de avanzar en políticas públicas que cobijen los requerimientos de aquellos que han sido apartados hacia los márgenes de una historia editorializada por el latifundio.
