Efecto Dolly Viale de Garrido: acusan a otra obstetra rosarina de suprimir la identidad de dos bebés en los años 80
Olga Concepción Artale de Silva fue procesada por fraguar certificados de nacimiento y facilitar entregas ilegales de recién nacidas. Con la instrucción penal clausurada, la Justicia federal avanza hacia el debate oral —en paralelo a la causa contra la partera “Dolly” Viale— y convoca a la comunidad para dar con las madres biológicas.
La médica obstetra Olga Concepción Artale de Silva, de 87 años, quedó a las puertas del juicio oral en Rosario, luego de que la Fiscalía y la querella dieran por concluida la investigación penal y solicitaran formalmente elevar la causa ante el Juzgado Federal N° 3. La medida procesal, sobrevenida tras su procesamiento penal en agosto pasado, busca juzgarla por haber suprimido la identidad de dos mujeres nacidas en los años 80, valiéndose de certificados de nacido vivo ideológicamente falsos para concretar inscripciones ilegales.
El requerimiento fiscal cobra visibilidad en los tribunales federales de la ciudad en un contexto de marcada conmoción pública por causas ligadas a la apropiación y el robo de bebés. Sin embargo, la resolución judicial ratifica que este expediente no guarda vinculación directa con la investigación penal contra otra partera de 88 años, identificada como D.E.V. y conocida públicamente como “Dolly”. A dicha imputada se le atribuye la supresión de identidad de una beba registrada en 1970 y se investiga su participación en otros siete casos ocurridos entre 1968 y 1980 en el Hospital Roque Sáenz Peña.
En la causa contra Artale de Silva, la pesquisa estuvo a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos (oficina Criminalidad Económica y Trata de Personas) de la Unidad Fiscal Rosario, conducida por la fiscal Soledad García con la intervención del fiscal coadyuvante Andrés Montefeltro. La investigación determinó que la obstetra utilizó conscientemente sus atribuciones profesionales para fraguar filiaciones inexistentes. En ese sentido, el tribunal destacó que su conducta no constituyó un mero descuido administrativo, sino una acción voluntaria y determinante para consolidar una situación jurídica que privó a las víctimas de su identidad biológica.
El proceso penal se construyó sobre las denuncias radicadas entre 2022 y 2023 por Ana Carolina Alzugaray y Romina Elisabet Lobos, quienes actúan como querellantes con el patrocinio de la abogada particular Julia Giordano. Ambas causas se tramitaron en conjunto ante la evidencia común de la profesional interviniente.
Ana Carolina creció en la localidad de Maciel, criada por Clorinda Carolina Ceresole y José Manuel Alzugaray, quienes siempre le revelaron la verdad sobre su origen no biológico. Su padre de crianza le relató que el nexo con la partera se produjo a través de su hermana (Susana A.) y que fue entregada a la familia en una casa de calle Richieri al 2000, en Rosario. A lo largo de tres décadas de búsqueda, Ana intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con Artale de Silva, pero solo recibió respuestas evasivas en las que la obstetra aducía no recordar nada y le exigía dejar de molestarla.
Romina Elisabet supo recién en su edad adulta que no era hija biológica de quienes la criaron, Esther Candusso y José Francisco Lobos. En su partida de nacimiento constaba la misma firma de Artale de Silva, quien dio fe de un nacimiento falso para viabilizar su inscripción registral.
A partir de averiguaciones en organismos estatales, se acreditó que la médica ya contaba con menciones por haber atendido partos de manera clandestina y confeccionado constancias falsas para parejas que inscribieron niños y niñas de forma ilegal.
El avance hacia el banquillo de los acusados cuenta con un respaldo probatorio científico determinante. Por orden del juez federal Carlos Vera Barros, muestras biológicas analizadas por el Cuerpo Médico Legal del Poder Judicial de Santa Fe y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) fueron derivadas al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Los cotejos fueron contundentes: se descartó por completo la existencia de vínculo biológico entre las damnificadas y sus progenitores registrales.
La elevación a juicio debió sortear además los planteos de la defensa. Al ser citada en mayo de 2025 por el caso de Romina Lobos, Artale de Silva rehusó declarar amparándose en “olvidos involuntarios y déficit cognitivo de memoria” producto de un viejo accidente laboral y un traumatismo reciente. Aunque un primer examen interdisciplinario diagnosticó un deterioro marcado, la querella se opuso al advertir que no se precisaba si el cuadro clínico era transitorio o definitivo.
En marzo de 2026, una segunda junta médica concluyó que la obstetra solo presentaba un “deterioro cognitivo leve”, certificando que poseía las aptitudes psicofísicas necesarias para afrontar el juicio. Superada la controversia, el juzgado le recibió indagatoria el 2 de julio y dictó su procesamiento formal el 3 de agosto.
Pese a que Artale de Silva aguardará el debate oral en libertad al considerarse inexistente el riesgo de fuga o entorpecimiento, el Ministerio Público Fiscal y la querella solicitaron la inmediata elevación a juicio.
En paralelo al cierre de la etapa penal, la Justicia federal y las víctimas solicitaron la cooperación de los medios de comunicación y de la sociedad para convocar a aquellas mujeres que sospechen ser las madres biológicas de Ana Carolina Alzugaray y de Romina Elisabet Lobos, habiendo dado a luz en fechas cercanas a las asentadas en las partidas de la década de 1980.
Dónde aportar información: Quienes puedan suministrar datos relevantes deben comunicarse al teléfono (0341) 285-9127 o por correo electrónico a [email protected], pertenecientes al Área de Atención y Acompañamiento a las Víctimas de la Unidad Fiscal de Rosario.