«Entendemos que es una decisión que debe ser revertida porque se tomó sin escucharnos». Con estas palabras el fiscal Luis Schiappa Pietra explicó el por qué ya se encuentra en curso la apelación a la resolución del juez Nicolás Foppiani que, este miércoles, decidió rechazar el pedido de audiencia de «cese del estado antijurídico» para que se cite a funcionarios de Entre Ríos por los daños que producen a los ciudadanos de la región las quemas en las islas.
El requerimiento llevaba la firma de la firma de la fiscal regional, María Eugenia Iribarren, y de los fiscales Matías Edery, Matías Ocariz y Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Criminalidad Organizada, y se trataba del pedido de una medida cautelar. En el mismo día, el juez Foppiani rechazó el pedido argumentando que «su objeto se relaciona con materia en la que resulta competente la Justicia Federal» .
Sin embargo, tanto Schiappa Pietra como Iribarren remarcaron que esa decisión se tomó sin haber escuchados los argumentos por los cuales se requería la medida. «Independientemente de la causa federal, nosotros entendemos que tenemos el deber de investigar los delitos de lesiones y posible incumplimiento de los deberes de funcionario público», argumentó Schiappa Pietra.
«Lo que dedujimos, muy claramente, es que las autoridades responsables del resguardo de uno de los humedales más importantes que tiene Argentina, no están cumpliendo con sus funciones, no hay que ser muy perspicaz para advertir esto», apuntó el fiscal. «Esto es algo que ya tiene unos años y además hay muchísima información sobre como se producen estos focos de incendio, quiénes son los titulares de esos predios y el daño que provocan a la salud. Entonces, lo que queremos empezar a analizar es, en primer lugar, cual es la conducta de estos funcionarios que tienen deberes muy explícitos y concretos en esa materia para ver que es lo qué está sucediendo. Y por otro lado, investigar el daño a la salud, esto es una cuestión de sentido común, tener la ciudad tapada de humo como ha estado pasando en las últimas semanas, claramente esos son delitos de naturaleza ordinaria y los tenemos que investigar en la competencia ordinaria de la ciudad de Rosario y es por eso que iniciamos esta investigación», subrayó.
Shciappa Pietra explicó que el «cese del Estado antijurídico» es una audiencia que se pide «a los fines de evitar que se sigan propalando los efectos dañinos de un ilícito que para nosotros es claro, como la quema de las islas».
Por su parte, Iribarren remarcó que «la decisión del juez sorprendió». «Creemos que fue apresurada y no se hizo el trámite que correspondía, que es establecer un pedido que fue fundamentalmente cautelar, que ante la comisión de un delito que se sostiene en sus efectos en el tiempo, hacer cesar esos efectos. El código procesal establece que se debata en una audiencia».
En ese sentido, la fiscal regional remarcó que «el juez no cuenta todavía con ninguno de los elementos que la Fiscalía iba a aportar,entonces fue sorpresivo que no se haya fijado esa audiencia». «Además, lo hizo estableciendo argumentos que nadie había planteado, porque no había una contraparte que hubiera dicho que no era competencia de la Justicia provincial y la fiscalía provincial, al pedirle eso al juez, estaba estableciendo que sí era de competencia provincial. Si alguien cuestionaba que esas lesiones que se están provocando a Rosario y las localidades vecinas tenía algún planteo de incompetencia, la idea era que se pudiera «.
Iribarren también explicó que la investigación se inició a partir de una instrucción impartida por ella, «como política de la Fiscalía Regional II, de que había que investigar los efectos que se están provocando sobre la salud y, fundamentalmente, si había funcionarios que estaban incumpliendo sus deberes y que propiciaban que esto continuara en esta situación o que no estaban evitando que esta situación ocurra».
