Bassano: «Privatizar empresas públicas de acuerdo al DNU 70/23 puede terminar en el remate de nuestros hogares»

Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores, protagonizó una profunda y preocupante exposición en la reunión de la Comisión de Defensa al Consumidor, el Usuario y la Competencia, de la Cámara de Diputados. El tema en cuestión apuntó a las consecuencias de la aplicación del decreto 493/25 del Ejecutivo, que regula la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales, y que es  posterior a la Ley Bases que impulsa la privatización de AySA y otras empresas de servicios públicos, pero con la particularidad de que la letra del mismo se trata de un réplica casi exacta que se aplicó durante el menemismo para entregar a manos de privados, -no en todo los casos- «las joyas de la abuela».

«El problema más serio que tenemos es que este gobierno carece de inteligencia jurídica, porque su intención es destruir todo y no puede, primero, destruir toda la estructura de lo que nosotros llamamos norma fundamental, que es donde se posiciona toda la estructura jurídica argentina. Porque la estructura jurídica ha evolucionado, no estamos en la década de los 90 y la evolución ha sido tan fuerte que ha incluido derechos de tercera y cuarta generación dentro de la Constitución de 1994″, contextualizó el especialista en diálogo con Conclusión.

Haciendo un poco de historia Bassano recordó que «ya había aparecido la Ley de Defensa del Consumidor y los derechos de tercera y cuarta generación en la Constitución y los pactos internacionales a través de transformarlos en materia viva como una estructura supraconstitucional que gobierna el país».

«Como este gobierno no entiende nada, o se hace el que no entiende, ha sacado distintas normativas, modificando inclusive la Constitución. Lo que no aclaré es que desgraciadamente no se tomó conciencia que estos derechos de tercera generación, son derechos humanos fundamentales, y uno de ellos es el derecho del consumidor, es nada más ni nada menos, la evolución desde mitad del siglo pasado hasta 2025, y significa la protección de una persona que adquiere productos y servicios para su existencia vital«, planteó el abogado.

La Ley Bases permite la privatización de la compañía que presta el servicio de agua potable en el AMBA, establece el procedimiento para privatizar 8 empresas del Estado, y otras que operan en todo el país

Para luego aclarar con pristinidad de la que parece están muy alejados muchos funcionarios que «este concepto, que parece un dicho de una persona que está deseando lo mejor, tiene una importancia meridiana si lo cotejamos con toda la estructura legal. El hombre en el siglo XXI, 2025, ya esta prácticamente cerca de lo que significa los avances tecnológicos y de ciencias, no hay posibilidad de restringirle productos y servicios para que adquiera, porque la existencia vital en este siglo va más allá de tener luz, agua, gas, comunicaciones. Es decir, en una palabra, hay que proteger a la persona cuando va a adquirir esos productos y servicios».

Lo que no aclaré es que desgraciadamente no se tomó conciencia que estos derechos de tercera generación, son derechos humanos fundamentales, y uno de ellos es el derecho del consumidor, es nada más ni nada menos, la evolución desde mitad del siglo pasado hasta 2025, y significa la protección de una persona que adquiere productos y servicios para su existencia vital

«Habiendo dicho esto, es necesario para que se comprenda cuál es la base para poder construir el derecho y la estructura jurídica en la Argentina, porque un Estado no puede dictar normas para destruirse a sí mismo y destruir a la población, ponerla en riesgo, y mucho menos a los consumidores. Porque la única forma de existencia de las personas es adquirir esos productos y servicios. Y cuando llegamos a hablar de la energía, de las comunicaciones y del agua, no puede ser que el tópico que se oponga, como existen en las normas desde 1992, es que se debe garantizar la ganancia de las empresas y socializar las pérdidas, es decir, si hay que hacer obras las debe hacer el Estado o el vecino para poder tener cloacas«.

Respecto de como se concibe la convivencia en una sociedad «moderna», y se intenta garantizar la paz social, cierto es que «no se puede negarle la luz y el gas a una persona nada más que porque la empresa quiere ganar más. Y usted no puede negarle la luz y el gas a una persona, porque la estructura jurídica de la Argentina hace que el 45% de las facturas sea generación que no está regulado y que es libre y que cualquiera puede poner el precio que se le antoje, siendo que están poniendo precios internacionales cuando la luz y el gas se sacan de aquí, del fondo de nuestras casas, a través del petróleo y el gas».

«Hoy se está pagando casi 14 dólares el millón de BTU que se utiliza para generar energía eléctrica y a su vez para el gas, que no debería valer mucho más de 2 dólares. Ni siquiera cuando se exporta se lo hace al precio de 14 dólares», manifestó el referente de los consumidores.

Según Bassano, Camesa «está estafando a todo el mundo y la privatización sin control estatal está siendo un desastre porque las facturas vienen con un precio que es el que se le antoja a las empresas sin control y dolarizado. Y si nosotros después de firmar esos papelitos le decimos que se vayan, terminamos embargados porque van a ir al CIADI y lamentablemente todos los contratos que ha firmado el Estado tienen juicios en el extranjero».