Por David Narciso
Tres gobernadores con el agua al cuello se reunieron el lunes pasado: Miguel Lifschitz, María Eugenia Vidal y Juan Schiaretti finalmente se sentaron a la misma mesa para limar asperezas y encauzar soluciones a la laguna La Picasa, el espejo de agua ubicado en el extremo sur de Santa Fe que no para de crecer: ya ahogó campos, devoró vías de ferrocarril y tarasconeó la estratégica ruta nacional 7 entre Capital y Mendoza, en las últimas semanas cortada al tránsito.
Después de mucho tiempo el gobierno nacional logró sentar a los tres gobernadores que son parte del entuerto. El tema viene de hace más de dos décadas, lapso en el que se hicieron obras, algunas más efectivas que otras, pero siempre en un contexto de desconfianza entre las provincias.
Córdoba es la que menos problemas tiene porque su territorio desagua; Santa Fe sufrió graves consecuencias porque el agua tapó tierras productivas, aniquiló caminos y puso en riesgo poblaciones; Buenos Aires teme que cualquier innovación impacte sobre localidades de la cuenca del río Salado. Especialmente Junín se opone a una de las propuestas técnicas que promueve Santa Fe que consiste en la construcción de un canal que por gravedad desagote La Picasa hacia El Salado.
La Picasa es eslabón de una cuenca que nace en el sudeste cordobés, arrastra agua por la base de la bota santafesina, entra por el norte bonaerense, atraviesa esa provincia y desemboca en la bahía de Samborombón a través del río Salado y su encadenamiento de lagunas.
Los acuerdos
El secretario de Asuntos Hídricos de la provincia, Juan Carlos Bertoni, le dijo a Conclusión que la reunión de los tres gobernadores y sus respectivos funcionarios fue muy buena y que “se consiguieron acuerdos importantes” para abordar la emergencia por la cantidad de agua que ingresó a la laguna en los últimos meses, hoy convertida en una bomba de tiempo que amenaza avanzar sobre más campos, vías de comunicación y poblaciones. Hay otro paquete de decisiones que se seguirán debatiendo a partir de la semana próxima:
- Ninguna provincia implementará acciones (para sacarse de encima el agua) que ponga en riesgo poblaciones propias de jurisdicciones vecinas. Las que están bajo mayor riesgo potencial son Teodelina (Santa Fe) y Junín (Buenos Aires).
- Nación se comprometió a seguir invirtiendo en la protección de la ruta nacional 7, devenida en terraplén asfaltado en medio de un mar de agua. En la última década se invirtieron 20 millones de dólares para reconstruir ese tramo hoy al borde del colapso y 30 millones de dólares en la reconstrucción de la vía del Belgrano Cargas, ahora destruida por completo).
- También garantizó Nación el bombeo de agua (desde la laguna a los canales de salida) durante las 24 horas. Hasta ahora, a pesar de que a la laguna entraba más agua que la que salía, sólo se bombeaba desde la mañana hasta las 18, y los días de mucho calor directamente nada para no afectar la demanda de electricidad de la zona.
- Las tres provincias acordaron trabajar sobre los canales clandestinos que desaguan sobre los canales regulares completando la capacidad de los mismos y de la laguna.
- Creación de un comité ejecutivo que estará operativo en cuestión de días. El secretario de Asuntos Hídricos de Santa Fe aclaró que no se trata de una comisión sino de equipos técnicos que deben tener capacidad de establecer reglas de operación del conjunto de herramientas disponibles para controlar los flujos y niveles de agua a mediano y largo plazo: “Que maneje pronósticos climáticos a seis meses y que, en base a la situación aguas arriba de la laguna y aguas abajo establecer la política de operación necesaria”.
- Regular más y mejor el agua en territorio cordobés y santafesino de modo de poder morigerar el ingreso a la laguna y aguas abajo.
En el tintero
Por el contrario, sigue trabado el paquete de obras que propone Santa Fe para desaguar la laguna a través de territorio bonaerense, conocida como la alternativa norte. Como sus antecesores, el gobierno de Vidal, y en particular la ciudad de Junín, resisten la derivación de aguas hacia esa zona por temor a desbordes.
La propuesta técnica de Santa Fe que Buenos Aires rechaza consiste en construir un canal que desagüe por gravedad hacia la cuenca del Salado. Los bonaerenses resisten que les metan más agua en su territorio. Y Junín en especial teme que anegue campos y que el ducto a cielo abierto se vuelva una amenazade desbordes e inundados.
Santa Fe, por el contrario, busca convencer con argumentos técnicos que el diseño de las obras es correcto y no implica riesgos. Se trata de un paquete de intervenciones en torno a ese posible canal, con alcantarillas y lagunas de retención a medio camino que permitan regular la velocidad y ayuden a achicar volumen por evaporación.
Como sea, el riesgo hoy está por la altura que alcanzó la laguna, superior a una cota de 104 metros sobre el nivel del mar, mientras que las poblaciones que están aguas abajo, casi todas en territorio bonaerense, están muchos metros más abajo, como Junín, a 70. Por eso el presidente del comité de cuenca de La Picasa, Juan Carlos Duhalde, afirmó que “en Buenos Aires resisten la obra pero con el nivel subiendo toda la cuenca aguas abajo está ahora en peligro”.
Los desencuentros entre Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires por el crecimiento de La Picasa vienen de hace al menos dos décadas y media. Aún cuando los gobiernos nacionales intentaron acercar posiciones, intereses contrapuestos de las comunidades y los productores agropecuarios de una y otra provincia imposibilitaron hallar soluciones. Hoy los resultados están a la vista: se perdieron más tierras productivas, millonarias inversiones de infraestructura destruidas en lapsos muy cortos y poblaciones en riesgo.
