Por Horacio Rovelli
El presupuesto de la Administración Nacional para el corriente año 2022 determinado por el incremento del gasto del Decreto de Necesidad y Urgencia 331/22 del 22/07/2022, es de $16 billones de pesos, ante un PIB que el Ministerio de Economía prevé de $ 76,5 billones (el gasto total anual pasaba a ser del 20,9% del PIB) cuando fue del 24,43% (base caja) en el año 2021 y del 25,96% (devengado) en el año 2020.
Incluso antes de la estratificación de las tarifas públicas, se observa en el DNU 331/22 una reducción de los subsidios en términos del PBI de 2,3% en 2021 al 1,7% en 2022. Pero a ello, debe sumarse la estimación del ajuste de la Secretaria de Energía por el ahorro fiscal por dicha estratificación, que será de $47.500 millones para este año 2022 y de $455.000 millones en base anualizada para el año 2023 (0,6% del PIB).
A estas estimaciones se debe sumar la Decisión Administrativa 826 del 22/08/2022 que disminuye el presupuesto vigente en $210.000 millones, mientras incrementa el gasto en $82.000 millones por incrementos salariales de la Administración Pública Nacional y empresas estatales (lo cual hace prever que puede haber un aumento salarial para los trabajadores estatales), dando como resultado un ajuste neto de $128.000 millones (un 0,8% del PIB).
Mediante la DA 826/22 reduce los fondos disponibles en $50.000 millones para educación, en $10.000 millones para salud, en $50.000 millones al programa de viviendas Procrear y $100.000 millones en otras obras pública y para desarrollo productivo.
EDUCACION
Mediante la decisión administrativa 826/2022, detrajeron fondos:
- $15.000 millones del dinero asignado al programa “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles” (obra pública);
- $30.000 millones al programa Conectar Igualdad (el que se ocupa de entregar netbooks a estudiantes y docentes de secundaria de escuelas públicas), aducen problema en la importación de los equipos;
- $5.000 millones para Infraestructura y equipamiento (gasto de capital)
SALUD
Se reduce el presupuesto para el Ministerio de Salud en $10.000 millones en una partida que estaba destinada a la compra de productos farmacéuticos y medicinales, bajo el programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles y para vacunas contra el Covid.
VIVIENDA
Ajuste por $50.000 millones en las transferencias destinadas al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. En particular, el ajuste total recayó en el programa Procrear (Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar). Más de tres millones de familias tienen graves problemas habitacionales y desde la asunción de Alberto Fernández sólo se construyeron 50.000 viviendas.
OTROS AJUSTES
Abarca ajuste en las partidas presupuestarias para los Ministerios de:
- Transporte en $10.000 millones (donde se destaca el programa Transferencias a Gobiernos Municipales en – $ 4.076 millones);
- Obras Públicas en $20.000 millones, fundamentalmente en “Transferencias a Instituciones Provinciales y Municipales para Financiar Gastos de Capital (-$4.000 millones) y otros -$5.000 millones por Transferencias a Gobiernos Provinciales en la partida de “Recursos Hídricos”. También incluye $ 1.500 millones corresponden al Desarrollo de Infraestructura Ambiental cuando se lucha contra los incendios intencionales en el delta del Paraná;
- Desarrollo Productivo se le realiza un recorte de fondos por $70.000 millones, de los cuales $50.000 millones corresponden a una menor partida para el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), seguido del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat por $ 20.000 millones.
La reducción del gasto está en línea con el compromiso adoptado con el FMI de ajuste del déficit fiscal por la vía de recortes nominales, aumento de tarifas y/o menores subsidios a la Energía y Transporte y menores gastos reales por la mayor inflación. Así, las partidas que se recortan están vinculadas en una alta proporción a créditos vinculados a inversiones o gastos de capital en áreas como Educación y Salud, por transferencias a Provincias y Municipios, también en Educación y planes de vivienda.
Conclusión
El ajuste de la DA 826/22 de $ 128.000 millones es mayor a los $ 108.000 millones que representa el bono de $ 4.000 a $ 7.000 a los jubilados y pensionados que perciben hasta 2 (dos) haberes mínimos (unas 6.000.000 de personas) durante los meses de septiembre, octubre y noviembre 2022.
LA RENTA EXTRAORDINARIA Y NUESTRA HISTORIA
En cambio, en 1946 el gobierno de Perón consiguió que el Congreso de la Nación aprobara y después año tras año renovara repetidamente, la autorización para cobrar el llamado Impuesto sobre las Ganancias Extraordinarias, creado a finales de la guerra para gravar aquellos beneficios que se consideraban el producto excesivo de las condiciones bélicas.
Además en 1946 se creó el llamado Impuesto a las Ganancias Eventuales que afectaba a la venta de activos y propiedades inmobiliarias, que suponían un rápido incremento de patrimonio no gravado por el impuesto a los réditos. La tasa de este impuesto era del 20 por ciento proporcional a la ganancia.
La llamada Revolución Libertadora y las medidas propiciadas por el Plan Prebisch, significaron una fuerte devaluación de nuestra moneda y la supresión del impuesto a los beneficios extraordinarios[2] y nunca más se volvió a tratar el tema hasta llegar a la situación actual que, fruto de eliminar las juntas naciones de granos y de carnes y los mecanismos de controles de precios, nos encontramos con empresas con fuertes utilidades y un incremento incesante en el nivel general de los mismos.
Que incluso se exacerba con la guerra entre Ucrania y Rusia, dos grandes productores de trigo y de girasol e impacta en todos los mercados. Y en el caso de Rusia en el precio del gas y todo lo que ello significa.
Ante ello el Gobierno nacional presentó en el Congreso de la Nación, el 6 de junio 2022, el Mensaje N° 33/2022 y Proyecto de Ley 0010-PE-2022 para incorporar una alícuota adicional del 15% al impuesto a las Ganancias para Sociedades que tuvieron una «renta inesperada»[3] producto de la disparada de precios internacionales que generó la guerra en Ucrania.
En los fundamento del Proyecto de marras se sostiene que, ante esta situación excepcional se requieren nuevas y mejores herramientas para dotar al Estado de los recursos necesarios para llevar adelante políticas públicas para redistribuir la riqueza hacia los hogares. Mejorar la distribución del ingreso, reducir la pobreza y contener el proceso inflacionario que son objetivos fundamentales y es preciso instrumentar todas las herramientas que se tengan al alcance para lograrlo.
El ministro de Economía de ese entonces, Martín Guzmán, destacó durante la presentación del proyecto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, que la normativa alcanzará a firmas con ganancia neta imponible o ganancia contable de más de $1.000 millones (en el año 2021 fueron solamente 3,2% de las empresas, unas 19.000 sociedades anónimas) y que cumplan con al menos una de dos condiciones:
- Su margen de ganancia sobre los ingresos (utilidad neta, se descuenta la inflación) deberá ser superior al 10% o
- Deberá haber tenido un aumento del 20% de las utilidades netas en el año 2022 con relación al 2021
Sin embargo tras la renuncia del ministro Martín Guzmán, se dejó de lado dicho proyecto y se lo reemplaza en la práctica por la Resolución 5248/AFIP que, en lugar de gravar la renta inesperada, lo que hace es un pago adelantado por única vez, a cuenta de la liquidación del Impuesto a las Ganancias.
De acuerdo con la Resolución 5.248 de la AFIP, serán alcanzadas las empresas que hayan tenido resultados positivos de entre 100 y 300 millones de pesos con una tasa del 15%. Para aquellas empresas que hayan ganado más de 300 millones la tasa será del 25%. En tanto, quedarán excluidas aquellas personas jurídicas que hubieran obtenido un certificado de exención de Ganancias, vigente en 2021 o 2022.
La norma establece que estas compañías deberán adelantar en seis meses el pago del Impuesto a las Ganancias, con los que la AFIP espera recaudar $ 250.000 millones entre octubre y julio de 2023, según dijo su titular, Carlos Castagneto.
EN SINTESIS
La demostrable existencia de renta petrolera, minera, agropecuaria y financiera, debería obligar al gobierno, en una situación límite y totalmente justificada por el exacerbado incremento de los precios y de la tasa de interés, aplicar un impuesto adicional al de ganancias, para revertir al menos en parte la regresividad del sistema impositivo vigente, pero en cambio, lo sustituye por un adelanto en el pago del impuesto a las ganancias.
Y lo hace porque el presupuesto de la Administración Nacional por DNU 331/22 implica una fuerte reducción del gasto, para que el mismo sea solamente del 20,9% del PIB, cuando el menor gasto público del gobierno de Cambiemos fue del 21,38% del PIB. En el mismo se prioriza el pago de los servicios de la deuda externa e interna en desmedro de las erogaciones previsionales, de los subsidios, y de la inversión pública.
Es obvio que todo el sistema tributario argentino, tanto en su faz teórica como en la práctica concreta, adolece de no cumplir el “principio de equidad” que articula y sintetiza a todos los demás principios constitucionales. Un tributo va a ser justo cuando considera las garantías de: legalidad, igualdad, generalidad, proporcionalidad, no confiscatoriedad e irretroactividad. Y en ese marco, ni tan siquiera se busca al menos compensar la inequidad con gravar la renta extraordinaria o no esperada que hubiera sido lo justo.
[1] Los 10 banco privados más grandes y en ese orden son Santander, BBVa, Galicia y Macro (en estos cuatro primeros bancos tiene participación accionaria Blackrock), Credicoop, Citi, HSBC, ICBC, Patagonia, Supervielle.
[2] Plan Prebisch: a) Suprimir los controles de cambio y la comercialización de exportaciones con intervención estatal. b) Se aplicaron fuertes devaluaciones que beneficiaron a los sectores agrarios más concentrados e hizo caer el salario real c) Los salarios fueron congelados, frente a una inflación creciente. d) Se suprimieron todos los subsidios dirigidos al consumo de los sectores populares.
[3] En la Guerra de los seis días (1967) las empresas petroleras en los EEUU habían aumentado sus ganancias en un billón de dólares como consecuencia de la guerra, mientras que los costos locales no se modificaban porque tenían autoabastecimiento. El gobierno de Richard Nixon le fijo un tributo sobre sus utilidades, que tuvo vigencia por 2 años.
