Por Eduardo Toniolli (concejal PJ-FpV)
Carlos Rosenkrantz, abogado propuesto por Macri como Ministro de la Corte Suprema de la Nación, tuvo ayer su entrevista en el Senado. Consultado por algunos senadores por la naturaleza del contrato de su estudio y el de Gil Lavedra con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe (raticado y otorgado por contratación directa por Decreto 3165/08), para litigar contra el Estado Nacional por el 15% detraído a a la masa coparticipable para financiar a la Anses, Rosenkrantz comenzó a balbucear. Hasta que los radicales Rozas y Naidenoff lo interrumpieron y exigieron a sus colegas que dejaran de preguntarle al respecto, porque se trataba de asuntos ligados a su “actividad privada” (sic).
¿En que consistía aquel contrato? Rosenkrantz fue abogado de la provincia de Santa Fe en la causa caratulada: “Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” Expediente CSJ 538/2009 (45-S)/CSl”. Ese litigio tenía como fundamento la demanda de restitución a Santa Fe del 15% de la masa coparticipable, con el que la Nación y todas las provincias financiaban a la Anses. Paradójicamente el que inicio esta demanda fue Binner en el 2008 siendo Gobernador, cuando en el 2006 – siendo Diputado Nacional – había votado favorablemente la Ley que habilitaba esa detracción.
Ahora bien, la Provincia de Santa Fe tiene una Fiscalía de Estado, con unos 150 profesionales del derecho altamente capacitados, que – estamos en condiciones de confirmar – fueron los que redactaron la demanda. La pregunta que se abre es la siguiente: ¿para que se contrató a los estudios de Rosenkrantz y de Gil Lavedra? Pues para hacer lobby ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El 24 de noviembre de 2015 la CSJN falló a favor del Estado santafesino en aquel litigio. Dos días después, la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe aprobó un pedido de informes de nuestra autoria, donde solicitábamos dos cosas: el monto destinado en el presupuesto provincial para abonarle a estos estudios jurídicos desde el 2008 hasta la fecha, y cuanto le correspondía a ambos estudios en concepto de honorarios. Hasta el momento dicho pedido de informe no ha sido contestado.
Respuesta posible al primer interrogante: hasta donde sabemos el contrato original era por un año (se desprende del decreto) y era de 40 mil pesos mensuales por estudio (es decir 480.000 pesos por un año por estudio). Si bien no contamos con documentación que acredite la prorroga de los mismos (por eso pedimos informes al Gobierno de Santa Fe), es de público conocimiento que el socio de Rosenkrantz, Gabriel Bouzat, suscribió como abogado patrocinante de Santa Fe el alegato presentado con fecha 8 de septiembre de 2011 en el juicio Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad” Expediente CSJ 538/2009 (45-S)/CSl”. De ello se desprende que la relación contractual entre el Estado santafesino y el estudio prosiguió.
Respuesta al segundo interrogante: los honorarios de los abogados de Santa Fe en el juicio no están regulados todavía, pero según pautas legales (art. 7 Ley 21839), deberían fijarse entre el once por ciento (11 %) y el veinte por ciento (20 %) del monto del proceso. Según estimaciones periodísticas, el monto que el Estado Nacional debe a Santa Fe alcanzaría en la actualidad la suma aproximada de $ 35.000 millones (comprendiendo capital más intereses), por lo tanto los honorarios – a dividirse entre los estudios que intervinieron en el juicio patrocinando a la Provincia de Santa Fe – deberían oscilar entre $ 3.850 millones y $ 7.000 millones. Sin embargo, el importe definitivo lo deberán acordar las partes o, en su defecto, lo determinará la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. La misma Corte que el Dr. Rosenkrantz pretende integrar.
Hete aquí el porqué de la interrupción de los Senadores Rozas y Naidenoff al Dr. Rosenkrantz en la audiencia. Mejor no hablar de ciertas cosas.
