Juan Facundo Besson*

Si por algo se lo conoce al peronismo es por el reconocimiento real primero y luego legal de los derechos sociales.

En el decálogo de los derechos reconocidos al trabajador y a su familia encontramos el derecho de las vacaciones pagas, es decir, el derecho al merecido descanso.

Esto nos lleva a pensar que hace cien años las vacaciones eran apenas el privilegio de los potentados de nuestro país.

A continuación, vamos a adentrarnos en los antecedes de este derecho y en el reconocimiento que llega hasta nuestros días.

Antecedentes: Derechos que caían en saco roto

Podemos vislumbrar que el fenómeno de las vacaciones pagas comienza después de la Primera Guerra Mundial, principalmente en países de Europa.

Este proceso de democratización del ocio representó una nueva forma de apropiación del tiempo y del espacio que resultó muy compleja. En nuestro país, durante la denominada «Década infame» en el año 1933, se sancionaba la ley 11.723, a través de la cual se introdujeron algunas medidas protectoras para los trabajadores, entre las que se encontraban las vacaciones pagas, aunque en ese momento solamente eran para trabajadores del sector comercial.

Asimismo, cabe destacar que este tibio “reconocimiento” legislativo chocaba de lleno con la realidad, ya que en 1935 eran muy pocos los gremios que gozaban de vacaciones pagas a lo que se agregaba la falta de convenios colectivos que dejaba un amplio margen para la arbitrariedad de los patrones.

Las vacaciones pagas: la punta del iceberg del turismo social

El decenio que precedió a la Segunda Guerra Mundial es caracterizado por la crisis, por la expansión del desempleo y por los antagonismos nacionales. Es el de un inmenso esfuerzo por organizar el tiempo de ocio de los trabajadores.

Así, las vacaciones pagas fueron instauradas en la mayoría de los países occidentales gracias a la convergencia de tres actores sociales: los empleadores y sus organizaciones, los sindicatos y los poderes públicos.

En Argentina es a través del Decreto 1740, sancionado el 24 de enero de 1945, cuando el por entonces secretario de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón, generalizó el derecho a gozar de vacaciones pagas a los todos los trabajadores.

Es a partir de esta política que los argentinos comenzamos a disponer de una serie de días consecutivos de vacaciones pagas y mediante un programa de acceso al turismo social, los trabajadores de todos los sectores sociales empezaron a descubrir un país hasta entonces muy poco conocido.

Sin embargo, lo precedentemente señalado no hubiese sido posible llevar a cabo si no era por los decretos de Personería Gremial como el 33302/45 que otorgaba salario básico, mínimo y vital, el del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y la creación del Instituto Nacional de Remuneraciones que facilitaron concesiones para los sindicatos permitiendo fundar instituciones para el servicio social y manejar un mayor caudal de fondos.

Al mismo tiempo, el Estado fijaba un descuento obligatorio del 5% del aguinaldo (un 2% del aporte obrero y 3% del patronal), destinado al fomento de turismo social y a la creación de colonias de vacaciones.

Las medidas aludidas se dieron en el marco del proyecto de Turismo Social, el cual estuvo asentado en dos ejes centrales: la extensión de las licencias pagas por vacaciones obligatorias al conjunto de los trabajadores, primero, y el montaje mediante el ejercicio coordinado entre el Estado (Nacional y provinciales) y la Fundación Eva Perón, con asociaciones, en particular las sindicales, para garantizar “el hospedaje” a los trabajadores y facilitar el transporte a través de planes de abaratamiento de pasajes y móviles especialmente destinados al traslado de los nuevos turistas.

En el marco de una política de turismo social pensada a mediano y largo plazo, cabe poner de relieve que el emplazamiento de los modernos complejos recreacionales durante el peronismo fue el resultado en 1944 de un proyecto del Ministerio de Obras Públicas – finalizado por la Fundación Eva Perón en 1950 – destinado a los empleados estatales, luego extendido al conjunto de los trabajadores.

En resumen, las vacaciones pagas  se constituirían en uno de los elementos esenciales de la política del Turismo Social cuya finalidad fue la de posibilitar el acceso de la población trabajadora a los lugares de turismo, organizado por el Estado y facilitando la construcción de hoteles y colonias de vacaciones a los servicios de bienestar y asistencia social de las asociaciones profesionales, y de las franquicias posibles en los medios de transporte.

*Abogado. Miembro de la Cátedra Libre Juan Domingo Perón. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario