Por Horacio Rovelli
La Argentina pasada la primer quinta parte del Siglo XXI cuenta con recursos naturales que cada vez son más valiosos, como son el agua, los alimentos, petróleo, gas, hierro, cobre, oro, plata, litio, minerales raros, etc., recursos suficientes para autoabastecernos dignamente y ser exportadores netos de los mismos. El problema es que cede soberanía sobre ellos permanentemente a favor del capital más concentrado, local e internacional, sobre todo a los EEUU.
La injerencia de la Embassy en los asuntos internos argentinos no tiene límites, con cabecera de playa como es el FMI por la deuda y, con la diplomacia de exigir, como hizo la General Laura Richardson, Jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, cuando en visita a nuestro país sostuvo ““El ‘triángulo del litio está en esta región. Hay muchas cosas que esta región tiene para ofrecer”, para afirmar a continuación que China “está jugando al ajedrez”, mientras que Rusia –que también es “prevalente” en la región– “está jugando a las damas”. “Creo que están para socavar a Estados Unidos, están para socavar las democracias” (sic).
Además, la General abordó el trabajo de RT y Sputnik en la zona: “Honestamente, con toda la desinformación y [están] Russia Today en español y Sputnik Mundo con más de 30 millones de seguidores en redes sociales. Quiero decir, esto es muy preocupante”. Enfatizó también que “muchas elecciones importantes” se acercan o acaban de celebrarse en América Latina y añadió: “Tenemos que seguir comprometidos y preocupados por esta región”. Traducción: solamente podemos leer al gran diario argentino o a lo sumo a la tribuna de doctrina y, ver y oír sus repetidoras.
Un país soberano debe saber defender sus recursos naturales, su trabajo, su producción, y su inserción en el mundo, para ello requiere de un Estado que elabore e interactúe con toda la población y no con la minoría empresaria, un plan de gobierno, y no considerar el plan del FMI como propio.
Es imprescindible poner el centro del plan en generar puestos de trabajo e impulsar el mercado interno y, para ello, es necesario preservar el valor de nuestro dinero. Solamente con un plan que se base en el trabajo y la producción nacional se puede reordenar la economía del país y, para ello, es imprescindible que el Estado se apropie de la renta extraordinaria de nuestros recursos naturales y de la fertilidad de la tierra y, la primera medida debe ser recuperar parte de las divisas fugadas, aplicando multas y sanciones a quienes evadieron y fugaron capital y, a los funcionarios que lo posibilitaron.
Solo dos caminos
La visión que tiene el FMI, como principal acreedor y auditor de la deuda externa generada en la gestión de Cambiemos, obligaciones no investigadas para saber cuánto es deuda y cuanto no, nos obliga a realizar un fuerte ajuste fiscal y, reducir drásticamente la demanda interna para que se generen saldos superavitarios (fiscal y comercial) y, de ese modo, poder pagar los intereses primero y, los intereses y el capital después, sin importarle el costo económico y social que esas medidas significan.
El modelo “chileno” de exclusión social y de subordinación “carnal” con los EEUU refleja fielmente lo que se pretende. Que el ingreso per cápita del país tras andino sea de 25.000 dólares anuales, cuando según estimaciones de la Fundación Sol [1] en Chile el 70 por ciento de sus trabajadores perciben sueldos menores a los 770 dólares mensualmente y, 12 de los 19 millones de chilenos tienen deudas de todo tipo que refinancian permanentemente por no poder cancelar. Una minoría rica e integrada al mundo y el grueso de la población sobreviviendo como puede.
Ese camino, ya recorrido por nuestro país en forma intermitente desde 1956, en que el gobierno de Aramburu y Rojas hicieron que la Argentina se adhiera al FMI, solo logró extranjerizar fuertemente la economía junto al empobrecimiento de nuestra población.
En cambio, la alternativa es propender a una reactivación del mercado interno y apuntalar el trabajo y la producción nacional, y exige como primera medida investigar la evasión fiscal y la fuga de capitales y, con el recupero de la misma y cumpliendo con los plazos acordados con el FMI, cancelar deuda con esos recursos sin tener que pedir un nuevo crédito al organismo internacional, como asevera la ley 27.668 de Programa de Facilidades extendidas.
Esto es, el acuerdo del FMI con la Argentina reemplaza un stand by por un crédito de facilidades extendidas y, se va pagando cada refinanciación de capital con la plata que nos concede el organismo internacional de crédito en un nuevo préstamo a 10 –diez- años. Al principio ingresan más recursos que lo que se cancela. Por ejemplo en diciembre 2022 ingresan 6.257 millones de dólares y se debe pagar el vencimiento del capital por 3.850 millones de dólares, pero después se revierte e ingresan menos fondos y se debe pagar más capital. La propuesta se realiza de este modo porque la Argentina en 2025 va a ser un exportador neto de energía y, con eso, se paga la deuda hasta 2034 (el último vencimiento del stand by de Macri es septiembre 2024 y se refinancia cada vencimiento a una nueva deuda a 10 – diez- años). El problema es quién va a ser el dueño de la energía, como de los recursos naturales.
Gasoducto Néstor Kirchner
La situación es crítica, pero es proporcionalmente más un problema de liquidez que de solvencia. La Argentina cuenta con sólidos recursos patrimoniales y puede garantizar flujos de fondos, esencialmente por la explotación de Vaca Muerta y porque somos el tercer exportador mundial de soja y el cuarto de maíz, existe el litio y minerales raros y, se tiene una importante capacidad para producir bienes industriales, que en principio permite sustituir importaciones, pero que de desarrollarse son competitivos internacionalmente.
El problema y el condicionamiento está en una deuda externa que durante la gestión del gobierno de Cambiemos creció aceleradamente en divisas y en capital en más de 100.000 millones de dólares, a los que se le debe sumar los intereses que la deuda devenga, para beneficiar a una minoría de la población que la fugó y solo reingresará parte de esa fuga, si compra el trabajo nacional y sus activos a precio vil.
Cómo se soluciona el problema de la deuda es la que genera siempre dos escenarios diametralmente distintos, con beneficiado y perjudicados que son antagónicos, que es la verdadera brecha del país.
Las soluciones generan:
- Dos inflaciones: Una por dólar y, otra por consumo.
- Dos modelos: Uno de dolarización y renta y otro, de producción y consumo
- Dos alternativas: Extranjerización o nacionalización de la economía.
Al elegir el camino de subordinarnos al FMI, se opta por depreciar nuestra moneda para que el extranjero y el gran capital fugado, compre por la mitad lo que vale el doble. En ese escenario el poder adquisitivo de nuestro dinero es cada vez menor porque la devaluación se traslada a precios, que es el mecanismo para transferir nuestros ingresos (que lo percibimos en la moneda local) a favor de los que están relacionados con el sector externo comercial y financieramente.
En cambio, si se impulsa la demanda agregada interna (Consumo e Inversión) seguramente habrá un corrimiento de precios por mayor demanda, pero impulsada por al mayor nivel de actividad y producción, que se espiraliza en un circuito virtuoso de mayor participación de los asalariados en el ingreso.
Sociedad Rural Argentina
El modelo propuesto por el FMI es en beneficio de una minoría rentista y parásita, dependiente del exterior, que “dolariza” la ganancia en forma permanente, desligándose del costo interno, que ajusta hacía abajo con cada devaluación. En cambio si se impulsa la producción y el consumo, cuando somos superavitarios comercialmente, como lo fuimos en todo lo que va del siglo XXI, donde las exportaciones superan a las importaciones de mercaderías desde al 1 de enero de 2000 al 31 de octubre 2022 en 268.675 millones de dólares, se pone en marcha la rueda del circuito productivo (Mayor producción, mayor redistribución del ingreso, mayor consumo, mayor inversión, etc.) y se cuenta con recursos harto suficientes para realizar las necesarias mayores importaciones.
Finalmente, si se cumple con el plan del FMI, vamos a tener una cada vez mayor dependencia con el capital extranjero, al que se le cede a precio vil nuestros recursos naturales y se le delegan facultades que le son propias al Estado. En cambio, al impulsarse el modelo de desarrollo del mercado interno y del capital nacional, se recupera la soberanía sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestros puertos y, sobre la comercialización interna y externa hoy liderada por grandes grupos monopólicos nacionales y extranjeros.
Un camino no exento de riesgos
Observamos atónitos cómo el gobierno devalúa nuestra moneda en general y sobre devalúa (en un 35%) a favor de los grandes productores, acopiadores y comercializadores de soja, para, en forma paralela, vender dólares más baratos a algunos importadores. Desde el 28 de noviembre al 30 de diciembre 2022 el Tesoro de la Nación completa el importe de $ 230 por dólar por la soja exportada y, el BCRA se lo vende a $ 170 a los importadores. Es más, el ministro Sergio Massa se comprometió con la UIA – Unión Industrial Argentina: Pagani-ARCOR; Rocca-Techint; Blaquier – Ledesma; Magnetto-Clarín; etc. que habrá más dólares a precio oficial para importar y de que, moderará el ritmo de suba del oficial en el intento de bajar la inflación a 4% mensual hasta marzo 2023 que, teóricamente, es el comienzo de la liquidación de la cosecha gruesa.
Paralelamente el Tesoro de la Nación sale a colocar títulos de deuda en pesos y pide, ante la cada vez mayor reticencia de los bancos y fondos de inversión de adquirir títulos de deuda local, que se lo compren las provincias y el BCRA. Las primeras con sus excedentes de “caja” (las que tienen excedentes) y, el BCRA neutraliza la emisión monetaria (por la compra de títulos del Tesoro) colocándole Leliq y otros encajes remunerados a los bancos, sobrealimentando un pasivo contingente que supera los 9,5 billones de pesos (cifra que a su vez supera en más de dos veces a la emisión monetaria –Base Monetaria y, una vez y media el total del crédito dado por el conjunto de entidades), configurando la peor serie de toda la historia monetaria del país.
Que va a pasar con los 9,5 billones de pesos inmovilizados en encajes remunerados, depende de los grandes bancos privados que son sus tenedores, quienes van hacer jugar esa carta hasta el final, sabiendo que el gobierno depende que no se convierta en dólares y, por ende, en una corrida cambiaria y bancaria de proporciones, tipo 1989, como le hicieron a Alfonsín.
Raúl Ricardo Alfonsin y Carlos Saúl Menem
La incapacidad de poder pagar la deuda externa hace que el gobierno radical deba dejar de subsidiar a los grandes contratistas del Estado (disminución de la obra pública, limitación a las promociones industriales y otros tipos de promociones impositivas; desprotección arancelaria y cambiaria, etc.), para poder “honrar” la misma. Esto se traduce en una fuerte puja inflacionaria que desencadena la hiperinflación de 1989, y la asunción anticipada de Carlos Menem en julio de ese año.
La inflación fuera de control, en la que los precios aumentan rápidamente al mismo tiempo que la moneda pierde su valor real y, la población tiene una mayúscula reducción en su capacidad de compra.
Nuestro país cuenta en su historia con un proceso híper inflacionario que abarca dos administraciones, el fin del gobierno de Raúl Alfonsín y el comienzo de la gestión de Carlos Menem, en que el dólar pasó de valer 17,62 australes el 6 de febrero de 1989 a 10.000 australes el 1 de abril de 1991 y que, es la causa directa que la inflación medida por el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del INDEC fuera de 3.079,5% en el año 1989 y de 2.314% en el año 1990. La hiperinflación es hija de la híper devaluación En 1989 con la devaluación del Austral en Argentina, miles de personas pasaron hacia la pobreza: la hiperinflación devoró salarios, generó revueltas, tomas de supermercados y, llevó al adelantamiento del traspaso del gobierno.
No estamos exentos de repetir esa historia.
[1] Decana en investigación independiente, realiza trabajos en distribución de ingresos y en el mundo laboral, con dirección en Miraflores 113, oficina 48, Santiago de Chile.
