El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó este sábado el pedido de excarcelación de los cuatro detenidos, Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, vinculados a una causa judicial en la que se investiga acciones violentas contra dirigentes políticos, e incluso por sugerir la posibilidad de un atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En línea con la opinión del fiscal que investiga las amenazas, Gerardo Pollicita, el magistrado consideró que los imputados podrían poner en riesgo la investigación, al punto de intentar amedrentar a los testigos, en caso de recuperar la libertad.

En el caso de Basile, el magistrado sostuvo en su resolución que “el material recolectado a lo largo de la instrucción deja al descubierto el escaso apego a las normas” por parte de la imputada, y eso “lleva a presumir que, en caso de recuperar su libertad podría incluso colaborar en operatorias dedicadas a amedrentar víctimas y testigos”.

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“Todo ello se torna verosímil si se considera el temor generado en primer lugar por la actividad pública desarrollada y que fue objeto de la agrupación (Revolución Federal) desde su formación y en particular, que el estudio de celulares y notebooks secuestradas en la causa, podría arrojar información sobre terceras personas aún desconocidas, quienes podrían recibir algún tipo de presión de parte de quienes se encuentran ahora detenidos”, agregó.

Para el magistrado, el estado de libertad de Basile “en este momento de la instrucción, podría también entorpecer el resto de las diligencias peticionadas por el fiscal, las cuales, podrían guardar vinculación con los hechos investigados en la causa del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 5 del atentado a la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”.

Morel, Sosa, Guerra y Basile fueron detenidos el jueves pasado por orden de Martínez de Giorgi, quien instruye en una causa que se sigue por las amenazas que el grupo Revolución Federal realizó contra funcionarios del Gobierno Nacional, entre ellos la vicepresidenta, y se analiza si este espacio pudo tener alguna vinculación con las personas que se encuentran detenidas por haber intentado asesinar a la exmandataria el pasado 1 de septiembre.

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Los detenidos pueden ser acusados de organizar o formar parte de agrupaciones que tuvieren por objetivo imponer sus ideas a la fuerza, o infundir temor en otras personas, explicaron fuentes judiciales.

El artículo 213 bis del Código Penal establece que “será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.

También se los acusa de “incitación a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones y la incitación a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.

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Las detenciones habían sido solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita a través de un extenso dictamen que le presentó el martes al juez Martínez de Giorgi, en el que enumeró distintas manifestaciones violentas convocadas por Revolución Federal, como así también las declaraciones públicas, amenazantes, esgrimidas por sus referentes.

Entre las manifestaciones enumeradas en la causa, se encuentra la marcha de las antorchas convocada el 25 de mayo de este año frente al Congreso de la Nación, bajo consignas tales como “Basta de Cristina”, “Basta de Alberto”, “Los vamos a sacar” y “Van a correr”.

Otra de las manifestaciones invocada por el fiscal fue la realizada en Plaza de Mayo el 9 de julio bajo consignas como “Es hora de accionar” y “Es ahora o nunca”, a la que Morel asistió con una guillotina de utilería de grandes dimensiones.

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También fueron considerados por el juzgado y la fiscalía los mensajes publicados por los acusados en sus redes sociales, sus expresiones en medios de comunicación y las propuestas que realizaron en diálogos que transmitieron por Twitter Space, una herramienta utilizada para conferencias o diálogos virtuales.

El 26 de agosto, por caso, durante una de esas charlas que fue titulada “Hay que pudrirla”, una persona que se supone era Morel proponía infiltrarse entre la militancia kirchnerista que manifestaba su apoyo a la vicepresidenta en la puerta de su casa, para llevar a cabo un ataque, algo que efectivamente ocurrió cinco días después cuando Sabag Montiel intentó asesinarla.

Para los investigadores, las consignas y manifestaciones violentas protagonizadas por Revolución Federal desde mayo de este año pudieron haber funcionado como “caldo de cultivo, como el discurso de odio que desencadenó” el intento de asesinato de la vicepresidenta, según pudo saber Télam de fuentes judiciales.

Declaraciones de los acusados

El pasado viernes, al declarar ante el juez, Morel sostuvo el no tuvo “la culpa” de que “un loco” haya querido matar a Fernández de Kirchner y negó las acusaciones en su contra, según aseguraron fuentes de su defensa.

Allí también explicó que después de que Fernando André Sabag Montiel intentara asesinar a Fernández de Kirchner, Revolución Federal decidió parar con sus manifestaciones porque no había “clima” como para seguir.

Antes que Morel había declarado Basile, quien también negó haber cometido algún delito y reclamó que su pedido de excarcelación se tramite de modo urgente porque está encargada de cuidar a su padre.

Asistida por el abogado Martín Sarubbi, Basile explicó su vínculo con Revolución Federal y con los otros imputados de la causa: dijo que los conoció el 3 de julio en el marco de las protestas realizadas frente a la Quinta de Olivos, el día en el que el Gobierno decidió suspender la conferencia de prensa en la que se anunciaría la asunción de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía.

Explicó que tras esa manifestación la sumaron a un grupo de WhatsApp y que luego siguió participando de otras marchas a la que cada uno llevaba lo que tenía y lo que quería, por lo que descartó -ante preguntas de su defensa y de la fiscalía- que Revolución Federal contara con algún tipo de financiamiento.

En ese contexto, aseguró que no tuvo intenciones de desestabilizar, ni de agredir a nadie y que solo hizo uso de su derecho a protestar contra todo el arco político, informaron fuentes judiciales que explicaron que sus criticas no fueron solo al Gobierno nacional.

Basile aseguró que el funcionamiento de Revolución Federal era anárquico y negó tener vinculación con las personas imputadas en la causa en la que se investiga el intento de homicidio contra la vicepresidenta.