La justicia resolverá si los funcionarios policiales involucrados en la persecución y balacera ocurrida el 23 de junio pasado, que terminó en Callao y Arijón donde fueron asesinados David Campos y Emanuel Medina, continúan en prisión preventiva.
A través de un comunicado, la Multisectorial Contra la Violencia Institucional, informó que “este martes a las 15 se realizará en los Tribunales Provinciales la última audiencia del año de prórroga de las prisiones preventivas a los funcionarios policiales involucrados, tanto en el brutal fusilamiento de los jóvenes David Campos y Emanuel Medina, como en su posterior encubrimiento”.
Por otra parte señalaron que “las familias de David y Emanuel y la Multisectorial contra la Violencia Institucional nos mantenemos en estado de alerta frente a la posición que pueda adoptar el fiscal interviniente en la causa, Adrián Spelta, quien es el responsable de solicitar las prórrogas mencionadas, así como por lo que pueda resolver el juez interviniente”.
En el mismo sentido, continúa el texto: “Manifestamos profunda preocupación y temor por la seguridad de las familias Campos y Medina, así como por el entorpecimiento de la investigación que podría darse en caso de que se le otorgue la libertad a estos funcionarios policiales”.
“Recordamos, en primer lugar, que mientras los mismos estuvieron en libertad se produjeron hechos de hostigamiento e intimidación tanto a las familias como a posibles testigos del fusilamiento de David y Emanuel. Ejemplo de ello fue que en horas de la tarde del día 23 de junio, luego de haberse desmontado el resguardo de la escena del hecho, funcionarios policiales se presentaron en la cuadra e intimidaron a los/vecinos/as que habían sido testigos para que no brinden declaración ni aporten datos a la causa. En idéntico sentido, mencionamos el destrozo del mural realizado en la plaza frente a la cual fueron fusilados David y Ema, el cual mostraba los rostros de los chicos y exigía justicia, y fue estropeado a pocas horas de haber sido pintado”, denunciaron.
También recordaron que “todos los policías imputados de alguna manera participaron del encubrimiento y/o de la adulteración de la escena del hecho. En este sentido, ocultaron información y/o evitaron denunciar delitos –siendo que como funcionarios públicos tiene la obligación de hacerlo-, con el fin de garantizar impunidad a los responsables del fusilamiento de David y Emanuel. Asimismo, recién declararon cuando la investigación ya evidenciaba que la versión policial instalada inicialmente en los medios de comunicación era a todas luces absurda y mentirosa, lo que desde la MCVI sostuvimos desde el principio”.
La investigación realizada confirma que la persecución se inició en la intersección de calles Grandoli y Gutiérrez por un policía motorizado que “se sintió provocado” por David y Emanuel quienes pasaron por delante suyo con música fuerte en un automóvil con vidrios polarizados, y cometieron una infracción de tránsito (según su propia declaración). Los jóvenes no sólo que no efectuaron disparo alguno sino que estaban desarmados. Ello surge incluso de las propias declaraciones de todos los policías imputados que han solicitado declarar al momento. Es dable mencionar que las policías imputadas Jésica Lezcano y Roxana Ramírez, quienes fueron las primeras en declarar, confirmaron la existencia del encubrimiento del delito. Sin embargo, ninguno de los restantes policías imputados aportó mayor información en cuanto al armado o adulteración de la escena de los hechos. Tampoco fueron concluyentes en cuanto a quiénes de sus compañeros realizaron dichas acciones.
En este marco de acontecimientos y evidencias, la posibilidad de que los policías imputados queden en libertad “nos convoca a estar alertas, tanto por la seguridad de las familias Campos y Medina, como por el temor fundado a que vuelvan a realizar acciones tendientes a entorpecer y/o obstaculizar la investigación. Es responsabilidad del Ministerio Público de la Acusación y del Poder Judicial Provincial que ello no ocurra”, indicaron en el comunicado.
En consecuencia, “el fusilamiento de David y Emanuel es un caso más de los tantos existentes en la ciudad de graves violaciones a los Derechos Humanos por parte de policías provinciales. Instamos a que, tanto la etapa de investigación como una futura instancia de juicio, se realicen en absoluto respeto y resguardo tanto físico como psíquico de las familias de las víctimas. Volvemos a manifestar nuestra preocupación por la actitud de negación y destrato del Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro quien, a pesar de los insistentes pedidos de reunión que hemos realizado, no ha recibido aún a las familias de los jóvenes asesinados”.
