El 8 de septiembre de 2014 Iván Mafud volvía de una reunión con amigos. En Uriburu y Ovidio Lagos se topó con un móvil policial y luego de una extensa persecución por el sudoeste de la ciudad terminó acribillado por balas policiales y su auto incrustado en un zanjón, en la intersección de las rutas A012 y 9, en jurisdicción de Roldán.
Luego de casi cuatro años de investigación este viernes comenzó el debate oral y público en los Tribunales provinciales, que tiene a quince policías de la provincia de Santa Fe sentados en el banquillo de los acusados. Siete de ellos están acusados de homicidio calificado, encubrimiento agravado, robo y falsedad ideológica. Otros seis por encubrimiento agravado, robo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. Un comisario principal y un subcomisario del Comando Radioeléctrico serán juzgados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento agravado, falsedad ideológica, robo y abuso de autoridad. También fueron acusados por el fiscal de robo calamitoso, por haber sustraído del vehículo de la víctima una sillita de bebe y tres mil pesos de la guantera del auto, aprovechándose del infortunio de la víctima.
En la primera audiencia estaba previsto que las partes expusieran los alegatos de apertura. Pero esto no fue posible debido a distintos planteos presentados por las partes. Sólo la Fiscalía expuso su alegato y pidió penas de 8 años de cárcel a prisión perpetua para los policías involucrados. La querella y defensas lo harán el 26 de abril cuando se retome el debate a pedido de los abogados que representan a los hijos de la víctima quienes solicitaron que se suspenda el juicio ya que tomaron la representación el pasado lunes y no lograron reunir la documentación necesaria para ejercer la defensa y preparar su alegato.
El tribunal está integrado por los jueces Eleonora Verón, en la presidencia y Mariano Aliau y Juan Carlos Curto como vocales. La acusación estuvo a cargo de los fiscales Miguel Moreno, Adrián Spelta y María Laura Ricardo.
Dimes y diretes
En primer lugar, Gabriel Ganon y Santiago Bereciartúa, representantes de la víctima, pidieron la suspensión del juicio por el término de quince días ya que no pudieron acceder a la documentación y analizar el material para hacer una correcta defensa. Los abogados tomaron la representación de la familia de la víctima el pasado lunes y esgrimieron que Fiscalía no le facilitó el material de la causa.
La Fiscalía no tardó en rechazar el planteo, aludiendo que la querella debió informar debidamente en tiempo y forma a los abogados anteriores, acción que lesiona la ética profesional. Además el fiscal Miguel Moreno señaló que la postergación dejaría un antecedente peligroso.
Por su parte, los defensores cuestionaron la presencia del ex defensor general Gabriel Ganon como parte de la querella, acompañado por el abogado Santiago Bereciartúa quien representó a víctimas en los juicios de lesa humanidad.
Los defensores plantearon que Ganon no podía estar sentado allí, argumentando que como defensor general tuvo acceso a la causa. Esta vinculación se debe a que en la primera etapa de investigación del caso, una defensora oficial representó a uno de los imputados.
Ganon no tardó en responder que uno de los imputados en esta causa “es familiar de un integrante del clan Cantero, que fue condenado hace pocos días en el juicio por asociación ilícita y cinco homicidios”. El abogado sostuvo que “desde el teléfono de la víctima, luego del horario de fallecimiento, realizaron dos llamados al teléfono celular del condenado en el juicio a Los Monos, Monchi Machuca”.
Decisión del tribunal
Luego de los planteos de las partes, el tribunal integrado por los jueces Eleonora Verón, Mariano Aliau y Juan Carlos Curto resolvieron por unanimidad que las postulaciones de la defensa, respecto de Gabriel Ganon como integrante de la querella, pasan por una cuestión de intereses entre las partes que habría representado Ganon como defensor general de la provincia y la que ahora representa. El tribunal argumentó que no existe una evidencia de un conocimiento cierto y efectivo acerca de la línea defensiva del citado caso. Esto se desprende de la ley que regula la actividad del defensor general. Por lo tanto fue rechazado el planteo de la defensa y confirmado Gabriel Ganon como parte de la querella.
Respecto del pedido de la querella de suspensión del inicio del debate, el tribunal consideró razonable la petición y decidió suspender hasta el 26 de abril próximo el inicio del debate, aunque admitió la exposición de la Fiscalía en esta audiencia. La decisión fue fundamentada en que está en juego la tutela judicial y efectiva de la víctima, teniendo en cuenta la multiplicidad de casos y de prueba. Por lo tanto, las exposiciones de las defensas y la querella continuarán el 26 de abril.
Los hechos
El alegato de apertura estuvo a cargo del fiscal Miguel Moreno quien expuso que este caso trata de una persecución policial en la que intervinieron seis móviles y en la cual perdió la vida Iván Mafud.
El fiscal detalló que el 8 de septiembre de 2014 a las 3,10 de la madrugada en Ovidio Lagos y Coronel Arnold, se inició una persecución frenética por el móvil 4449 a cargo de los agentes Jáuregui y Monzón. Durante el transcurso de la persecución se suma el móvil 5777 a cargo de Malisani, Vélez y Franco. Luego se incorpora el móvil 5105 a cargo de los oficiales del Comando Radioeléctrico (CRE), Correa y Maidana. Seguidamente se incorpora el móvil 5094 también del CRE a cargo de los agentes Bustamante y Machuca y finalmente se incorpora a la persecución el móvil 5100 a cargo de los oficiales Amarilla y Sánchez.
Todos perseguían al Fiat Marea color bordó. Mientras la persecución se desarrollaba, en el extremo sudoeste de Rosario, desde Coronel Arnold, luego toma Uriburu, Avellaneda, ingresa a una zona de granjas que conecta con Puente Gallego, toma Ovidio Lagos y ruta 18 hacia el sur. Al llegar a la intersección con la A012 toma rumbo hacia el norte por ésta última.
Paralelamente, y desde el otro extremo de la ruta A012, es decir desde la intersección con la autopista Rosario-Santa Fe el móvil 5767 de la Policía de Seguridad Vial a cargo de los oficiales Gómez y Sguazzini comienza un camino en sentido contrario con el objeto de realizar un cerrojo y obstaculizar el paso del Fiat Marea.
Luego, a las 3,25, a la altura del kilometro 47 de la ruta A012, Ivan Leonel Mafud murió dentro del Fiat Marea. Seis balas habían ingresado en su cuerpo y el vehículo registraba diecinueve impactos.
Gabriel Sguazzini, Oscar Martín Jáuregui, Gerardo Javier Amarilla, Alfredo Matías Correa, Matías Ricardo Maidana, Alejandro Fabián Gómez y Walter Fabián Machuca fueron los autores de esos disparos.
Versión policial
La versión policial sostiene, para justificar la persecución, que el automóvil que conducía Mafud por Ovidio Lagos hacia el sur, al llegar a Coronel Arnold dobló bruscamente hacia el oeste “en las narices de los agentes Jáuregui y Monzón que iban en el móvil 4449” y que además le faltaba la patente trasera. “El accionar policial se sostiene sobre cuatro puntos”, detalló el fiscal Moreno.
El primero es que “desde el Fiat Marea efectuaron disparos de arma de fuego hacia el personal que iba en el móvil 4449. Disparos que fueron respondidos por los agentes”.
El segundo es que “terminada la persecución en el kilómetro 47 de la ruta A012 sobre la margen derecha, yendo de sur a norte, con el auto encajado en un zanjón, dos personas bajan por el lado derecho y disparan contra el personal policial presente” en el lugar, cubriendo su huida con disparos de arma de fuego, en forma pedestre.
La versión policial sostiene, como tercer punto, que el conductor del vehículo, que se encontraba en el habitáculo realiza disparos contra el personal y que al repeler el supuesto ataque el conductor pierde la vida.
El cuarto punto sostiene que luego realizaron un rastrillaje por la zona para dar con los prófugos, con resultado negativo.
Pero el fiscal puso en crisis esta versión, porque según las pruebas recolectadas en la investigación no demuestran que los hechos hayan transcurrido de esta manera y comprueban la falsedad de la versión policial.
Por lo tanto, el fiscal consideró que “las personas que dispararon contra el Fiat Marea en el que se encontraba Mafud lo hicieron con dolo homicida, en virtud de un acuerdo previo y abusando de la función de policías de la provincia de Santa Fe”.
Luego, “sus compañeros Monzón, Franco, Sánchez, Malisani, Vélez y Bustamante los ayudaron a eludir las investigaciones de la autoridad cuando les incumbía la obligación de denuncia por su calidad de funcionarios públicos tratándose además de un delito grave, omitiendo dar cuenta inmediata del suceso al Gabinete Criminalístico y al fiscal en turno. Además omitiendo dar información a la comisaría de Roldán que, constituida en el lugar pretendía ejercer el derecho de intervenir en el procedimiento por haber ocurrido en jurisdicción de la comisaría 6ª de esa localidad”, continuó Moreno.
Después, “arribaron al lugar, Díaz y Dilda, comisario principal y subcomisario, respectivamente, del comando Radioeléctrico. Quienes también colaboran con la elusión de las acciones investigativas por parte de la autoridad a los autores del homicidio. Incumbiéndoles también la obligación de denunciar por su función de funcionario público tratándose de un delito grave. También omitieron dar cuenta al Gabinete Criminalístico y al fiscal en turno, haciendo abuso de su autoridad y condición de jefe y subjefe impidieron que el personal de la comisaría 6ª ejerciera su función dentro de la escena del crimen.
Finalmente, Moreno señaló que “con el objetivo de dar una versión irreal de los hechos todos los acusados se apoderan ilegítimamente de una sillita de bebé y la suma de tres mil pesos del interior del vehículo”.
“Distintos peritos, testigos, familiares y amigos de la víctima traerán al tribunal la realidad de los hechos que intentaron enmascarar los policías que firmaron la infame acta de procedimiento, que constituye una verdadera vergüenza y mancha a toda la policía de Santa Fe”, remarcó Moreno.
Por lo tanto solicita la pena de prisión perpetua para Gabriel Sguazzini, Oscar Martín Jáuregui, Gerardo Javier Amarilla, Alfredo Matías Correa, Matías Ricardo Maidana, Alejandro Fabián Gómez y Walter Fabián Machuca por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de homicidio calificado doblemente, por el concurso premeditado de dos o más personas y por abuso de su función de integrante de una fuerza policial, robo calamitoso, falsedad ideológica y de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público, todos en concurso real.
Para Víctor Daniel Vélez, Eva Carolina Monzón, Diego Daniel Franco, Leonardo Fabián Malisani, Ayelen Bustamante y Jonathan Javier Sánchez solicitó la condena de 8 años de prisión por considerarlos responsables del delito de robo calamitoso agravado por ser miembros de las fuerzas de seguridad, falsedad ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionarios público y encubrimiento agravado.
Finalmente, para Fabián Díaz y Norberto Dilda solicitó la condena de 10 años de prisión por considerarlo coautores de robo calamitoso por ser miembros de la fuerza policial, falsedad ideológica y de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y encubrimiento agravado, por ser miembro de la fuerza de seguridad.
El debate continuaré el próximo 26 de abril con los alegatos de la defensas y las querellas.
