Esta mañana, en los Tribunales Provinciales de Rosario, la Justicia resolvió dos cuestiones fundamentales concernientes a la causa que investigan los crímenes de Emanuel Medina y David Campos. Por un lado, fue aceptado como querellante el padre de Emanuel, y por otro se confirmó la prisión preventiva para todos los policías que se encuentran imputados en la causa.
En diálogo con Conclusión, Camila Aroza, integrante del equipo jurídico que representa a ambas querellas explicó que las dos audiencias, ambas de segunda instancia representaron un punto importante para la causa. «En la primer audiencia se admitió la constitución de querellante del padre de Emanuel, Luis Medina, que en primera instancia se le había negado esta posibilidad, y ahora, la jueza Carolina Hernández resolvió aceptar nuestro planteo, explicó Aroza.
Según su relato, en la audiencia el fiscal Adrián Spelta conservó la postura que había tenido en primera instancia, y se volvió a oponer al igual que la mayor parte de los defensores. «Lo que planteaba la Fiscalía es que al tener Emanuel una hija, eso excluía al padre como querellante. Nosotros planteamos que eso no es así porque lo que dice el Código Procesal Penal es que todos los herederos forzosos tienen ese derecho y que exista una hija no excluye al padre, y además la madre de la nena no quiere hacerlo, por lo cual, si le negaban ese derecho a Luis lo que iba a ocurrir es que nadie se constituyera como querellante en nombre de Emanuel», señaló la vocera del equipo jurídico. «Nuestro planteo además contempló el hecho de que se está negando el derecho constitucional y los tratados internacionales que amparan el derecho de las víctima a ser parte de un juicio».
En relación a la confirmación de las prisiones preventivas, «La magistrada confirmó las prisiones preventivas que se resolvieron en primera instancia y que fue apelado por quien entonces era la defensora de los 14 policías imputados, y que ahora ya no forma parte de la causa, porque quienes eran sus defendidos cambiaron de abogados. La jueza entendió que representan peligrosidad procesal, dado la forma en que han actuado anteriormente, encubriendo el homicidio de las víctimas».
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